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LO 5/2000, responsabilidad penal de los menores

Bodegón sobrio con documentos legales y balanza, simbolizando la responsabilidad penal juvenil

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM, o simplemente «ley del menor») es la norma que establece cómo se exige responsabilidad penal a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometen un delito. Entró en vigor el 13 de enero de 2001 y desarrolla el mandato del artículo 19 del Código Penal: los menores de dieciocho años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal, pero pueden serlo con arreglo a la ley que regule la responsabilidad penal del menor.

La mayoría de edad penal: catorce y dieciocho años

El sistema se apoya en dos edades:

  • Menores de catorce años. No se les exige responsabilidad penal. Se les aplican las normas de protección de menores del Código Civil y demás disposiciones vigentes, y el Ministerio Fiscal remite testimonio a la entidad pública de protección de menores para que promueva las medidas adecuadas (art. 3 LORPM). La exposición de motivos de la ley fundamenta este límite en la convicción de que las infracciones de los menores de esta edad son en general irrelevantes y de que, cuando causan alarma social, basta la respuesta de los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de acudir al aparato sancionador del Estado.
  • Mayores de catorce y menores de dieciocho años. Responden con arreglo a la LORPM por los hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales (art. 1). Las edades se refieren siempre al momento de comisión de los hechos: haber cumplido dieciocho años antes de que empiece el procedimiento o durante su tramitación no cambia la competencia de los jueces y fiscales de menores (art. 5.3).
  • Mayores de dieciocho años. Quedan sometidos al Código Penal. La redacción originaria de la ley permitía aplicar la LORPM, en determinados casos, a jóvenes de entre dieciocho y veintiún años, pero esa posibilidad fue suprimida por la Ley Orgánica 8/2006: el artículo 4 de la ley regula hoy los derechos de las víctimas, y la remisión que sigue haciendo el artículo 69 del Código Penal a la ley del menor carece de contenido práctico.

Origen y fundamento

La ley nació de la necesidad de superar el antiguo sistema de tribunales tutelares de menores, cuyo artículo 15 declaró inconstitucional la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero. Su antecedente inmediato fue la Ley Orgánica 4/1992, que se presentó como reforma urgente en espera de una regulación completa.

Históricamente, el primer sistema para determinar la responsabilidad penal de los menores fue el del discernimiento: a partir de cierta edad (entre los nueve y los quince años) se indagaba la madurez del menor para decidir si era culpable. El positivismo criminológico de finales del siglo XIX y principios del XX dio paso al sistema biológico-cronológico, que fijaba una edad por debajo de la cual el menor quedaba al margen del Derecho penal y le reservaba medidas de seguridad o tutela.

El Código Penal de 1995 elevó la mayoría de edad penal de dieciséis a dieciocho años, equiparándola a la civil y la política, y no incluyó la minoría de edad entre las causas de exención de responsabilidad criminal del artículo 20. Parte de una concepción preventiva de la culpabilidad, basada en la capacidad de motivación por la norma, y afirma la responsabilidad del menor, aunque con una imputabilidad atenuada por el proceso de aprendizaje en que se encuentra. Su respuesta es, formalmente, penal, pero materialmente sancionadora-educativa.

Principios inspiradores

La exposición de motivos y el articulado de la ley se inspiran, entre otros, en estos principios:

  • Naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora-educativa, del procedimiento y de las medidas.
  • Garantías constitucionales: reconocimiento de todos los derechos de la Constitución y del ordenamiento (art. 1.2), en particular los de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, así como los principios acusatorio, de defensa y de presunción de inocencia.
  • Legalidad, tanto en la definición de las infracciones como en el catálogo de medidas, que solo pueden ser las que establece la ley (art. 7), y en su ejecución.
  • Culpabilidad y proporcionalidad: la exposición de motivos rechaza la proporcionalidad entre el hecho y la sanción como finalidad propia del Derecho penal de menores, pero el principio se deduce de las normas que regulan el contenido, la duración y la aplicación de las medidas.
  • Superior interés del menor, como directriz del procedimiento y de las medidas, valorado con criterios técnicos por un equipo técnico de profesionales no jurídicos.
  • Judicialización: control judicial de cualquier restricción de derechos, del juicio y de la ejecución de las medidas. La instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (art. 16) y el enjuiciamiento al Juez de Menores (art. 2). Tras la LO 1/2025 los juzgados de menores se integran en los tribunales de instancia, de modo que las referencias de la ley al Juez de Menores se entienden hechas a las secciones de menores.
  • Flexibilidad e intervención mínima: posibilidad de que el Fiscal desista de incoar el expediente por hechos de menor gravedad (art. 18) o de que se sobresea por conciliación o reparación con la víctima (art. 19), y facultad del juez de modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida (arts. 13 y 51).
  • Interés de la víctima: derecho a ser parte en el expediente y a pedir reparación (arts. 4 y 19). La víctima no puede constituirse en acusación particular con plenitud de derechos, porque la ley atribuye la acción al Ministerio Fiscal.
  • Unidad de expediente: cada hecho delictivo da lugar a un expediente, salvo conexidad, con competencia del órgano del domicilio del menor cuando los delitos se cometen en distintos territorios (art. 20).
  • Competencias autonómicas: las Comunidades Autónomas ejecutan las medidas impuestas por los jueces de menores, bajo el control de éstos.

Medidas aplicables

El artículo 7.1 enumera las medidas que pueden imponer los jueces de menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen:

  • Internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, y internamiento terapéutico para menores con anomalías psíquicas, dependencia de alcohol o drogas o alteraciones en la percepción.
  • Tratamiento ambulatorio.
  • Asistencia a un centro de día.
  • Permanencia de fin de semana, hasta treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo.
  • Libertad vigilada, con seguimiento de la actividad del menor y reglas de conducta.
  • Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, con sus familiares u otras personas.
  • Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
  • Prestaciones en beneficio de la comunidad, que no pueden imponerse sin el consentimiento del menor.
  • Realización de tareas socio-educativas.
  • Amonestación.
  • Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o uso de armas.
  • Inhabilitación absoluta.

Las medidas de internamiento constan de dos periodos: el primero, en el centro, y el segundo, en libertad vigilada (art. 7.2). La ley prohíbe imponer más de una medida de la misma clase en una misma resolución (art. 7.4). Si la medida se impone por un delito contra la libertad sexual de los capítulos I y II del título VIII del Código Penal, el juez impone además, en todo caso, la obligación de someterse a programas formativos de educación sexual y de educación en igualdad (art. 7.5, introducido por la LO 10/2022).

Duración de las medidas

Las reglas de duración dependen de la edad del menor y de la gravedad del hecho:

  • Régimen general (art. 9). Las medidas no pueden exceder de dos años; las prestaciones en beneficio de la comunidad, de cien horas; la permanencia de fin de semana, de ocho fines de semana. El internamiento en régimen cerrado solo es posible por delito grave, por delito menos grave con violencia, intimidación o grave riesgo para la vida o la integridad física, o cuando los hechos se cometan en grupo o al servicio de una banda u organización. Los hechos imprudentes no pueden sancionarse con internamiento cerrado.
  • Hechos de especial gravedad (art. 10.1). Si el menor tenía catorce o quince años, la medida puede alcanzar tres años (ciento cincuenta horas de prestaciones, doce fines de semana). Si tenía dieciséis o diecisiete años, puede alcanzar seis años (doscientas horas, dieciséis fines de semana). Cuando el hecho revista extrema gravedad, el juez debe imponer a los menores de dieciséis o diecisiete años un internamiento cerrado de uno a seis años, seguido de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años.
  • Delitos más graves (art. 10.2). Para los delitos de homicidio y asesinato (arts. 138 y 139 CP), determinados delitos sexuales (arts. 178.2 y 3, 179, 180 y 181), los de terrorismo (arts. 571 a 580) o cualquier otro castigado con prisión de quince años o más, el juez debe imponer un internamiento cerrado de uno a cinco años a los menores de catorce o quince años, y de uno a ocho años a los de dieciséis o diecisiete, complementado en ambos casos con libertad vigilada. En los delitos de terrorismo se impone además una inhabilitación absoluta de cuatro a quince años más que la duración del internamiento (art. 10.3). La disposición adicional cuarta, que regulaba antes estos supuestos, fue derogada por la LO 8/2006.
  • Pluralidad de infracciones (arts. 11 y 47): se aplican los mismos límites máximos cuando las infracciones son conexas o continuadas, y en los casos del artículo 10.2 el internamiento cerrado puede alcanzar diez años para los mayores de dieciséis y seis para los menores de esa edad.

Estas medidas pueden modificarse, suspenderse o sustituirse durante la ejecución, pero con restricciones en los delitos más graves: no se puede hacer uso de esas facultades en los supuestos de extrema gravedad hasta que transcurra el primer año de internamiento y, en el artículo 10.2 para los de dieciséis y diecisiete años, hasta que haya transcurrido la mitad de la medida impuesta.

Procedimiento y ejecución

  • Detención. Debe practicarse de la forma que menos perjudique al menor, con los derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y custodia en dependencias separadas de las de los adultos. La policía debe ponerlo en libertad o a disposición del Fiscal en el plazo máximo de veinticuatro horas, y el Fiscal resuelve en cuarenta y ocho horas desde la detención si lo libera, desiste o incoa el expediente (art. 17).
  • Medidas cautelares. A petición del Fiscal o de la acusación, el juez puede acordar internamiento, libertad vigilada o prohibiciones; el internamiento cautelar dura como máximo seis meses, prorrogables otros tres, y se abona íntegramente a la medida definitiva (art. 28).
  • Mayoría de edad durante la ejecución. El menor que alcanza la mayoría de edad sigue cumpliendo la medida hasta lograr los objetivos fijados en la sentencia. Si se trata de internamiento cerrado y a los dieciocho años no ha concluido, el juez puede ordenar su cumplimiento en un centro penitenciario cuando su conducta no responda a los objetivos propuestos, y a los veintiún años el traslado a prisión es la regla general, salvo excepciones (art. 14).
  • Prescripción. Los hechos delictivos cometidos por menores prescriben conforme a las normas del Código Penal en los delitos más graves, a los cinco años en los delitos graves sancionados con pena superior a diez años, a los tres años en los demás delitos graves y a un año en los menos graves (art. 15).

Reformas de la ley

La LORPM ha sido reformada en varias ocasiones. Entre las más relevantes figuran la Ley Orgánica 7/2000, sobre delitos de terrorismo, que introdujo la inhabilitación absoluta como medida y un régimen específico para los delitos más graves; la Ley Orgánica 8/2006, que endureció el régimen de los delitos graves, derogó ese régimen específico de la disposición adicional cuarta y suprimió la aplicación a los jóvenes de dieciocho a veintiún años; las Leyes Orgánicas 8/2021 y 10/2022, que reforzaron la protección de las víctimas y añadieron la formación en educación sexual e igualdad; la Ley Orgánica 4/2023, que actualizó el artículo 10 en materia de delitos sexuales; y la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia, que modificó los artículos 4 y 23.

Fuentes: Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (texto consolidado, BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE).