Por delito entendemos la acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Según quién pueda iniciar y sostener su persecución penal, los delitos se clasifican en públicos, semipúblicos (también llamados semiprivados) y privados. Esta entrada explica qué es cada categoría, qué exige la ley para perseguirlos y cuáles son los ejemplos más conocidos del Código Penal vigente.
Regla general: la acción penal es pública
El artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos españoles pueden ejercitarla con arreglo a la ley; es la llamada acción popular, que reconoce el artículo 125 de la Constitución. El Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, haya o no acusador particular, salvo las que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada (art. 105.1 LECrim).
Delitos públicos
Delitos públicos son aquellos que, para su persecución penal, además del Ministerio Fiscal, permiten la intervención de acusadores populares y particulares. Se persiguen de oficio, sin necesidad de denuncia ni de querella del ofendido, y la renuncia de la persona ofendida no extingue la acción penal (art. 106 LECrim). Son la regla general: homicidio, lesiones, robo, estafa, tráfico de drogas, delitos contra la Hacienda Pública, etc.
Además, quien presencie la perpetración de un delito público está obligado a ponerlo en conocimiento del juez de instrucción o del fiscal más próximo (art. 259 LECrim), y quienes por razón de su cargo, profesión u oficio tengan noticia de un delito público deben denunciarlo (art. 262 LECrim).
Delitos semipúblicos o semiprivados
Delitos semipúblicos son aquellos que solo pueden perseguirse si la víctima (o su representante legal) los denuncia previamente; una vez denunciados, el proceso continúa de oficio, y pueden intervenir el Ministerio Fiscal, el acusador particular y el acusador popular. La denuncia actúa como requisito de procedibilidad. Cuando la víctima es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, el Ministerio Fiscal también puede denunciar, y en tal caso la ausencia de denuncia no impide practicar diligencias a prevención (art. 105.2 LECrim).
El Código Penal exige denuncia de la persona agraviada, entre otros, en estos delitos:
- agresiones sexuales y acoso sexual (art. 191), donde basta además la querella del Ministerio Fiscal, que actúa ponderando los intereses en presencia, y donde el perdón del ofendido no extingue la acción penal;
- descubrimiento y revelación de secretos (art. 201), salvo los hechos del artículo 198 o cuando el delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección;
- incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e impago de prestaciones económicas (arts. 226 y 227, que según el art. 228 solo se persiguen previa denuncia);
- daños por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros (art. 267);
- delitos relativos al mercado y a los consumidores, con excepciones (art. 287) y delitos societarios (art. 296), salvo que afecten a intereses generales o a una pluralidad de personas;
- homicidio por imprudencia menos grave (art. 142.2, salvo si se comete con vehículo a motor o ciclomotor) y los delitos leves de amenazas y coacciones leves (arts. 171.7 y 172.3).
En algunos de ellos el perdón del ofendido extingue la acción penal (por ejemplo, en el artículo 267 o en el 201.3); el artículo 130.1.5.º del Código Penal lo limita a los delitos leves perseguibles a instancia de la persona agraviada o a los casos en que la ley lo prevea, y no lo permite cuando el delito se comete contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección y afecta a bienes jurídicos eminentemente personales.
Delitos privados
Delitos privados son aquellos que, para su persecución penal, solo permiten la intervención del acusador privado (el propio ofendido), sin que puedan intervenir el Ministerio Fiscal ni acusadores particulares o populares. Es una categoría muy reducida: hoy son delitos privados la calumnia y la injuria contra particulares. Conforme al artículo 215 del Código Penal, nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal. Se procede de oficio cuando la ofensa se dirija contra un funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
Quien quiera querellarse por injurias o calumnias a particulares debe presentar con la querella certificación del acto de conciliación celebrado con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto (art. 804 LECrim). Además, no se puede deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin licencia previa del juez o tribunal (art. 215.2 CP), y el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal. Para el contenido de estos delitos, véanse las entradas sobre la injuria y sobre el delito de calumnias.
Resumen de las diferencias
- Público: se persigue de oficio; el Fiscal, el acusador particular y el popular pueden actuar; la renuncia o el perdón del ofendido no extingue la acción penal.
- Semipúblico: exige denuncia previa de la víctima (o del Fiscal si es menor, discapaz protegido o desvalida); después se tramita de oficio, y el perdón solo extingue la acción en los casos que la ley prevé.
- Privado: solo se persigue mediante querella del ofendido, que sostiene la acusación; el Fiscal no ejerce la acción.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 130, 142, 171, 172, 191, 201, 215, 228, 267, 287 y 296); Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE) (arts. 101, 105, 106, 259, 262, 270 y 804); Constitución Española (art. 125); J. de los S. Martín Ostos y C. Ríos Molina, Diccionario de Derecho Procesal, págs. 58-59.
