Presunto fraude de subvenciones en la venta de billetes de avión

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

En marzo de 2013, la asociación Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) interpuso la denuncia que dio lugar a la apertura de la investigación administrativa contra el grupo Globalia. Globalia es un grupo empresarial que engloba numerosas compañías, entre otras la aerolínea Air Europa, las agencias Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Tubillete.com, y al mayorista Travelplan. Esta compañía está presidida por Juan José Hidalgo.

Una vez incoado este procedimiento administrativo, comenzó el examen de casi seis millones de billetes de avión, emitidos durante los últimos cinco años (aproximadamente desde el año 2009), con la finalidad de calcular la cuantía del presunto fraude.

Los billetes examinados son únicamente los emitidos en trayectos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla a la Península, dado que son los billetes que el Ministerio de Fomento subvenciona al 50% desde el año 2001 para incentivar el tránsito. Esta subvención está prevista en el Real Decreto 1316/2001, que regula la bonificación de las tarifas de transporte para los ciudadanos que residen en las mencionadas Comunidades Autónomas, tanto en transporte marítimo como aéreo.

Presuntamente, un gran número de esos billetes fueron vendidos a un precio reducido, sin embargo Air Europa comunicaba al Ministerio que se expedían a precio normal, para así recibir el 50% de subvención calculada sobre el precio normal. El presidente de CEAV, Rafael Gallego, en mayo de 2013 afirmó que Air Europa incurre en prácticas irregulares desde 2007 y que el fraude superaría los 80 millones de euros. Air Europa lanzó un comunicado negando la credibilidad del expediente administrativo, y alegando que todo este asunto no es más que un rumor.

INVESTIGACIÓN PENAL

Tan solo unos meses después, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha comunicado que está investigando a Air Europa y otras compañías del grupo Globalia por un presunto “macrofraude” en la recepción de las subvenciones otorgadas a los residentes en las Islas Canarias para volar a la Península.

Air Europa habría inflado sistemáticamente el precio de sus billetes de avión en las comunicaciones a la Dirección General de Aviación Civil, declarando tarifas superiores a las que realmente cobraba a los usuarios, para percibir una mayor cuantía de la subvención del Ministerio de Fomento.

Desde la UDEF, estiman el fraude a las arcas del Estado en unos 30 millones de euros, aunque la investigación aún no está concluida y por tanto no descartan que pueda ser aún más elevada. Este fraude además habría tenido consecuencias a nivel de competencia en el mercado, porque habría permitido a las empresas del Grupo Globalia ofrecer paquetes de viaje y servicios más baratos que sus competidores.

¿QUÉ ES EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES Y CÓMO SE REGULA EN EL CÓDIGO PENAL?

Existen tres conductas distintas que dan lugar a la comisión de un delito de fraude de subvenciones:

  • Obtener una ayuda pública habiendo falseado las condiciones requeridas para su concesión.
  • Obtener una ayuda pública habiendo ocultado aquellas circunstancias que habrían impedido su concesión.
  • Alterar de forma sustancial los fines para los que la subvención fue concedida.

En el caso del grupo Globalia, la conducta investigada se podría encuadrar en la primera de las conductas, dado que la compañía obtuvo ayudas públicas habiendo falseado las condiciones requeridas para su concesión, puesto que comunicaba al Ministerio un precio de venta de los billetes superior al real.

El valor mínimo para que estas conductas impliquen la comisión de un delito de fraude de subvenciones es de 120.000 € anuales defraudados, y si no se alcanzaran, sería únicamente una infracción administrativa, castigada con multa. Por lo que se ha averiguado por la UDEF en la primera fase de la investigación penal contra el grupo Globalia, el fraude se estima en unos 30 millones de euros, por lo que supera ampliamente el mínimo legal.

El delito de fraude de subvenciones se castiga con pena de prisión de uno a cinco años, una multa de hasta seis veces el importe defraudado, y la pérdida del derecho a obtener subvenciones durante un período de tres a seis años.

También es posible que se llegara a exigir responsabilidad penal a la propia persona jurídica (Air Europa o la que se encontrara finalmente responsable); en este caso, las penas aplicables podrían ser aquellas previstas en el Código Penal específicamente para las empresas. Estas penas son: la multa (por cuotas o proporcional), la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por un plazo máximo de cinco años, la clausura de sus locales o establecimientos por un plazo de máximo de cinco años, la prohibición definitiva o temporal de realizar ciertas actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones por un plazo máximo de quince años, y la intervención judicial por un máximo de cinco años.

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