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Trata de seres humanos (art. 177 bis del Código Penal)

Bodegón sobrio con balanza y libros antiguos que evocan justicia y protección de la dignidad humana

La trata de seres humanos (art. 177 bis del Código Penal) consiste en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona recurriendo a medios coercitivos o abusivos, con la finalidad de explotarla. Equivale a comerciar con personas como si fueran mercancías, ya sea para explotarlas laboral o sexualmente, para extraerles órganos o con otros fines. El artículo 177 bis fue introducido por la Ley Orgánica 5/2010, y la reforma de 2015 y la de 2022 lo han ampliado.

Bien jurídico afectado

La trata afecta fundamentalmente a la dignidad y la libertad del sujeto pasivo (los ataques a sus derechos laborales, a su libertad sexual o a su salud o vida se castigan aparte). Constituye una modalidad específica de atentado contra la integridad moral, en la medida en que la víctima resulta instrumentalizada o «cosificada». Frecuentemente supone además la puesta en peligro de otros bienes jurídicos personalísimos, como la libertad sexual, la integridad física, la salud o la propia vida.

Conducta típica

El artículo 177 bis.1 exige con carácter general que concurran los siguientes elementos:

  • Acciones: captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a la víctima, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre ella.
  • Medios: violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de quien tuviera el control sobre ella. Existe necesidad o vulnerabilidad cuando la persona no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso. Cuando la víctima es menor de edad no hace falta ninguno de estos medios (art. 177 bis.2).
  • Ámbito territorial: en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a ella, y con víctima nacional o extranjera.
  • Finalidades: (a) imponer trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre o la mendicidad; (b) la explotación sexual, incluida la pornografía; (c) la explotación para realizar actividades delictivas; (d) la extracción de órganos corporales; (e) la celebración de matrimonios forzados.

El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados (art. 177 bis.3). Las finalidades de explotar para actividades delictivas y de matrimonios forzados se incorporaron con la LO 1/2015.

Penas

La pena básica es de prisión de cinco a ocho años. Se impone la pena superior en grado (de ocho años y un día a doce años, según el art. 70) cuando:

  • se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito;
  • la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad;
  • la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria (circunstancia añadida por la Ley Orgánica 13/2022).

Si concurre más de una circunstancia, la pena se impone en su mitad superior. También se impone la pena superior en grado, con inhabilitación absoluta de seis a doce años, a quien actúa prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público (art. 177 bis.5), y la pena superior en grado, con inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio, cuando el culpable pertenece a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, dedicada a estas actividades (art. 177 bis.6). A los jefes, administradores o encargados de esas organizaciones se les aplica la pena en su mitad superior, que puede elevarse a la inmediatamente superior en grado; con las circunstancias del apartado 4 o 5, siempre se eleva. En los casos más graves la pena puede alcanzar los dieciocho años de prisión.

Además:

  • Si la víctima es menor de edad se impone siempre una inhabilitación especial para profesiones que conlleven contacto regular y directo con menores, de seis a veinte años más que la prisión impuesta.
  • Las personas jurídicas responsables sufren multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido (art. 177 bis.7).
  • La provocación, la conspiración y la proposición se castigan con la pena inferior en uno o dos grados (art. 177 bis.8).
  • Las penas se imponen sin perjuicio de las del delito del artículo 318 bis y de los demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los de la correspondiente explotación (art. 177 bis.9).
  • Las condenas de tribunales extranjeros producen efecto de reincidencia (art. 177 bis.10).

La víctima de trata: exención de pena

Sin perjuicio de las reglas generales, la víctima de trata queda exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado (art. 177 bis.11).

Diferencia con el tráfico ilegal de personas (art. 318 bis)

El delito de trata debe diferenciarse del tipo penal de tráfico ilegal de personas o inmigración clandestina, regulado en el artículo 318 bis, dentro del Título XV bis («Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros»). Aunque ambos pueden concurrir en un mismo hecho, son delitos distintos.

  • Bien jurídico: en la trata, la dignidad y la libertad de la víctima; el título del artículo 318 bis alude a los derechos de los ciudadanos extranjeros.
  • Sujeto pasivo: en la trata, cualquier persona, nacional o extranjera; en el artículo 318 bis, una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.
  • Conducta: el artículo 318 bis castiga a quien intencionadamente ayude a esa persona a entrar en territorio español o a transitar por él vulnerando la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, o, con ánimo de lucro, a permanecer en España vulnerando la legislación de estancia. La trata exige además los medios coercitivos o abusivos y una finalidad de explotación.
  • Consentimiento: en la trata, irrelevante si se han usado los medios típicos; en el tráfico, el inmigrante suele consentir.
  • Penas: en el artículo 318 bis, multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año, en su mitad superior si hay ánimo de lucro, y de cuatro a ocho años si se actúa en el seno de una organización o se pone en peligro la vida de las personas o se crea el peligro de lesiones graves; los hechos no son punibles cuando el objetivo es únicamente prestar ayuda humanitaria.

Desde la LO 1/2015 el artículo 318 bis tiene esta redacción, que sustituyó a la de la LO 5/2010 que separó por primera vez la trata del tráfico ilegal.

Protección de las víctimas

La normativa de extranjería prevé para las víctimas extranjeras de trata un período de restablecimiento y reflexión de al menos treinta días y, en su caso, un régimen de permanencia (art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000). El delito responde además a compromisos internacionales como el Protocolo de Palermo (2000), el Convenio del Consejo de Europa de 2005 y la Directiva 2011/36/UE.

Otros delitos relacionados

Fuente:
Apuntes de Esther Hava García (@sterhava), Doctora en Derecho, y Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 13/2022, sobre trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria (BOE); Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal (BOE); Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros (BOE).