En un Estado de derecho, el ius puniendi, o derecho de castigar, corresponde de forma exclusiva al Estado, que puede hacer uso de él para reprimir las actividades delictivas que pongan en peligro la paz social. Pero el ejercicio de esta potestad debe hacerse con arreglo al principio de legalidad, según el cual no puede existir delito, ni pena, sin ley. Las normas que regulan la imposición de la pena integran la disciplina del Derecho procesal penal, que constituye la mejor garantía para la salvaguardia de las libertades individuales, frente a la arbitrariedad de los poderes pública.
– El Derecho Procesal Penal, un Derecho garantista
Se suele afirmar que el Derecho penal es el derecho de los delincuentes mientras que el Derecho procesal penal es el derecho de los inocentes, dado que pone en marcha una serie de mecanismos para evitar que un inocente puede ser declarado culpable. Sin embargo, es más propio definir el derecho procesal penal como un derecho garantista, es decir, que contempla un sistema de garantías en favor del inculpado que intervienen en el curso de todo el proceso.
El Derecho penal no es un derecho de coacción directa. NO se puede actuar de inmediato y para que se apliquen sus normas ha de comprobarse y declararse judicialmente la responsabilidad del individuo, lo que exige la tramitación de un proceso con una serie de trámites que garanticen la adecuación de la declaración judicial penal y que están establecidos por el derecho procesal penal. La gran vinculación entre ambos sectores se manifiesta claramente en países como Alemania que con asiduidad presentan por su doctrina, un derecho penal en sentido amplio, integrado por el derecho penal material y el derecho procesal penal. En síntesis, la norma penal establece los presupuestos de las penas o medidas de seguridad, así como qué pena o medida de seguridad debe aplicarse. La norma procesal establece cuándo ha de procederse, cómo es el proceso, cuáles son sus principales fases y momentos. En consecuencia, constituye el cauce por el que se hace aplicable el derecho penal sustantivo. En cualquier caso, a pesar de tanta cercanía, no es discutible la autonomía e independencia de ambas materias. Sin embargo, en algunos casos es difícil concretar si estamos ante una norma penal o ante una norma procesal, puesto que tanto en el CP como en la LECrim hay normas de carácter procesal en el primero y de carácter sustantivo en la segunda.
– Proceso Penal
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. Concepto de Derecho Procesal Penal
. El Derecho de defensa y las garantías procesales
. El Habeas Corpus
. Los sujetos del procedimiento penal
. Inicio del proceso penal
. La detención preventiva
. La prisión provisional
. La libertad provisional
. La fase de instrucción
. La fase intermedia y el sobreseimiento
. El juicio oral
. La fase de ejecución
– Derecho de defensa
. Concepto y contenidos generales del Derecho de defensa
. Modos de ejercicio del Derecho de defensa
– La ejecución penal
. Concepto, naturaleza y contenido de la ejecución penal
. Principios de la ejecución penal
. Presupuestos de la ejecución penal
. La ejecución de penas privativas de libertad
. La ejecución de otras penas
. La ejecución de la responsabilidad patrimonial
– Las partes civiles en el Proceso penal
. Los actores civiles en el proceso penal
. El llamado «actor civil» en el proceso penal
. Concepto y contenido de los responsables civiles
. La responsabilidad civil directa
. La responsabilidad civil subsidiaria
. La responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas
. La intervención del responsable civil en el proceso penal
– Medidas de investigación en el proceso penal
. Recogida del cuerpo del delito
. Reconocimiento en rueda
. Informe pericial
. Declaración testifical
. Careo en el proceso penal
. Interrogatorio del imputado (indagatoria)
. Utilización de agentes encubiertos en el proceso penal
. Circulación y entrega vigilada de sustancias prohibidas