La identificación por marcadores de ADN es la técnica que permite comparar el perfil genético de una muestra biológica hallada en el lugar de los hechos (muestra dubitada) con el de una persona determinada (muestra indubitada o de cotejo) para establecer si proceden del mismo individuo. Se utiliza en España desde 1986 y nuestro país es uno de los de referencia en genética forense, pero durante años lo hizo sin una regulación legal específica.
Regulación de la identificación por ADN
Hasta comienzos de este siglo la Ley de Enjuiciamiento Criminal apenas hacía referencia al ADN, y cada cuerpo policial trabajaba con sus propias bases de datos (en Madrid solo se cotejaba con la base de datos de Madrid), por lo que su eficacia era muy limitada. La situación cambió en dos etapas:
- Ley Orgánica 15/2003, que reformó la LECrim y fijó la base procesal: el artículo 326 obliga al juez a garantizar que la recogida, custodia y examen de las huellas y vestigios biológicos se hagan «en condiciones que garanticen su autenticidad», y el artículo 363 permite al juez de instrucción acordar, en resolución motivada y con acreditadas razones, la obtención de muestras biológicas del sospechoso indispensables para determinar su perfil de ADN, mediante actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que respeten la proporcionalidad y la razonabilidad. La disposición adicional tercera de la LECrim prevé además una Comisión nacional sobre el uso forense del ADN, encargada de acreditar laboratorios y de aprobar los protocolos técnicos oficiales de obtención, conservación y análisis de las muestras.
- Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, que unificó las bases de datos y reguló qué datos pueden inscribirse, quién puede acceder a ellos y durante cuánto tiempo se conservan.
Qué dice la Ley Orgánica 10/2007
- Qué se inscribe (art. 3). Los identificadores obtenidos en una investigación criminal de delitos graves y, en todo caso, de los delitos contra la vida, la libertad e indemnidad sexuales, la integridad de las personas, el patrimonio cometido con fuerza, violencia o intimidación y los de delincuencia organizada, así como los obtenidos al recuperar restos humanos o buscar personas desaparecidas. La inscripción no requiere consentimiento, pero el afectado debe ser informado por escrito de sus derechos. También pueden inscribirse perfiles con consentimiento expreso de la persona.
- Qué datos (art. 4). Solo pueden inscribirse identificadores que aporten información genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo; quedan excluidos los datos genéticos codificantes.
- Cancelación (art. 9). Los datos no pueden conservarse más allá del plazo de prescripción del delito; si hay condena firme se aplica el plazo de cancelación de antecedentes penales, y si hay sobreseimiento libre o absolución por otras causas, los datos se cancelan.
Técnica de identificación por ADN
Solo se puede utilizar el ADN no codificante, es decir, el que no codifica proteínas. El ADN codificante permite conocer el perfil genético completo de la persona, incluidas predisposiciones a enfermedades hereditarias, información que podría caer en manos equivocadas (aseguradoras, empleadores, etc.). Por eso la ley limita la identificación a marcadores que solo revelan la identidad y el sexo.
Al introducir un vestigio genético en la base de datos no aparece, como en las películas, el nombre de su propietario. Por tiempo y por coste no se analiza la secuencia genética completa, sino un conjunto normalizado de marcadores (el sexo y varias regiones de repetición en tándem, cuyo número han ido ampliando los laboratorios con los años). Si los marcadores coinciden, el resultado es una probabilidad estadística, no una certeza: cuanto mayor es el número de marcadores comparados, más remota es la posibilidad de que otra persona comparta el mismo perfil, pero el cálculo sigue siendo una probabilidad. En cambio, la exclusión sí es concluyente: si uno de los marcadores no coincide, la muestra no pertenece a esa persona.
Además, el ADN solo acredita que una muestra procede de una persona, no cuándo ni cómo llegó al lugar donde se encontró. Por eso, aunque la coincidencia sea muy fuerte, por sí sola no prueba la autoría, sino la posibilidad de la presencia de esa persona en el lugar de los hechos. Esa conclusión debe reforzarse con otras pruebas o indicios para destruir la presunción de inocencia.
Fases de la identificación por ADN
- Recogida de muestras sobre los restos biológicos (el cuerpo de la víctima) y el entorno de los hechos. Son muestras dubitadas, porque no se sabe a quién pertenecen hasta que se cotejan con otras.
- Análisis del perfil genético, que utiliza los mismos marcadores en todos los laboratorios acreditados para que los resultados sean comparables.
- Contraste de perfiles (el dubitado con uno indubitado, la muestra de cotejo) e interpretación de los resultados.
- Introducción en el proceso mediante prueba pericial: al juicio oral no se lleva la fuente en sí (por ejemplo, el mechón de pelo), sino el análisis pericial realizado sobre ella.
- Cadena de custodia: desde que se recoge la fuente de prueba (pelo, sangre, semen, saliva, etc.) hasta que se convierte en medio de prueba no debe alterarse, manipularse ni contaminarse. El artículo 326 de la LECrim exige garantizar su autenticidad, y existen protocolos de actuación para evitar su ruptura. Si la cadena se rompe, el resultado pierde fiabilidad y puede quedar sin valor probatorio.
Obtención de la muestra de cotejo: consentimiento y negativa
La toma de una muestra de la persona investigada afecta a su intimidad y a su integridad física, por lo que el Tribunal Constitucional exige que la medida esté prevista en la ley, que la acuerde una resolución judicial especialmente motivada y que sea idónea, necesaria y proporcionada (STC 207/1996, de 16 de diciembre). El artículo 363 de la LECrim es la cobertura legal del juez para ordenarla.
Si el sospechoso colabora, basta con su consentimiento informado, y el detenido tiene derecho a que su abogado le explique las consecuencias de prestarlo o denegarlo (art. 520.6.c LECrim). Si se niega, la regulación vigente distingue:
- Frotis bucal del detenido. El artículo 520.6.c de la LECrim, tras las reformas de 2015, permite que, si el detenido se opone a la toma de muestras mediante frotis bucal, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, imponga la ejecución forzosa de la diligencia con las medidas coactivas mínimas indispensables, proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. Esto corrige lo que se sostenía hasta entonces, que la ley no preveía la fuerza y que la orden judicial era poco más que un ruego.
- Otras intervenciones corporales (por ejemplo, la extracción de sangre): el artículo 363 exige resolución motivada y proporcionalidad, y la práctica y la doctrina siguen siendo cautelosas con la coacción física.
- Vías alternativas. La más habitual es una diligencia de entrada y registro en el domicilio para tomar muestras de objetos personales (cepillo de dientes, cepillo del pelo, etc.). Tiene un inconveniente: siguen siendo muestras dubitadas, porque no se han tomado directamente de la persona y debe acreditarse que le pertenecen.
- Valor de la negativa. No se le atribuye valor de ficta confessio («culpable» sin más), que la doctrina rechaza en Derecho penal, sino, a lo sumo, valor de indicio, relativo y que debe contrastarse con otros indicios.
Cuestiones controvertidas de la identificación por ADN
Restos de tratamientos quirúrgicos o médicos
La ley no recoge la posibilidad de utilizar muestras obtenidas en operaciones quirúrgicas, analíticas, etc., pero tampoco la niega. Por ejemplo: tras un accidente de tráfico se extrae sangre a uno de los implicados para un control de alcoholemia, y al introducirla en la base de datos aparece que su ADN se halló en el lugar donde se cometió un delito de violación. ¿Puede utilizarse la muestra del accidente para imputarle ese delito? Una parte de la doctrina defiende que sí, pero la mayoría opina que la muestra se obtuvo para un hecho concreto y no puede hacerse extensible a otros procedimientos.
Muestras de víctimas y de menores
Víctimas. El artículo 363 se refiere al «sospechoso», de modo que no ampara la toma forzosa a la víctima. El problema se ve con un caso real: una menor fingió una violación por parte de un vecino y su padre presentó una querella. El vecino pidió una prueba de ADN para demostrar su inocencia, pero la niña se negaba a la exploración ginecológica, algo muy común por la llamada «victimización secundaria». Al vecino se le privaba de su mejor medio de defensa. Finalmente, el juez ordenó la entrega de la ropa interior, y la menor dijo la verdad.
Menores investigados. Prevalece el superior interés del menor, lo que no significa que no se investiguen los hechos, sino que hay que investigar y adoptar las medidas de resocialización oportunas respetando todas las garantías. Si el menor tiene madurez y juicio suficientes, basta su consentimiento para realizar la prueba; en caso contrario lo suplen sus padres o tutores y, en última instancia, cabe la autorización judicial. Si el menor se niega, la coacción física resulta todavía menos admisible que con los adultos.
Muestras abandonadas en el lugar de los hechos
Un ejemplo real: una persona vinculada a ETA colocó presuntamente dos bombas en lugares distintos y había escupido en ambos. Hasta 2006 había sentencias contradictorias del Tribunal Supremo (la STS 501/2005, de 19 de abril, y la STS 1311/2005, de 14 de octubre, seguían criterios opuestos sobre si los restos abandonados gozaban de una presunción de privacidad). El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2006 zanjó la cuestión: la Policía Judicial puede recoger y analizar los restos biológicos que el sospechoso abandona o expulsa sin necesidad de autorización judicial, porque no existe presunción de privacidad sobre ellos. Si la toma exige una intervención corporal y el sospechoso se niega, sigue siendo indispensable la autorización judicial.
El Tribunal Constitucional confirmó esta línea en la STC 199/2013, de 5 de diciembre: analizó el ADN obtenido de un esputo que el detenido había escupido en una celda policial y lo comparó con restos hallados en una prenda abandonada cerca del lugar de los hechos. Admitió que el análisis es una injerencia en la intimidad, pero la consideró constitucionalmente justificada porque solo se analizaron regiones no codificantes con fin identificativo, había urgencia en preservar la muestra, la comparación tenía cobertura legal y era posible el control judicial posterior; además, la saliva se expulsó voluntariamente, sin violencia ni engaño.
Muestras obtenidas de forma subrepticia
Se trata de muestras obtenidas mediante engaño a su titular. Por ejemplo, una persona se niega a la prueba de ADN y, durante el interrogatorio policial, se le ofrece un cigarrillo para utilizar después la colilla sin su consentimiento. La respuesta no es unánime: no es lo mismo recoger lo que el investigado desecha por sí mismo que provocar su abandono mediante un ardid, y una parte de la doctrina entiende que, cuando hay engaño, la muestra nunca debería constituir prueba válida. El voto particular de la STC 199/2013 critica precisamente el canon aplicado a la toma subrepticia de muestras.
Conclusiones
- No es prueba tasada, sino de libre valoración por el tribunal, que debe valorarla junto con el resto de la prueba.
- La coincidencia es una probabilidad, no una certeza, salvo que sea excluyente: si uno de los marcadores no coincide, esa persona queda descartada.
- No prueba la autoría por sí sola, solo que la muestra procede de una persona, es decir, su posible presencia en el lugar de los hechos.
- Su validez depende de cómo se obtuvo y se conservó: autorización o consentimiento cuando se exige, cadena de custodia y análisis en laboratorio acreditado.
Fuentes: Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre (BOE); STC 199/2013, de 5 de diciembre (Tribunal Constitucional); STC 207/1996, de 16 de diciembre (BOE).
