Cuando de la investigación resultan indicios de criminalidad contra una persona, el juez dicta un auto ordenándole que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes. En ese mismo auto decreta el embargo de bienes suficientes para el caso de que no se preste la fianza y fija la cantidad, que no puede ser inferior al importe probable de las responsabilidades incrementado en una tercera parte (artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Aseguramiento de la responsabilidad civil del investigado
A la vez que el investigado interviene en el proceso para procurar su absolución por los hechos delictivos que se le atribuyen, también puede oponerse y defenderse frente a la pretensión reparatoria. Todas las diligencias sobre fianzas y embargos se instruyen en pieza separada, en la que se da intervención al investigado (artículo 590).
- La fianza puede ser personal, pignoraticia o hipotecaria, o mediante caución en dinero efectivo, aval solidario pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier medio que garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad (artículo 591).
- Si no se presta la fianza al día siguiente de la notificación del auto, se procede al embargo de bienes del investigado, requiriéndole para que señale los suficientes (artículo 597). Las demás actuaciones se rigen por las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 600).
- En el procedimiento abreviado, el juez o tribunal puede adoptar medidas cautelares para asegurar las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas, mediante auto y en pieza separada, con las reglas de contenido, presupuestos y caución sustitutoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 764).
Responsabilidad civil (directa o subsidiaria) atribuida a un tercero
Plantea más problemas la responsabilidad civil cuando se atribuye a una persona distinta del investigado, es decir, a un tercero. Puede ser directa, como la del asegurador (artículo 117 del Código Penal), o subsidiaria, como la de los titulares de establecimientos o de empresas por los delitos de sus empleados (artículo 120). También responde quien haya participado a título lucrativo de los efectos del delito (artículo 122).
Cuando en la instrucción aparece indicada la responsabilidad civil de un tercero, el juez, a instancia del actor civil, exige fianza a la persona contra quien resulta la responsabilidad y, si no la presta, se embargan los bienes necesarios (artículo 615). El tercero adquiere así la condición de responsable civil en el proceso penal. Debe ser llamado al proceso tan pronto como resulte indicado en las actuaciones: la falta de citación del responsable civil le produce indefensión y puede hacer nula la sentencia.
Durante la investigación, el tercero puede oponerse. Puede exponer por escrito las razones por las que no debe considerársele civilmente responsable y las pruebas que ofrece (artículo 616). Se da vista del escrito a la parte interesada, que tiene tres días para contestar y proponer las pruebas que sustenten su pretensión (artículo 617), y el juez decreta la práctica de las pruebas y resuelve siempre que pueda hacerlo sin retraso ni perjuicio del objeto principal de la instrucción (artículo 618). Todo lo relativo a la responsabilidad civil del tercero y a los incidentes sobre la ocupación y restitución de cosas que tenga en su poder se tramita en pieza separada, sin entorpecer ni suspender la instrucción (artículo 619). Los autos dictados en estos incidentes se llevan a efecto, sin perjuicio de que las partes a quienes perjudiquen puedan reproducir sus pretensiones en el juicio oral (artículo 621).
El responsable civil en el juicio oral
En la fase de juicio, el tercero responsable civil:
- Recibe traslado de las calificaciones para que manifieste su conformidad o disconformidad con las que le afecten.
- Puede presentar escrito de defensa.
- Puede intervenir en los debates del juicio e interponer recursos contra la sentencia, en cuanto afecte a la responsabilidad civil.
El tercero asume la condición de parte demandada en el proceso penal, pero nunca sufre los pronunciamientos penales de la sentencia, por lo que su posición es similar a la de la parte pasiva en el proceso civil. Por eso su ausencia en el juicio es irrelevante, siempre que haya sido debidamente emplazado, y no es causa de suspensión.
Cuando la persona jurídica es penalmente responsable, su responsabilidad penal lleva consigo su responsabilidad civil, de forma solidaria con las personas físicas condenadas por los mismos hechos (artículo 116.3 del Código Penal).
Aseguradoras y responsabilidad civil obligatoria
Cuando la responsabilidad es solidaria, es común que el responsable civil sostenga una defensa contrapuesta a la del acusado. El caso paradigmático es el de las compañías aseguradoras que adoptan una posición acusadora, tratando de probar alguna circunstancia que, conforme a las condiciones de la póliza, las exima de responder. Entonces debe reconocérseles la condición de parte activa y no pasiva, y proveer al acusado de los instrumentos procesales necesarios para evitar su indefensión.
Cuando las responsabilidades civiles están total o parcialmente cubiertas por un seguro obligatorio de responsabilidad civil, la entidad aseguradora o el Consorcio de Compensación de Seguros debe afianzarlas hasta el límite del seguro obligatorio. En ese concepto, no puede ser parte en el proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa respecto de la obligación de afianzar (artículo 764.3).
Fuentes: apuntes sobre Derecho procesal penal del profesor Don Ignacio Flores; Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE).
