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La aplicación espacial de la ley penal en el ámbito de la internacionalización del Derecho penal

Bodegón sobrio con libros jurídicos, un globo antiguo y documentos que sugieren derecho penal internacional

La lucha contra la criminalidad económica y organizada transnacional y la protección internacional de los derechos humanos son las causas de la internacionalización del Derecho penal. Sus efectos se aprecian en tres planos: la ampliación de la jurisdicción de los Estados sobre hechos cometidos fuera de su territorio, la cooperación judicial entre Estados y la creación de tribunales penales internacionales.

La aplicación de la ley penal española fuera del territorio

La regla general es el principio de territorialidad (artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que se completa con los principios real o de protección, de personalidad y de jurisdicción universal (artículo 23.2 a 23.4). Esta última, ejercida por España con gran amplitud tras la LO 6/1985, fue restringida por la LO 1/2009 y, sobre todo, por la LO 1/2014, que exige hoy conexiones concretas con España (la nacionalidad o la residencia habitual del investigado, o su presencia en territorio español con extradición denegada, o la nacionalidad de la víctima, según el delito) y establece que no se perseguirán en España los hechos ya investigados por un tribunal internacional o por el Estado del lugar del delito o de la nacionalidad del investigado, salvo que este no pueda o no quiera realmente investigar (artículo 23.4 y 23.5). La extraterritorialidad de la ley penal española, mucho más amplia en su origen, depende así de cada delito.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma, hecho en esa ciudad el 17 de julio de 1998, crea la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, como tribunal permanente e independiente para perseguir los crímenes más graves de trascendencia internacional. Su relación con las Naciones Unidas se establece mediante un acuerdo (artículo 2). España es Estado parte y regula su cooperación con la Corte en la Ley Orgánica 18/2003.

  • Competencia material (artículo 5): el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto definen los tres primeros; la agresión se incorporó por la enmienda de Kampala de 2010. En el Código Penal español se corresponden, entre otros, con los delitos contra la Comunidad Internacional: genocidio (artículo 607), lesa humanidad (artículo 607 bis) y delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (artículos 608 y siguientes).
  • Complementariedad: la Corte no sustituye a los tribunales nacionales, sino que tiene carácter complementario o subsidiario. Solo interviene cuando los jueces del Estado con jurisdicción no quieren o no pueden realmente investigar o enjuiciar el asunto (artículo 17). Para saber si hay disposición a actuar se examina, entre otras circunstancias, si el proceso se ha iniciado para sustraer al acusado de su responsabilidad, si ha habido una demora injustificada incompatible con la intención de hacerle comparecer ante la justicia o si no se ha sustanciado de forma independiente o imparcial (artículo 17.2).

Se ha criticado que su competencia deja fuera crímenes gravísimos, como el terrorismo o el narcotráfico, y que su eficacia está limitada porque no son parte Estados como Estados Unidos, China o India, y porque algunos Estados han denunciado el Estatuto o han anunciado su retirada (Burundi en 2017 y Filipinas en 2019). Su actuación depende en buena medida de la cooperación de los Estados para detener y entregar a los acusados.

La cooperación judicial en la Unión Europea

La internacionalización penal se manifiesta también en la UE: la orden europea de detención y entrega sustituye entre los Estados miembros al procedimiento de extradición (regulada hoy en la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea) y la Fiscalía Europea, con competencia sobre los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, se rige en España por la Ley Orgánica 9/2021.

Fuentes: Ley Orgánica del Poder Judicial (texto consolidado, BOE); Instrumento de ratificación del Estatuto de Roma (BOE); Ley Orgánica 18/2003, de cooperación con la Corte Penal Internacional (BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE).