El cuerpo del delito es, en el proceso penal, todo rastro visible o material que deja un hecho delictivo: las armas o instrumentos con los que se cometió, la persona que sufre sus consecuencias, las cosas que son objeto del delito (por ejemplo, las cosas robadas), etc. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la recogida, descripción, conservación y destino de estos objetos, que son imprescindibles para la investigación y para aportarlos después, como pruebas materiales, al juicio oral. No debe confundirse con los elementos del tipo penal, que son los requisitos que describe el Código Penal para cada delito: aquí «cuerpo del delito» se refiere a los objetos y vestigios materiales del hecho.
Qué entiende la doctrina por cuerpo del delito
La doctrina distingue tres categorías:
- Cuerpo del delito en sentido estricto: la persona o cosa objeto del delito, contra la cual iba dirigido el hecho punible o que ha sufrido directamente sus efectos.
- Instrumentos o piezas de ejecución: los medios u objetos a través de los cuales se cometió el delito.
- Piezas de convicción: todos los objetos, huellas o vestigios que, no siendo ni lo uno ni lo otro, pueden servir para esclarecer los hechos y la persona del autor.
Recogida y descripción
El juez de instrucción ordena recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que se cometió, en sus inmediaciones, en poder del reo o en otra parte conocida. El letrado de la Administración de Justicia extiende una diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraron, describiéndolos minuciosamente para que se pueda formar idea cabal de ellos y de las circunstancias de su hallazgo (artículo 334).
La persona afectada por la incautación puede recurrirla en cualquier momento ante el juez de instrucción, sin necesidad de abogado cuando el recurso lo presenten terceras personas distintas del investigado. Los efectos que pertenezcan a la víctima deben restituirse inmediatamente, salvo que excepcionalmente deban conservarse como medio de prueba o para otras diligencias.
Si se llega a la persona o cosa objeto del delito, el juez describe detalladamente su estado y circunstancias (artículo 335) y ordena su reconocimiento por peritos cuando sea útil para apreciar su relación con el delito (artículo 336). El investigado y su defensor pueden presenciar estas diligencias (artículo 333). Las personas presentes o conocidas que puedan declarar sobre el modo en que se cometió el delito o sobre el estado anterior de los objetos son examinadas inmediatamente después de la descripción (artículo 337).
Si la instrucción se sigue por una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de enterrar el cadáver se identifica por medio de testigos (artículo 340) y, si no hay testigos de conocimiento, se expone al público al menos veinticuatro horas, salvo que el estado del cadáver lo impida (artículo 341). Se practica siempre la autopsia por los médicos forenses (artículo 343). El juez puede autorizar al médico forense para que asista en su lugar al levantamiento del cadáver, aportando un informe con la descripción detallada de su estado, identidad y circunstancias (artículo 778.6).
Conservación y puesta a disposición del órgano judicial
Los instrumentos, armas y efectos se recogen de forma que se garantice su integridad, y el juez acuerda su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito (artículo 338). Todos los bienes puestos a disposición judicial, embargados, incautados o aprehendidos en un procedimiento penal tienen la consideración de efectos judiciales (artículo 367 bis).
Durante la instrucción no se admiten reclamaciones ni tercerías que tengan por objeto la devolución de los efectos que constituyen el cuerpo del delito, sea cual sea su clase y la persona que los reclame (artículo 367). Los efectos están a disposición del tribunal en todo momento del proceso: durante la instrucción obran incorporados a las actuaciones y, concluida esta, las piezas de convicción se remiten al órgano de enjuiciamiento para que durante el juicio oral puedan ser reconocidas por los testigos y examinadas por el propio tribunal (artículo 726). Esto no significa que el juez deba custodiar materialmente los objetos: se envían al organismo adecuado para su depósito, donde quedan a disposición del procedimiento.
Realización anticipada y utilización provisional
Desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 y de la Ley 18/2006, la ley permite realizar los efectos judiciales de lícito comercio sin esperar al fallo cuando sean perecederos, su propietario los abandone, los gastos de conservación y depósito superen su valor, su conservación sea peligrosa para la salud o seguridad públicas, se deprecien sustancialmente con el paso del tiempo o el propietario, requerido, no manifieste nada sobre su destino; siempre que no sean piezas de convicción (artículo 367 quáter). La realización puede consistir en la entrega a entidades sin ánimo de lucro o a administraciones públicas, la venta por persona o entidad especializada o la subasta pública (artículo 367 quinquies). También cabe autorizar su utilización provisional (artículo 367 sexies). La localización, conservación y administración de los bienes procedentes de organizaciones criminales puede encomendarse a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (artículo 367 septies).
Destrucción de los instrumentos y efectos del delito
La regla general es conservar para el proceso los instrumentos y efectos del delito, pero el juez puede acordar su destrucción, dejando muestras suficientes, cuando resulte necesaria o conveniente por su propia naturaleza o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia (artículo 367 ter). Se exigen estas garantías:
- Se dejan muestras suficientes de lo que se destruye, para poder hacer ulteriores análisis o comprobaciones.
- Se da previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si es conocido, o a la persona en cuyo poder se hallaron los efectos.
- Se extiende una diligencia en la que consten la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida de los efectos destruidos.
- Si no hubo tasación anterior, se deja constancia de su valor cuando su fijación sea imposible después de la destrucción.
Para las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes analíticos y asegurada la conservación de las muestras mínimas imprescindibles, y previa comunicación al juez, las destruye si transcurre un mes sin que la autoridad judicial haya ordenado, mediante resolución motivada, su conservación íntegra. Las mismas reglas se aplican a los efectos intervenidos por delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Decomiso
Distinto de estas reglas procesales es el decomiso de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito como consecuencia de la pena, que regulan los artículos 127 y siguientes del Código Penal y que puede acordarse ya desde las primeras diligencias aprehendiendo o embargando los bienes (artículo 127 octies).
Fuentes: apuntes sobre Derecho procesal penal del profesor Don Ignacio Flores; Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE).
