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La extradición

Bodegón sobrio con libros y documentos que evocan la complejidad de la extradición legal

Para poder aplicar la ley penal española es necesario que el reo esté ante los tribunales españoles. Cuando no es así, hay que acudir a los procedimientos de auxilio internacional, concretamente al procedimiento de extradición: la entrega por un Estado a otro de una persona que se encuentra en su territorio para que sea juzgada o cumpla una condena. La normativa que lo regula está en los tratados internacionales suscritos por España (entre ellos el Convenio europeo de extradición, que España ratificó en 1982), en el artículo 13.3 de la Constitución (la extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y quedan excluidos los delitos políticos, sin considerarse como tales los actos de terrorismo), en los artículos 824 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que se refiere a la extradición activa, y en la Ley de Extradición Pasiva (Ley 4/1985, de 21 de marzo). Entre los Estados miembros de la Unión Europea, la entrega de personas se rige por la orden europea de detención y entrega (Ley 23/2014).

La extradición puede ser activa o pasiva según se mire desde el Estado que la solicita o desde el Estado al que se solicita.

A. La extradición activa

España solicita a otro Estado la entrega de una persona que se encuentra en él, para juzgarla en España o para que cumpla la condena impuesta. Se regula en los artículos 824 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

  • Los fiscales piden que el juez o tribunal proponga al Gobierno que solicite la extradición de los procesados o condenados por sentencia firme (artículo 824). Es necesario que se haya dictado auto motivado de prisión o sentencia firme (artículo 825).
  • Solo puede pedirse la extradición de los españoles que, habiendo delinquido en España, se hayan refugiado en el extranjero; de los españoles que hayan atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado y se refugien en un país distinto; y de los extranjeros que deban ser juzgados en España y se hayan refugiado en un país que no sea el suyo (artículo 826). Procede en los casos que fijen los tratados vigentes o, en su defecto, según el derecho del Estado requerido o el principio de reciprocidad (artículo 827).
  • Es competente para pedirla el juez o tribunal que conoce de la causa (artículo 828). La petición se hace en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de Justicia (la ley dice «de Gracia y Justicia»), salvo que el tratado permita al propio juez pedirla directamente (artículo 831).

B. La extradición pasiva

España entrega a otro Estado a una persona que se encuentra en nuestro territorio para que sea enjuiciada o cumpla condena en él. Se rige por la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, que es una ley ordinaria (no una ley orgánica), salvo en lo expresamente previsto en los tratados en que España sea parte (artículo 1). Es un sistema mixto, en el que intervienen el Gobierno y los tribunales.

Procedimiento

  1. Solicitud: el Estado requirente la formula por vía diplomática o directamente del Ministro de Justicia al Ministro de Justicia español, con la sentencia o el auto de procesamiento y prisión, los datos de identidad de la persona, los textos legales aplicables y, si la pena puede ser la de muerte u otra pena prohibida, garantías de que no se ejecutará (artículo 7). En caso de urgencia puede pedirse la detención preventiva, que se deja sin efecto si pasados cuarenta días no se presenta la solicitud en forma (artículos 8 y 10).
  2. Fase gubernativa: el Ministerio de Justicia propone al Gobierno, en el plazo de ocho días, si procede continuar por la vía judicial, y el Gobierno decide en quince días (artículo 9).
  3. Fase judicial: la persona reclamada comparece, con abogado y, en su caso, intérprete, ante el Juez Central de Instrucción, que le pregunta si consiente en la extradición o si se opone. Si consiente y no hay obstáculos legales, el juez puede acceder a ella; si se opone, se eleva lo actuado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (artículo 12), que celebra una vista y resuelve por auto motivado sobre la procedencia de la extradición (artículos 14 y 15). Contra ese auto solo cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala.
  4. Decisión final del Gobierno: si la resolución firme del tribunal deniega la extradición, es definitiva; pero la que la declara procedente no vincula al Gobierno, que puede denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o intereses esenciales para España. Según el propio artículo 6, contra lo acordado por el Gobierno no cabe recurso alguno.
  5. Entrega: la realiza un agente de la autoridad española en el lugar y fecha notificados; si el Estado requirente no recoge a la persona en la fecha fijada, puede ser puesta en libertad a los quince días y debe serlo a los treinta (artículo 19).

Principios y límites

  • Legalidad y reciprocidad (artículos 13.3 de la Constitución y 1 de la Ley 4/1985): solo se concede en virtud de un tratado o de la ley y atendiendo a la reciprocidad. La ley indica expresamente en qué casos no procede (artículos 3, 4 y 5).
  • Doble incriminación y gravedad mínima (artículo 2): los hechos deben estar castigados por las leyes españolas y por las del Estado requirente con una pena de duración no inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo, o debe reclamarse el cumplimiento de una condena no inferior a cuatro meses por hechos también tipificados en España.
  • No entrega de nacionales ni de los propios justiciables (artículo 3.1): no se concede la extradición de españoles ni de extranjeros por delitos que correspondan a los tribunales españoles. Si el Estado requirente lo pide, el Gobierno dará cuenta al Ministerio Fiscal para que se proceda en España (artículo 3.2).
  • Competencia del Estado requirente (artículo 3.3): si el delito se cometió fuera de su territorio, puede denegarse cuando la ley española no autorice la persecución de un delito del mismo género cometido fuera de España.
  • Ne bis in idem (artículo 4.5): no se concede si la persona ha sido juzgada o lo está siendo en España por los mismos hechos; tampoco si se ha extinguido la responsabilidad criminal (artículo 4.4).
  • Principio de especialidad (artículo 21): la persona entregada no puede ser juzgada ni sometida a restricción de libertad por hechos anteriores y distintos de los que motivaron la extradición sin una autorización ampliatoria. No hace falta si, pudiendo abandonar el territorio, permanece en él más de cuarenta y cinco días o regresa.
  • Garantías sobre las penas (artículo 4.6): no se concede si el Estado requirente no garantiza que la persona no será ejecutada ni sometida a penas que atenten contra su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes. Si la condena se dictó en rebeldía y no permitiría su imposición en España a quien no estuvo presente, se exige la garantía de un nuevo juicio (artículos 2 y 4.7).
  • Tribunales de excepción (artículo 4.3) y asilo (artículo 4.8): no se concede si la persona va a ser juzgada por un tribunal de excepción o si se le ha reconocido la condición de asilado.
  • Naturaleza del delito (artículo 4.1 y 4.2): no se concede por delitos políticos (no se consideran tales los actos de terrorismo, los crímenes contra la humanidad ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de su familia), militares, cometidos a través de medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión, ni los perseguibles solo a instancia de parte.
  • Causas facultativas (artículo 5): puede denegarse si hay razones fundadas para creer que se pide para perseguir por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o si la persona es menor de dieciocho años y reside habitualmente en España y la extradición podría impedir su reinserción social.

C. La orden europea de detención y entrega

La pertenencia de España a la Unión Europea ha cambiado el régimen de la extradición entre Estados miembros. La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro para que otro detenga y entregue a una persona reclamada para el ejercicio de acciones penales o para el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad (artículo 34 de la Ley 23/2014). Surge del impulso del Consejo Europeo de Tampere de 1999, que consagró el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, y de la Decisión Marco 2002/584/JAI. Se introdujo en España por la Ley 3/2003, de 14 de marzo, que quedó derogada por la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que la regula hoy.

  • Autoridad que ejecuta: el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (artículo 35.2).
  • Hechos que dan lugar a la entrega (artículo 47): si el delito pertenece a una de las categorías enumeradas en el artículo 20.1 (terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, corrupción, blanqueo, homicidio voluntario, etc.) y está castigado en el Estado emisor con una pena de al menos tres años de duración máxima, la entrega se acuerda sin control de la doble tipificación. En los demás casos, si la pena máxima es de al menos doce meses, o la reclamación tiene por objeto cumplir una condena no inferior a cuatro meses, la entrega puede supeditarse a que los hechos sean también delito en España. Esto supone «quebrar» el principio de doble incriminación.
  • Nacionales: ya no rige la regla de no entrega de los propios nacionales, pero si la orden se emite para ejecutar una pena y la persona es española o reside en España, puede denegarse la ejecución salvo que consienta en cumplirla en el Estado emisor (artículo 48.2.b), y, si se emite para enjuiciar, la entrega puede condicionarse a que la persona sea devuelta a España para cumplir la pena (artículo 55.2).
  • Causas de denegación (artículo 48, redactado por la LO 1/2025, en vigor desde el 3 de abril de 2025): entre otras, el indulto en España, una resolución definitiva por los mismos hechos en otro Estado miembro y que la persona no pueda ser aún considerada penalmente responsable por su edad.
  • Plazos (artículos 51 y 54): la audiencia de la persona detenida se celebra en el plazo de setenta y dos horas desde que es puesta a disposición judicial; si consiente la entrega, la resolución se adopta en diez días; si no, el plazo máximo para una resolución firme es de sesenta días desde la detención, prorrogable por otros treinta.

En las relaciones entre Estados miembros, la orden europea de detención y entrega sustituye así al procedimiento tradicional de extradición y a la Ley 4/1985, que sigue aplicándose en las solicitudes de terceros Estados.

Fuentes: Constitución Española (BOE); Ley 4/1985, de Extradición Pasiva (BOE); Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE); Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE (BOE).