Según el principio real, también llamado principio de protección o de defensa, el Estado aplica su propia ley penal a los delitos cometidos contra sus intereses, cualquiera que sea el lugar donde se hayan cometido y la nacionalidad de la persona que los ejecuta.
Su fórmula puede parecer egoísta, puesto que concreta la protección estatal en determinados intereses vitales del Estado o de la colectividad. Por ello suele proponerse una atenuación de su eficacia.
Fundamento del principio real
El principio real es una excepción al principio de territorialidad (artículo 23.1 de la LOPJ), según el cual la ley penal española se aplica a los hechos cometidos en territorio español. Su fundamento es que hay intereses esenciales del Estado, como su seguridad, su moneda, la autenticidad de sus documentos oficiales o el correcto funcionamiento de su Administración, que no pueden quedar sin protección por el solo hecho de que el ataque se produzca fuera de España, donde la ley local puede no castigarlo o castigarlo con menos rigor.
A diferencia de lo que ocurre con el principio de personalidad, para aplicar el principio real no se exige la doble incriminación: basta con que el hecho sea delito según la ley española, aunque no lo sea en el país donde se cometió.
Delitos del artículo 23.3 de la LOPJ
De acuerdo con el art. 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos:
- De traición y contra la paz o la independencia del Estado.
- Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
- Rebelión y sedición.
- Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
- Falsificación de moneda española y su expedición.
- Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
- Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
- Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.
- Los relativos al control de cambios.
La mención a la «sedición» se conserva literalmente en la LOPJ, pero ese delito fue suprimido del Código Penal por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre (los antiguos arts. 544 a 549 figuran hoy como suprimidos).
Requisitos y límites
- Los delitos del art. 23.3 sólo son perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal (art. 23.6 LOPJ).
- No se exige que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, requisito que la LOPJ reserva a los supuestos de personalidad activa del art. 23.2.
- Hasta la reforma de la LO 1/2014, de 13 de marzo, el art. 23.5 remitía a la letra c) del art. 23.2 (el delincuente no debía haber sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haber cumplido la condena). El texto vigente del art. 23.5 se refiere ahora sólo a los delitos del apartado 4, de modo que ese requisito ya no figura expresamente para los delitos del principio real.
Diferencias con otros principios de aplicación extraterritorial
- Principio de personalidad o de nacionalidad (artículo 23.2 de la LOPJ): atiende a que el autor del delito sea español, o haya adquirido la nacionalidad española con posterioridad al hecho.
- Principio real o de protección (artículo 23.3 de la LOPJ): atiende al interés del Estado español afectado, sea cual sea la nacionalidad del autor.
- Principio de justicia universal (artículo 23.4 de la LOPJ): permite perseguir ciertos delitos que afectan a toda la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o la tortura, pero tras la LO 1/2014 sólo en los supuestos y con las condiciones (vinculación con España, residencia del autor, nacionalidad de la víctima) que enumera el propio precepto.
Fuentes: Ley Orgánica del Poder Judicial (texto consolidado, BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE).
