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Delito de mendicidad y explotación de menores

Mesa con libro jurídico abierto, bolígrafo y juguete desgastado que sugiere protección legal infantil

El delito de mendicidad y explotación de menores está tipificado en el artículo 232 del Código Penal y castiga a quien utiliza o presta a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección para pedir limosna. Antes del Código Penal de 1995, la materia pasó por la Ley Orgánica 3/1989, que incorporó esta conducta al Código entonces vigente y resolvió las dudas que arrastraba la antigua Ley de 1903 sobre mendicidad y explotación de menores; hoy debe atenderse únicamente al artículo 232.

Utilización de menores para la mendicidad: artículo 232

El artículo 232 dispone: «1. Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. 2. Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años».

Desde la Ley Orgánica 1/2015, el precepto se refiere a «personas con discapacidad necesitadas de especial protección», que sustituyeron a los antiguos «incapaces».

Tipo básico (apartado 1)

  • Sujeto activo: cualquier persona, incluidos los propios padres o guardadores, que utilice al menor o lo preste a otro. «Utilizar» es servirse del menor para mendigar; «prestar» es cederlo a un tercero con ese fin.
  • Sujeto pasivo: el menor de edad o la persona con discapacidad necesitada de especial protección. El menor nunca es responsable penal por haber sido utilizado, y su consentimiento es irrelevante.
  • Conducta: servirse de ellos para la práctica de la mendicidad, aunque sea encubierta, es decir, aunque se disfrace con otra actividad aparente (por ejemplo, ofrecer objetos o realizar una actuación callejera como pretexto para pedir dinero).
  • Pena: prisión de seis meses a un año.

La mendicidad por sí misma, practicada por una persona adulta, no es delito: el artículo 232 solo sanciona el aprovechamiento de menores o de personas especialmente vulnerables.

Tipo agravado (apartado 2)

La pena es de prisión de uno a cuatro años cuando, para esa finalidad:

  • se traficare con los menores o con las personas con discapacidad, es decir, se los transmitiera o comerciara con ellos;
  • se empleare con ellos violencia o intimidación, o
  • se les suministraren sustancias perjudiciales para su salud.

Relación con otros delitos

La explotación sexual de menores no se castiga en el artículo 232, sino en los artículos 188 (prostitución de menores) y 189 (pornografía de menores). Si la utilización de menores para la mendicidad se produce captándolos, trasladándolos o acogiéndolos con fines de explotación, puede constituir además trata de seres humanos (art. 177 bis, que menciona expresamente la mendicidad entre las finalidades de explotación; con víctimas menores de edad no se exigen los medios violentos o engañosos de su apartado 1).

Los responsables de este delito pueden ser condenados también a la inhabilitación especial para la patria potestad y la guarda de cuatro a diez años, regulada en el artículo 233 y comentada en la entrada sobre el abandono de menores. En el ámbito civil, la situación puede dar lugar a la declaración de desamparo del menor y a la asunción de su tutela por la entidad pública (art. 172 del Código Civil).

No confundir con el derecho penal de menores

El derecho penal de menores es otra materia: la responsabilidad penal de los menores de edad que cometen delitos, que no regula el Código Penal sino la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (para jóvenes de catorce a diecisiete años). El artículo 232, en cambio, protege a los menores como víctimas.

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Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 177 bis, 188, 189, 232 y 233; Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal; Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Artículo redactado por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.