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La determinación de las consecuencias jurídicas del delito

Bodegón sobrio con balanza, documentos antiguos y libro cerrado que evoca el estudio jurídico del delito

Se llaman consecuencias jurídicas del delito a las respuestas que el ordenamiento prevé para quien comete una infracción penal. La exigencia de lex certa no rige solo para la descripción de las conductas ilícitas: alcanza también a esas consecuencias, es decir, a las penas y a las medidas de seguridad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que «la doble garantía impuesta por el art. 25.1 CE no se refiere solo a la tipificación de las infracciones, sino también, y en igual medida, al establecimiento de las sanciones aplicables». El principio de legalidad garantiza que el ciudadano pueda reconocer con exactitud las consecuencias jurídicas de sus actos.

Cuáles son las consecuencias jurídicas del delito

El Código Penal prevé varias clases de consecuencias, con fundamento y finalidad distintos:

  • Las penas (artículos 32 y siguientes): privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. Se imponen al culpable y su límite es la culpabilidad.
  • Las medidas de seguridad (artículos 95 y siguientes): se fundan en la peligrosidad criminal del sujeto exteriorizada en la comisión de un delito.
  • Las consecuencias accesorias, como el decomiso de los efectos, bienes e instrumentos del delito y de sus ganancias (artículo 127) o las consecuencias que el artículo 129 permite imponer a empresas y entidades sin personalidad jurídica.
  • La responsabilidad civil derivada del delito (artículos 109 y siguientes): la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados.

Determinación legal y judicial de la pena

El sistema del Código Penal mantiene un alto grado de determinación legal de la pena, pero permite al juez un margen de apreciación al individualizarla. Ello no es contrario al principio de legalidad: como ha recordado el Tribunal Supremo de forma reiterada, este principio rige para la especie y los límites máximo y mínimo de la consecuencia jurídica, pero nada dice sobre la graduación de la pena dentro del marco penal legalmente fijado.

Esa graduación está sujeta a reglas legales: la pena se fija en función de la fase de ejecución y la forma de participación (artículos 61 a 64), de las circunstancias atenuantes y agravantes (artículo 66, que distingue según concurran o no y establece la mitad superior o inferior de la pena, o la pena inferior o superior en grado) y de las reglas para formar esos grados (artículo 70). Cuando no concurren circunstancias modificativas, el juez impone la pena en la extensión que estime adecuada, atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la gravedad del hecho. Y en todo caso debe razonar en la sentencia el grado y la extensión concreta de la pena impuesta (artículo 72).

Penas potestativas y alternativas

En algunos casos, los delitos aparecen conminados con penas potestativas, es decir, el juez debe decidir si las impone al caso concreto. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar en los artículos 226.2 y 233.1 del Código Penal, que el juez o tribunal puede imponer o no según las circunstancias del caso y, en el primero, de forma motivada. Junto a ellas existen penas alternativas, entre las que el juez elige.

La previsión de penas alternativas o facultativas no es en sí misma contraria a la exigencia de lex certa. Según el Tribunal Constitucional, la correspondencia entre infracciones y sanciones, aunque debe estar predeterminada suficientemente, «puede dejar márgenes más o menos amplios a la discrecionalidad judicial»; lo que no puede ocurrir es que quede «encomendada por entero a ella».

Medidas de seguridad

En el ámbito de las medidas de seguridad la regla es precisamente la contraria: se establecen de forma potestativa y se ofrecen al juez distintas medidas alternativas posibles, de modo que elija la más adecuada a la peligrosidad del sujeto. Con todo, el artículo 1.2 del Código Penal exige que los presupuestos para aplicarlas estén establecidos previamente por la ley, y el artículo 6.2 impide que resulten más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE).