Toda persona procesada o imputada, en la que no concurran las circunstancias determinantes de la prisión provisional, deberá ser puesta en libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como procesada o imputada, está pendiente de la resolución de un proceso penal, la ley establece determinadas garantías para impedir que pueda eludir la acción de la justicia. Éstas tienen distinto alcance según el juez decrete la libertad provisional con fianza o la libertad provisional sin fianza.
