La Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, de represión del contrabando, castiga en su artículo 2 como delito de contrabando a quienes realicen “operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de (…)” siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros.
El Título XVI “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente” tiene una serie de disposiciones comunes, establecidas en los artículos 338, 339 y 340 del Código Penal. Por tanto, son aplicables a todos los Capítulos anteriores.
La primera disposición es una circunstancia de agravación contenida en el artículo 338 del Código Penal.
A su vez, el artículo 339 concede al juez o al Tribunal la opción de ordenar “la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título”.
Por último, el artículo 340 contiene una regla de determinación de la pena al señalar que “si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas”. Estableciéndose, por tanto, una atenuación de la pena si se repara el perjuicio causado de forma voluntaria.
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Fuente:
Nociones obtenidas al cursar la asignatura de “Derecho Penal de la Empresa”, impartida por Ríos Corbacho, en el Grado en Derecho (Universidad de Cádiz).
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Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.
