El Código Penal ofrece varias vías para evitar el ingreso en prisión o sustituirlo por otras penas. Tras la Ley Orgánica 1/2015 las principales son la suspensión de la ejecución de la pena, la sustitución en los casos que prevé el Código, la localización permanente, los trabajos en beneficio de la comunidad y la multa. Este panorama es distinto del de 1995 y del de la reforma de 2003.
Desaparición de la pena de arresto de fin de semana
Con el Código Penal de 1995 se introdujo como novedad la pena de arresto de fin de semana, dentro de las penas privativas de libertad. Era una privación discontinua de libertad que se cumplía, por regla general, durante los fines de semana, con posibilidad de cumplirla otros días si el condenado alegaba motivos laborales. Apenas llegó a aplicarse en la práctica: resultaba muy costosa y los poderes públicos no dispusieron los medios para hacerla efectiva. Fue suprimida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004.
Suspensión de la ejecución de la pena de prisión
Es la principal alternativa vigente. Los jueces y tribunales pueden dejar en suspenso, mediante resolución motivada, la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución no es necesaria para evitar que el penado cometa nuevos delitos (art. 80.1 CP). Para ello valoran las circunstancias del delito y del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho (en particular, el esfuerzo por reparar el daño) y sus circunstancias familiares y sociales.
Requisitos
- Que el condenado haya delinquido por primera vez. No se tienen en cuenta las condenas anteriores por delitos imprudentes o delitos leves (salvo si integran el tipo agravado por multirreincidencia de delitos leves, tras la Ley Orgánica 1/2026), ni los antecedentes cancelados o cancelables.
- Que la pena, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir la derivada del impago de multa.
- Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles y se haya hecho efectivo el decomiso acordado, o que el penado se comprometa a ello de forma razonable.
Existen supuestos excepcionales: la suspensión de penas que individualmente no excedan de dos años aunque no concurran los dos primeros requisitos, sin reos habituales (art. 80.3 CP); la suspensión sin requisito alguno si el penado padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables (art. 80.4 CP); y la suspensión de penas de hasta cinco años cuando el delito se cometió a causa de la dependencia de drogas y el condenado está deshabituado o en tratamiento (art. 80.5 CP).
Plazo y condiciones
El plazo de suspensión es de dos a cinco años para las penas de prisión no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves; de tres a cinco años en el supuesto de drogodependientes (art. 81 CP). El juez puede condicionarla al cumplimiento de prohibiciones y deberes (art. 83 CP) y de prestaciones o medidas: el cumplimiento del acuerdo de mediación, el pago de una multa o los trabajos en beneficio de la comunidad (art. 84 CP). Si el condenado delinque durante el plazo o incumple de forma grave o reiterada las condiciones, se revoca la suspensión y se ejecuta la pena (art. 86 CP); si lo cumple, se acuerda la remisión de la pena (art. 87 CP).
Sustitución de la pena de prisión
Antes de 2015 la sustitución de la prisión por multa o trabajos estaba regulada en el artículo 88 del Código Penal. Ese artículo fue suprimido por la Ley Orgánica 1/2015 y hoy figura como «(Suprimido)». La sustitución sobrevive en dos casos:
- Penas de prisión inferiores a tres meses que resulten de aplicar las reglas de determinación de la pena: se sustituyen siempre por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente, aunque la ley no prevea esas penas para el delito, a razón de dos cuotas de multa, una jornada de trabajo o un día de localización permanente por cada día de prisión (art. 71.2 CP).
- Extranjeros: las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero se sustituyen por la expulsión del territorio español, con excepciones y límites (art. 89 CP).
Localización permanente
La localización permanente obliga al condenado a permanecer en su domicilio o en el lugar que fije el juez. Se incorporó al Código Penal con la reforma de 2003, con una duración máxima de 12 días, y la Ley Orgánica 5/2010 la amplió hasta seis meses (art. 37.1 CP). Es una pena privativa de libertad (art. 35 CP) y, de un día a tres meses, es una pena leve (art. 33.4 CP). Puede cumplirse en fines de semana y días festivos de forma no continuada, a petición del reo, y el juez puede ordenar medios electrónicos de control (art. 37 CP). Su incumplimiento puede dar lugar a un delito de quebrantamiento (art. 468 CP).
Trabajos en beneficio de la comunidad
Los trabajos en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del condenado, pues el artículo 25.2 CE prohíbe los trabajos forzados. Consisten en una cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, que pueden incluir labores de reparación o apoyo a las víctimas y la participación en talleres o programas formativos, con una duración diaria máxima de ocho horas (art. 49 CP). Su duración es de uno a treinta días como pena leve, y de treinta y un días a un año como pena menos grave (art. 33 CP). Aunque son habituales como pena sustitutiva o como condición de la suspensión, también están previstos como pena principal en muchos delitos (por ejemplo, en el art. 379.1 CP).
La pena de multa
Sistema de días-multa
El Código Penal de 1995 introdujo como regla general el sistema de días-multa, de origen escandinavo, que es más equitativo que el sistema proporcional, porque la multa se determina según la gravedad del delito y la capacidad económica del condenado (arts. 50 y siguientes CP). Establece un doble baremo:
- La extensión de la multa, que se fija en días, meses o años, con un mínimo de diez días y un máximo de dos años. El juez la determina dentro del marco del delito según las reglas generales.
- La cuota diaria, de 2 a 400 euros, que se fija atendiendo exclusivamente a la situación económica del reo. Si varía su situación económica, el juez puede modificarla (art. 51 CP). El tribunal puede autorizar el pago en plazos que no excedan de dos años.
Multa proporcional
Es el sistema tradicional: cuando el Código así lo determina, la multa se establece en proporción al daño causado, al valor del objeto del delito o al beneficio obtenido (art. 52 CP).
Responsabilidad personal subsidiaria por impago
Si el condenado no paga la multa ni siquiera por vía de apremio, queda sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 53 CP). En los delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente; con la conformidad del penado, mediante trabajos en beneficio de la comunidad. No se impone a los condenados a una pena privativa de libertad superior a cinco años. El artículo 35 CP la incluye entre las penas privativas de libertad, de ahí la crítica de que funciona como una forma de prisión por deudas. Su cumplimiento extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado.
Desarrollo reglamentario
Las circunstancias de ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad, de la localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la sustitución de penas están reguladas en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio. Para el estudio de los tipos de penas en su conjunto y de las penas privativas de libertad, véanse las entradas correspondientes.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 33, 35, 37, 49 a 53, 71, 80 a 89); Real Decreto 840/2011 (BOE); Ley Orgánica 1/2015 (BOE).
