En la actualidad hay que tener en cuenta que el poder sancionador de la administración pública tiene que estar sometido a los principios y garantías que se derivan del estado de derecho. Teniendo por tanto que estar sometido a los principios del derecho penal. Estas garantías también son aplicables en el ámbito de la administración como dicen los artículos 9.2, 25 y 106 CE. Y no sólo los principios y garantías que deriva de la CE, sino que incluso las propias categorías penales que también se trasladan al Derecho Administrativo.
Abogado en Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz
Experto en derecho penal por la UCA. Abogado ejerciente especializado en Derecho Tributario.
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