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Estructura externa de la ley penal

Escritorio con documentos legales, libro de leyes cerrado y bolígrafo sobre libreta, evocando estructura legal

La ley penal es un acto de las Cortes Generales sometido a los procedimientos que prevé la Constitución, y ese origen determina su estructura externa: quién la dicta, con qué rango, cómo se tramita y cómo se publica.

Quién dicta la ley penal

El art. 66.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Los arts. 81 y siguientes regulan los tipos de leyes existentes, el procedimiento legislativo, la promulgación, la sanción y, en general, la creación de leyes. En materia penal son principalmente aplicables los arts. 87, 88, 89, 90 y 91.

Tipos de normas con rango de ley

De acuerdo con la Constitución, las normas con rango de ley son la ley orgánica, la ley ordinaria, el decreto legislativo (arts. 82 a 85) y el decreto-ley (art. 86). Para el Derecho penal tiene especial importancia lo siguiente:

  • Ley orgánica (art. 81): son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Como las leyes penales afectan a derechos fundamentales, singularmente la libertad, se elaboran a través de ley orgánica: el Código Penal es la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, y sus reformas (LO 5/2010, LO 1/2015, LO 14/2022 o LO 1/2026, entre otras) también revisten esa forma.
  • Decreto-ley (art. 86): no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, por lo que no es instrumento válido para crear delitos o penas.
  • Decreto legislativo (arts. 82 a 85): sólo cabe delegación legislativa en materias no incluidas en el art. 81, de modo que tampoco sirve para legislar sobre delitos y penas.

Tramitación

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado (art. 87.1). Según el art. 87.3, no procede la iniciativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia, lo que excluye que una iniciativa popular pueda reformar el Código Penal. Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros y se someten al Congreso (art. 88), el Senado dispone de dos meses para vetar o enmendar el texto (art. 90) y el Rey sanciona las leyes en el plazo de quince días y ordena su publicación (art. 91). En la práctica, las leyes entran en vigor, salvo disposición en contrario, a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado (art. 2.1 del Código Civil).

Estructura externa del Código Penal

El Código Penal vigente se compone de un Título preliminar (garantías penales y aplicación de la ley penal, arts. 1 a 9), un Libro I (disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, las medidas de seguridad y demás consecuencias, arts. 10 a 137) y un Libro II (delitos y sus penas, desde el art. 138). El Libro III, dedicado a las faltas, quedó sin contenido tras la LO 1/2015, que derogó sus artículos. Cierran el texto disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. La exigencia de ley como única fuente de delitos y penas es el contenido de la legalidad penal.

Fuentes: Constitución Española (BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE).