La interpretación de la ley penal es la operación mediante la cual el juez fija el sentido de un precepto para decidir si un hecho concreto cabe en él. Está permitida y es inevitable; lo que el principio de legalidad prohíbe es la analogía que perjudica al reo, es decir, aplicar la ley a un supuesto que ningún sentido posible de sus palabras comprende. El artículo 4.1 del Código Penal lo expresa así: «las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas». En términos parecidos, el artículo 4.2 del Código Civil dispone que las leyes penales no se aplican a supuestos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
La interpretación: métodos y resultados
La prohibición de la analogía in malam partem no implica en absoluto prohibición de interpretar. Lo que exige el principio de legalidad es que el juez interprete dentro del tenor literal del precepto, esto es, en el marco delimitado por el sentido literal posible del texto de la ley.
Dentro de ese marco, el juez fija el sentido de la norma acudiendo a los métodos hermenéuticos admitidos en Derecho, que enumera el artículo 3.1 del Código Civil (el sentido propio de las palabras, el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de aplicarse, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las normas):
- Gramatical o literal: el significado de las palabras de la ley.
- Histórico: los antecedentes legislativos y la voluntad del legislador.
- Sistemático: el lugar del precepto en el conjunto del ordenamiento.
- Teleológico: el fin y el bien jurídico que protege la norma.
Según su sujeto, la interpretación puede ser auténtica (la hace el propio legislador, como cuando el artículo 239 del Código Penal precisa que se consideran llaves las tarjetas magnéticas o perforadas y los mandos de apertura a distancia, o el artículo 24 define qué es autoridad y funcionario público), judicial (la de los tribunales, en especial la jurisprudencia del Tribunal Supremo) y doctrinal (la de los autores).
Según el resultado alcanzado, se distingue entre interpretación declarativa, restrictiva y extensiva:
- Restrictiva es la que, entre los posibles sentidos del texto, se inclina por el que abarca el menor número de supuestos.
- Extensiva es la que elige el sentido más amplio de los posibles.
- Declarativa es la que se limita a constatar que el significado del texto coincide con lo que dice su letra.
Interpretación y analogía
Esta concepción de la aplicación judicial del Derecho penal se aleja de la vinculación estricta a la ley que exigía originariamente el principio de legalidad. La cuestión es delimitar cuándo la subsunción de un hecho en la norma penal es correcta porque se hace en virtud de una interpretación, aunque sea extensiva, y cuándo se trata de una aplicación analógica de la norma, prohibida.
Mientras que la interpretación busca un sentido del texto legal que se encuentre dentro de su «sentido literal posible», la analogía supone la aplicación de la ley a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo a otros que sí lo están. La interpretación extensiva llega hasta el límite del tenor literal; la analogía comienza donde este termina.
La doctrina del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional ha concretado esta frontera desde el artículo 25.1 de la Constitución. Según su doctrina (STC 137/1997 y, entre otras, STC 25/2022), hay una aplicación analógica o extensiva in malam partem que vulnera el derecho a la legalidad penal cuando la subsunción carece de razonabilidad hasta el punto de resultar imprevisible para sus destinatarios, bien por apartarse del tenor literal del precepto, bien por seguir pautas valorativas que chocan con el orden constitucional, bien por utilizar modelos de argumentación no aceptados por la comunidad jurídica.
Analogía a favor del reo y vacíos de punibilidad
La prohibición alcanza a la analogía que perjudica al reo. La analogía in bonam partem (a su favor) no está vedada: el propio Código Penal la admite, por ejemplo, en la atenuante del artículo 21.7, que permite apreciar «cualquier otra circunstancia de análoga significación» a las demás atenuantes.
Cuando un juez advierte una conducta que, sin estar penada por la ley, estima digna de represión, el artículo 4.2 del Código Penal le obliga a abstenerse de todo procedimiento y a exponer al Gobierno las razones por las que debería ser objeto de sanción penal. Y cuando la aplicación rigurosa de la ley resulte en una pena notablemente excesiva, el artículo 4.3 le permite acudir igualmente al Gobierno para proponer la modificación del precepto o la concesión de indulto, sin dejar de ejecutar la sentencia.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Código Civil (BOE); Sentencia del Tribunal Constitucional 25/2022 (HJ).
