Portada » Parte general » Ilícito penal e ilícito administrativo: cómo se diferencian

Ilícito penal e ilícito administrativo: cómo se diferencian

Bodegón con balanza y documentos legales que evoca la diferencia entre delitos y sanciones administrativas

El ilícito penal (el delito) y el ilícito administrativo (la infracción administrativa) son manifestaciones del mismo poder sancionador del Estado, y la pena y la sanción administrativa son sus respectivas consecuencias. Distinguirlos no es fácil, porque no existe un «delito administrativo»: lo que hay son infracciones administrativas y delitos, y la frontera entre unas y otros la traza el legislador. Los criterios de diferenciación son los siguientes.

Un criterio cuantitativo: la gravedad

La diferencia entre un delito y una infracción administrativa, y entre una pena y una sanción administrativa, no es sustancial o cualitativa, puesto que ambas son distintas manifestaciones de un mismo poder sancionador. Es puramente cuantitativa: los ilícitos penales deben ser los más graves de todo el ordenamiento jurídico y las sanciones penales, en consonancia, las más graves, lo que suele llamarse la «artillería pesada» de que dispone el ordenamiento. Conforme al Código Penal pueden imponerse penas privativas de libertad de hasta cuarenta años por acumulación de condenas (artículo 76) y, en los delitos más graves, la prisión permanente revisable.

Un criterio cualitativo: finalidades distintas

Por algún sector de la doctrina se ha sostenido que la diferencia, además de cuantitativa, es también cualitativa y tiene que ver con los criterios desde los que se les contempla y las finalidades que persiguen:

  • El Derecho penal persigue proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad.
  • El Derecho administrativo sancionador persigue ordenar de modo general sectores de actividad, reforzando mediante sanciones un determinado modelo de gestión sectorial. Por eso no tiene por qué seguir criterios de lesividad o peligrosidad, sino más bien de afectación general medida estadísticamente.

La privación de libertad, reservada a los jueces

Como la pena privativa de libertad es la sanción más grave de que dispone el ordenamiento, el criterio cuantitativo impediría su utilización por el Derecho administrativo. Así lo consagra el artículo 25.3 de la Constitución: «la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad».

Sin embargo, la Administración sí puede imponer otras sanciones, como multas, privación del permiso de conducir o suspensión en un determinado cargo o empleo público. Y como esas mismas consecuencias figuran también como penas en los artículos 32 y siguientes del Código Penal, surge el problema de decidir si en el caso concreto estamos ante una sanción penal o ante una sanción administrativa.

  • En principio, para determinarlo bastaría con acudir al criterio cuantitativo y analizar la gravedad de la sanción.
  • En la práctica, el criterio decisivo suele ser el órgano que impone la sanción: cualquiera que sea su gravedad, si la impone un órgano judicial será una sanción penal que trae causa de un ilícito penal, y si la impone un órgano administrativo será una sanción administrativa que trae causa de un ilícito administrativo.
  • Una misma consecuencia puede tener naturaleza distinta según quién y por qué la imponga. Por ejemplo, el artículo 34 del Código Penal aclara que no son penas las multas y correcciones que se impongan en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, ni las privaciones de derechos y sanciones que establezcan las leyes civiles o administrativas.

El paso de las faltas a las infracciones administrativas

La frontera se mueve con las reformas legislativas. La Ley Orgánica 1/2015 suprimió las faltas del Código Penal: algunas conductas pasaron a ser delitos leves (artículo 13.3 del Código Penal) y otras dejaron de ser infracción penal para tratarse, en su caso, como infracciones administrativas. Es un ejemplo de que la decisión de qué conductas merecen una pena y cuáles una sanción administrativa corresponde al legislador, en función de la gravedad que les atribuya.

Prohibición de doble sanción: non bis in idem

La posibilidad de imponer por unos mismos hechos, al mismo autor, de forma acumulativa, una sanción penal y una sanción administrativa está, como regla general, excluida por el principio non bis in idem. Según la doctrina del Tribunal Constitucional (desde la sentencia 2/1981), esa prohibición exige que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento, y la legislación administrativa actual la recoge: el artículo 31.1 de la Ley 40/2015 impide sancionar los hechos que ya lo hayan sido penal o administrativamente cuando concurre esa triple identidad.

Esta regla se completa con la preferencia de la jurisdicción penal sobre la Administración cuando los hechos pueden ser constitutivos de delito (sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983) y con la vinculación de la Administración a los hechos que declaren probados las resoluciones judiciales penales firmes (artículo 77.4 de la Ley 39/2015).

Fuentes: Constitución Española (BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE); Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (BOE).