A los que sean condenados por uno o más delitos con penas de prisión se les impondrá también la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la privación de libertad. La duración de esta medida varía en función de la gravedad del delito o delitos cometidos, con una duración de entre 1 y 10 años, aunque puede no ser impuesta si se trata de un delincuente primario con un pronóstico de peligrosidad bajo, y ha cometido un solo delito (artículo 192 del Código Penal).
Los culpables de delitos sexuales cometidos sobre menores o incapaces que sean sus ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o incapaz, serán castigados con la pena que corresponda en su mitad superior, salvo que dicha agravación ya haya sido tenida en cuenta en el tipo penal aplicable.
En estos casos el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, por tiempo de 6 meses a 6 años, o privación de la patria potestad.
Las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual deberán contener, cuando sea necesario, los pronunciamientos que procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos.
Si se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, en los supuestos de exhibicionismo, provocación sexual, prostitución y corrupción de menores, la sentencia condenatoria podrá decretar su clausura temporal (hasta cinco años) o definitiva.
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Fuente:
Apuntes de Esther Hava García (@sterhava), Doctora en Derecho, y Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz.
