Fue bajo el positivismo criminológico italiano de finales del s. XIX cuando se utilizó por vez primera la terminología “sustitutivos penales”. La sugirió Ferri, uno de sus más reconocidos representantes, para designar una serie de medidas destinadas a servir de alternativa a las penas en general. No eran, sin embargo, medidas penales las que proponía para la prevención de delitos sino estrictamente político-sociales, de orden educativo, científico, civil o administrativo. Su propuesta, por tanto, era la de ofrecer alternativas al castigo, no castigos alternativos.
– Función de los sustitutivos penales
La función que, de modo unánime, se les reconoce es la de servir de alternativa penal a una determinada clase de penas: las privativas de libertad de corta duración. Las penas cortas de prisión (hasta de dos o tres años), se afirmaba, “son onerosas para el tesoro público… no tienen efecto intimidante para los endurecidos…, son perjudiciales para los individuos que aún conservan sentimientos de dignidad…”; además, dada su breve duración, hacen imposible la idea de un tratamiento resocializador, acentuando los efectos criminógenos de la cárcel.
Los delitos a los que se pueden asignar penas sustituibles son de naturaleza “menos grave” (art. 31.3 CP) y de muy escasa trascendencia por lo que no parece necesario, desde el punto de vista de las exigencias de prevención, el cumplimiento efectivo de la privación de libertad. No en vano, el propio legislador acompaña a menudo esos tipos de la previsión de una pena alternativa a la prisión (multa o trabajos en beneficio de la comunidad).
Posición proporcionalista: orientada a reducir el uso abusivo de la prisión entendiendo que esta “solo es una sanción adecuada para los comportamientos de máxima gravedad, mientras que para los comportamientos de gravedad baja e intermedia deben utilizarse medidas alternativas, cuya severidad debe, a su vez, graduarse a la gravedad de la ofensa realizada«.
