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WhatsApp como prueba en el proceso penal: validez y requisitos

Un móvil sobre una mesa junto a un cuaderno y pluma, simbolizando pruebas digitales en juicios penales

En 2013 fue condenado un joven por acoso a su pareja, y los hechos y las demás pruebas se acreditaron en buena parte a través de conversaciones de WhatsApp. Aquel caso planteó una pregunta que sigue vigente: ¿cuál es la validez real de los WhatsApp, SMS, fotos u otros contenidos almacenados en nuestros dispositivos digitales como prueba en un proceso penal? Hoy el acoso reiterado por cualquier medio de comunicación tiene su propio delito, el artículo 172 ter del Código Penal (prisión de tres meses a dos años o multa), introducido por la Ley Orgánica 1/2015; en 2013, en cambio, el Código Penal no tipificaba el acoso como tal y esos hechos solían encajarse en otros delitos, como las coacciones o las amenazas.

¿Valen como prueba los WhatsApp, SMS y fotos?

Sí. El contenido de los dispositivos digitales es admisible como prueba en un procedimiento judicial, pero ni su admisión ni su validez son automáticas. Para que pueda fundar una condena han de cumplirse dos condiciones: que se haya obtenido respetando los derechos fundamentales y que su autenticidad e integridad estén suficientemente acreditadas. Y aun así, el tribunal la valora junto con el resto de las pruebas, sin que la presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución) ceda por el solo hecho de aportar una conversación.

Licitud: cómo se obtiene la prueba

Las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales no surten efecto (art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). En el caso de las comunicaciones digitales están en juego el secreto de las comunicaciones y la intimidad (art. 18 de la Constitución). De ahí que el origen de la prueba sea uno de los aspectos más importantes:

  • Aportación por quien participó en la conversación. Quien envía o recibe los mensajes es parte de la comunicación y puede aportarlos al proceso, normalmente mediante capturas de pantalla o la exhibición del propio teléfono. No hace falta autorización judicial, aunque la otra parte puede cuestionar la autenticidad.
  • Obtención del dispositivo o de las cuentas de otra persona. Acceder sin consentimiento al móvil o a los mensajes ajenos puede ser un delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 del Código Penal) y contaminar la prueba.
  • Intervención por la policía o la justicia. Desde la Ley Orgánica 13/2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las medidas de investigación tecnológica (arts. 588 bis a y siguientes). Exigen resolución judicial motivada y sujeta a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Es el caso de la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas (art. 588 ter a y siguientes), de la cesión de datos conservados por las compañías y por las plataformas, que solo puede hacerse con autorización judicial (art. 588 ter j), y del acceso al contenido de un teléfono incautado, pues la simple incautación del dispositivo no legitima el acceso a su contenido (art. 588 sexies a).

Autenticidad: impugnación y prueba pericial

Los mensajes de WhatsApp pueden manipularse, y por eso el Tribunal Supremo exige prudencia. En la sentencia 300/2015, de 19 de mayo, la Sala Segunda declaró que la prueba de una comunicación bidireccional por mensajería instantánea debe abordarse con todas las cautelas por la posibilidad de manipulación de los archivos digitales; si se impugna su autenticidad, la carga de acreditarla recae sobre quien pretende servirse de ella, y para ello puede ser necesaria una prueba pericial informática que identifique el verdadero origen de la comunicación, la identidad de los interlocutores y la integridad del contenido.

La doctrina posterior ha matizado ese criterio. Según la sentencia del Tribunal Supremo 629/2025, de 3 de julio, que recoge la doctrina de las sentencias 754/2015 y 375/2018:

  • La impugnación de la autenticidad ha de ser seria, apoyada en sospechas o indicios de manipulación; una negativa meramente retórica no obliga a practicar la pericial.
  • La falta de pericial no impide por sí sola valorar el contenido de los mensajes si otras vías descartan la manipulación; el origen y la integridad de los mensajes pueden acreditarse por cualquier medio admitido en derecho, como la declaración de quien los recibió, la confirmación de la compañía telefónica sobre la titularidad de la línea o los informes policiales.
  • En ese caso, de agresión sexual a una menor, los mensajes no fueron la única prueba, sino un elemento de corroboración junto con otros.

Valoración: prueba admisible no significa condena

El tribunal examina por sí mismo los documentos y piezas de convicción (art. 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y valora en conciencia las pruebas practicadas en el juicio (art. 741). Por eso cualquier prueba tecnológica puede presentarse como medio de prueba, pero no por ello será decisiva para condenar. Su fuerza depende de que se haya obtenido lícitamente, de que se garantice su integridad desde que se recoge (cadena de custodia), de que su autenticidad no quede razonablemente en duda, sea por una pericial informática o por otros elementos que la respalden, y de que se combine con el resto de las pruebas de cargo.

Fuentes: Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE); Comentario de Iustel a la STS 629/2025.