Los delitos de retención indebida de menores (art. 223), inducción al abandono del domicilio familiar (art. 224) y sustracción de menores por un progenitor (art. 225 bis) protegen la seguridad del menor y el derecho de sus padres o guardadores a tenerlo consigo, porque en todos ellos se produce un atentado contra esa seguridad. Se regulan en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título XII del Código Penal (delitos contra las relaciones familiares). Desde la Ley Orgánica 1/2015, estos preceptos protegen también a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, que sustituyeron a los antiguos «incapaces».
Retención indebida de menores: artículo 223
El artículo 223 establece: «El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro delito más grave».
El sujeto activo es la persona que tiene a su cargo la custodia del menor. La conducta es una omisión: no presentar al menor a sus padres o guardadores cuando estos se lo requieren y sin tener un motivo justificado para ello.
Inducción al abandono del domicilio familiar: artículo 224
El artículo 224 dispone: «El que indujere a un menor de edad o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección a que abandone el domicilio familiar, o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. En la misma pena incurrirá el progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa».
El segundo párrafo fue añadido por la Ley Orgánica 9/2002. El sujeto activo puede ser cualquier persona que realice una inducción directa y suficiente sobre el menor o la persona con discapacidad, y el sujeto pasivo debe ser una persona susceptible de ser inducida. La inducción debe consistir en abandonar el domicilio familiar o el lugar donde reside con la anuencia de sus padres, tutores o guardadores.
Supuesto atenuado: artículo 225
El artículo 225 prevé un supuesto atenuado para los delitos de los dos artículos anteriores: «Cuando el responsable de los delitos previstos en los dos artículos anteriores restituya al menor de edad o a la persona con discapacidad necesitada de especial protección a su domicilio o residencia, o lo deposite en lugar conocido y seguro, sin haberle hecho objeto de vejaciones, sevicias o acto delictivo alguno, ni haber puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual, el hecho será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, siempre y cuando el lugar de estancia del menor de edad o la persona con discapacidad necesitada de especial protección haya sido comunicado a sus padres, tutores o guardadores, o la ausencia no hubiera sido superior a 24 horas».
Para que se aplique este tipo atenuado se requiere:
- La restitución del menor o de la persona con discapacidad a su domicilio o residencia, o su depósito en un lugar conocido y seguro, sin vejaciones ni peligro para su vida, salud, integridad o libertad sexual.
- La comunicación del lugar de estancia a sus padres, tutores o guardadores, o que la ausencia no supere las veinticuatro horas.
La pena actual del artículo 225 (prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses) procede de la Ley Orgánica 15/2003; antes era de seis meses a un año de prisión o multa de cuatro a ocho meses.
Sustracción de menores por un progenitor: artículo 225 bis
Las consultas sobre «retención ilegal» se refieren muchas veces a este delito, introducido por la Ley Orgánica 9/2002. Según el artículo 225 bis, el progenitor que sin causa justificada sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
Se considera sustracción el traslado del menor de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las que estuviese confiada su guarda o custodia, y la retención del menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. Las penas se imponen en su mitad superior si el menor es trasladado fuera de España o se exige alguna condición para su restitución, y las mismas penas alcanzan a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado que realicen estas conductas.
El sustractor queda exento de pena si comunica el lugar de estancia al otro progenitor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata, que efectivamente lleve a cabo, o si la ausencia no es superior a ese plazo. Si restituye al menor, sin comunicación previa, dentro de los quince días siguientes, la pena es de prisión de seis meses a dos años. Estos plazos se cuentan desde la fecha de la denuncia de la sustracción.
El artículo 223 se dirige a quien tiene a su cargo la custodia del menor y no lo presenta cuando sus padres o guardadores se lo requieren; el artículo 225 bis, en cambio, castiga al progenitor que se lleva o retiene al hijo vulnerando los derechos del otro progenitor o la resolución que fija la custodia.
Perseguibilidad y prescripción
En los delitos contra las relaciones familiares cometidos contra menores de edad, los plazos de prescripción no empiezan a contar hasta que la víctima cumple dieciocho años (art. 132.1 del Código Penal). Estos delitos no deben confundirse con el abandono de menores de los artículos 229 a 231, en los que el menor queda desatendido por quien debe cuidarlo.
Delitos contra las relaciones familiares: artículos en nuestro blog de Derecho Penal
- Delitos contra las relaciones familiares
- Delito de matrimonio inválido y de autorización de matrimonio ilegal
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- Delito de tráfico de menores
- Delito de abandono de familia
- Delito de incumplimiento de los deberes económicos de asistencia y el delito de abandono de menores e incapaces
- Delito de mendicidad y explotación de menores
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 132, 223 a 225 bis; Ley Orgánica 9/2002, sobre sustracción de menores; Ley Orgánica 15/2003; Ley Orgánica 1/2015.
Artículo redactado por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.
