El principio de legalidad penal significa que no puede existir delito ni pena si no están establecidos previamente en una ley (arts. 25.1 CE y 1.1 CP). De él se derivan varias consecuencias, que se estudian con las garantías del principio de legalidad: la exigencia de ley escrita (lex scripta), previa (lex praevia), cierta (lex certa) y estricta (lex stricta).
La exigencia de lex scripta: la ley como única fuente directa del Derecho penal
El sistema de fuentes del Derecho penal es distinto del de otras ramas del ordenamiento (ley, costumbre y principios generales del Derecho). En Derecho penal rige la reserva de ley: no puede existir delito ni pena que no estén establecidos en la ley. Esto supone una doble exigencia:
- La voluntad de crear normas penales corresponde únicamente al Estado.
- Esa voluntad debe expresarse mediante una ley formal, votada en Cortes. Por tanto, la única fuente directa del Derecho penal es la ley penal, y la costumbre no puede ser fuente de delitos ni de penas.
El rango de la ley penal: la exigencia de ley orgánica
Los delitos y las penas solo pueden establecerse mediante ley orgánica. El artículo 81.1 CE reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y toda ley penal supone un desarrollo de un derecho fundamental, porque todo mandato penal limita la libertad. La aprobación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). El Código Penal es, por eso, la Ley Orgánica 10/1995, y las reformas penales posteriores también se aprueban por ley orgánica.
Fuera de la ley orgánica como fuente directa, las demás fuentes del ordenamiento solo pueden incidir en el Derecho penal de manera indirecta.
Las remisiones normativas: leyes penales en blanco
Las leyes penales en blanco establecen la pena y describen la conducta de forma incompleta, de modo que el presupuesto de hecho (el «blanco») debe completarse acudiendo a otras normas, que pueden no tener rango de ley orgánica. Es una técnica que se debe utilizar con cautela. Ejemplos: el artículo 379.1 CP castiga a quien conduzca a velocidad superior en sesenta o en ochenta kilómetros por hora a la «permitida reglamentariamente», y el artículo 325 CP sanciona los vertidos y emisiones que contravengan las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente.
El Tribunal Constitucional ha admitido esta técnica siempre que se cumplan tres requisitos: que el reenvío sea expreso y esté justificado por el bien jurídico protegido; que la ley penal contenga el núcleo esencial de la prohibición, además de la pena; y que se satisfaga la exigencia de certeza (STC 127/1990, de 5 de julio, según la exposición de InDret).
Las causas de justificación
Las causas de justificación son otra vía por la que otras ramas del ordenamiento inciden en el Derecho penal. En determinados casos el ordenamiento permite violar una norma penal. Así, el artículo 20.4 CP exime de responsabilidad a quien obra en legítima defensa si concurren los requisitos legales, y el artículo 20.7 CP a quien actúa en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. Estas causas no se recogen solo en el Código Penal: el derecho de retención que el artículo 1600 del Código Civil reconoce a quien ejecuta una obra en cosa mueble puede justificar que no se restituya la cosa, conducta que de otro modo podría integrar la apropiación indebida del artículo 253 CP.
El Derecho de la Unión Europea y el Derecho internacional
Derecho de la Unión Europea
La incidencia puede ser doble:
- Negativa. Si una norma penal interna contradice una norma de la Unión, esta prevalece y la norma del Código Penal no se aplica en ese caso.
- Armonizadora. La Unión puede aprobar directivas que armonicen las legislaciones penales nacionales. Esas directivas no crean delitos de forma directa: es necesario trasponerlas mediante una ley orgánica, para respetar la exigencia de legalidad.
Derecho internacional
Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE). Su celebración requiere autorización de las Cortes en los casos del artículo 94 CE, y mediante ley orgánica cuando el tratado atribuye a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93 CE). Existen tratados que tipifican delitos y penas, y que establecen reglas de competencia distintas de las nacionales. De ahí que pueda hablarse de Derecho penal internacional, con tribunales internacionales competentes para aplicar esas normas, como la Corte Penal Internacional.
El principio del hecho
Del artículo 25.1 CE, que habla de «acciones u omisiones», se deduce el principio del hecho: solo pueden castigarse comportamientos que se exterioricen a través de hechos. De ello se desprende que:
- Con el pensamiento no se delinque: hay que exteriorizarlo en algún hecho.
- La forma de ser o de vivir del autor no puede tomarse en cuenta para establecer un delito; solo se castiga lo que se hace en el mundo exterior. Es lo contrario al Derecho penal de autor, que castiga por la forma de ser o de vivir.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE) (arts. 9.3, 25.1, 81, 93, 94 y 96).
