– Marco constitucional del Derecho Penal de Empresa

El Derecho Penal de la Empresa tiene que inspirarse en el modelo económico recogido en la Constitución de 1978, normas vinculantes que son fundamentales para asegurar la estabilidad en nuestro sistema económico (diseñado en el texto constitucional, en lo que podríamos llamar la “Constitución económica”): “normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro modo, para el orden y el proceso económico”. García Pelayo.

La Constitución no diseña un modelo económico completo ni cerrado, sino que formula una serie de principios generales que son vinculantes para el legislador, incluido el legislador penal.

+ El principio de libertad de empresa y sus condicionantes en la Constitución

Uno de esos principios ineludibles es el recogido en el artículo 38 de la Constitución -CE, en adelante-:

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

Se consagra la libertad de empresa subordinada a las exigencias derivadas de la economía general y la planificación económica del país. Esa libertad de empresa debe desarrollarse y ejercerse dentro de un espacio económico jurídicamente homogéneo. Por ello, es el artículo 149.1 de la CE, el que reconoce la competencia exclusiva del Estado español en materia de legislación mercantil.

+ Normas constitucionales relevantes en atención a la empresa y los trabajadores

Pueden enumerarse normas constitucionales relevantes relacionadas con la empresa y sus trabajadores, obligaciones que el texto constitucional impone a los poderes públicos y que se traducen en la necesidad de imponer su observancia a los empresarios.

Ejemplos de ello encontramos podrían ser los siguientes:

. Artículo 40 de la Constitución

Obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad en el trabajo.

. Artículo 41 de la Constitución

Obligación de los poderes públicos de mantener un sistema general de Seguridad Social.

. Artículo 28 de la Constitución

Obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical.

. Artículo 35 de la Constitución

Obligación de los poderes públicos de garantizar un acceso igualitario al mercado de trabajo.

+ Principios constitucionales que relacionan actividad empresarial con otros intereses socioeconómicos de la ciudadanía

También nos encontramos con tres principios constitucionales que relacionan la actividad empresarial con otros intereses socioeconómicos de los ciudadanos:

. Artículo 51 de la Constitución

Defensa de la salud e intereses económicos de los consumidores.

. Artículo 31 de la Constitución

Obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

. Artículo 45.3 de la Constitución

Sanción penal en la tutela del medio ambiente.

La defensa de los bienes jurídicos constitucionalmente consagrados cuenta con el sistema sancionador civil, mercantil y administrativo. El Derecho Penal siempre actúa como última ratio, rigiendo el principio de intervención mínima.

+ Criterios a los que deberá responder la criminalización de conductas

La criminalización de conductas requiere responder a los siguientes criterios, según Tiedemann:

. Dañosidad social de la conducta (se debe comprobar empíricamente).

. Valoración comparativa (que se criminalicen conductas equiparables a otras que ya lo están).

. Proporcionalidad de los medios (recurrir a los medios pre-penales cuando sirvan para garantizar la protección de bienes jurídicos elementales).