El Derecho penal económico, también llamado derecho penal socioeconómico o derecho penal de la economía, no es un derecho penal sustancialmente distinto del común. La denominación se fija en la peculiar naturaleza del objeto que se pretende tutelar, pero se rige por los mismos principios jurídico-penales y se encauza por las mismas instituciones dogmáticas que el Derecho penal común, también llamado clásico o nuclear.
No obstante, existen notas distintivas, comunes a la tipificación de todos los delitos socioeconómicos, que plantean problemas penales específicos y los alejan de los delitos que tradicionalmente han integrado el núcleo del Derecho penal. Por eso conviene conocer una teoría general de estos delitos.
¿Es un derecho autónomo?
Algunos autores predican la autonomía del Derecho penal económico frente al Derecho penal común, pero el derecho positivo no lo confirma. Lo que sí se postula es un tratamiento diferenciado: las instituciones dogmáticas elaboradas por la teoría penal permiten llegar, en este ámbito, a soluciones distintas. A veces se trata de matizaciones o correcciones de esas instituciones cuando se usan para interpretar los delitos económicos; otras veces se propone idear nuevos principios jurídico-penales de imputación.
Notas distintivas de los delitos socioeconómicos
Entre los problemas específicos que suelen señalarse están:
- Bienes jurídicos supraindividuales: el legislador protege no solo bienes individuales, sino también colectivos, como el correcto funcionamiento del sistema tributario o del mercado.
- Técnica legislativa: abundan las normas penales en blanco (por ejemplo, el delito fiscal del art. 305 remite a la normativa tributaria) y los delitos de peligro abstracto.
- Delitos especiales y actuación en nombre de otro: muchos tipos solo pueden cometerlos quienes reúnen una cualidad (contribuyente, administrador de una sociedad). El artículo 31 del Código Penal hace responder personalmente al administrador de hecho o de derecho, o a quien actúe en nombre o representación de otro, aunque en él no concurran las condiciones, cualidades o relaciones que el tipo exige, si concurren en la entidad o persona representada.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas: introducida por la LO 5/2010 en el artículo 31 bis y reformada por la LO 1/2015, que reguló los modelos de organización y gestión (programas de cumplimiento) como causa de exención. Se explica en responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La expansión del Derecho penal y la Escuela de Frankfurt
El legislador penal ha ampliado paulatinamente su intervención mediante la creación de nuevas figuras delictivas que se alejan cada vez más de lo que históricamente se ha considerado el núcleo del Derecho penal. Esto crea tensión al proyectar sobre esta nueva realidad unos principios generales de imputación y unas estructuras dogmáticas pensadas para los delitos tradicionales. El Derecho penal debe modernizarse para proteger no solo bienes jurídicos individuales, sino también colectivos y supraindividuales.
La Escuela de Frankfurt critica esta expansión del Derecho penal más allá del núcleo. Teme el sacrificio de las garantías esenciales del Estado de Derecho y que el Derecho penal se vuelva funcionalista, es decir, que busque la defensa más eficaz posible de la sociedad sin atender al riesgo que suponen las disfunciones del moderno sistema social. Por ello defiende los principios tradicionales de imputación, y no apoyó el proyecto alternativo alemán de delitos contra la economía (1977) ni la inclusión en el Código Penal alemán de diversos delitos económicos.
La postura de Martínez-Buján
Martínez-Buján Pérez no comparte la opinión de la Escuela de Frankfurt. Sostiene que los delitos socioeconómicos de mayor gravedad deben integrarse en el Derecho penal y castigarse con penas privativas de libertad, al menos de modo alternativo. Considera incompatible con ello la creación de un derecho de intervención, como el que propone la Escuela de Frankfurt aunque con otro contenido: un derecho accesorio al Código Penal, sin penas privativas de libertad y con principios de imputación distintos. Ese derecho de intervención se reservaría para infracciones de contenido económico de menor gravedad.
El Código Penal de 1995 y su evolución
El legislador de 1995 incluyó una serie de figuras delictivas económicas, junto a otras de la legislación anterior (Código Penal y leyes especiales), bajo un título nuevo sobre delitos socioeconómicos. También aquí hubo tensiones doctrinales: el proyecto de 1980 contenía una serie de delitos en esta materia mucho más amplia de la que se incorporó en 1995.
Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE).
