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La inviolabilidad de los diputados, senadores y otros cargos públicos

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La inviolabilidad es la prerrogativa en virtud de la cual determinados cargos públicos no responden jurídicamente de las opiniones que expresan en el ejercicio de sus funciones. En el caso de los diputados y senadores la recoge el artículo 71.1 de la Constitución: «los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones».

Qué dice el artículo 71 de la Constitución

El artículo 71 reúne tres garantías distintas que conviene no confundir:

  • Inviolabilidad (art. 71.1): protege las opiniones manifestadas en el ejercicio de las funciones parlamentarias.
  • Inmunidad (art. 71.2): durante el mandato, los diputados y senadores solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (el llamado suplicatorio).
  • Fuero especial (art. 71.3): en las causas contra diputados y senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La inviolabilidad es la única de las tres que impide en sí misma la responsabilidad: la inmunidad y el fuero son garantías de procedimiento, que afectan a cómo y ante quién se les puede juzgar, pero no excluyen que se les juzgue.

Alcance de la inviolabilidad

El Tribunal Constitucional ha interpretado la inviolabilidad de forma estricta, para que no se convierta en un privilegio que lesione los derechos fundamentales de terceros (STC 51/1985). De su doctrina se desprende que:

  • Solo cubre las declaraciones de juicio o de voluntad (opiniones y votos) emitidas en el ejercicio de la función parlamentaria, es decir, en actos propios de las Cámaras y de sus órganos.
  • No ampara cualquier conducta del parlamentario ni lo que dice a título personal o en actos ajenos a la actividad parlamentaria, aunque tenga la condición de diputado o senador.
  • Su efecto es permanente: la irresponsabilidad por lo dicho en el ejercicio de la función se mantiene una vez terminado el mandato.
  • Tiene naturaleza sustantiva: no hay que pedir autorización a la Cámara para que opere, a diferencia de la inmunidad, que depende de la autorización de la Cámara y cuya denegación ha sido objeto de control por el Tribunal Constitucional (STC 243/1988).

Otros cargos inviolables

La inviolabilidad no es exclusiva de los parlamentarios nacionales. También gozan de ella, por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo:

  • El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1981, que además reserva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las decisiones sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio.
  • Los Magistrados del Tribunal Constitucional, según su ley orgánica reguladora.
  • Los diputados de los parlamentos de las Comunidades Autónomas, en los términos de los respectivos Estatutos de Autonomía.
  • Los miembros del Parlamento Europeo, de acuerdo con el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

Los miembros del Congreso, del Senado, de las asambleas legislativas autonómicas y del Parlamento Europeo tienen además la consideración de autoridad a efectos penales (art. 24.1 del Código Penal).

Naturaleza jurídica de la inviolabilidad

La cuestión más controvertida ha sido cuál es su naturaleza jurídica. La doctrina la ha entendido básicamente de dos formas:

  • Un sector la considera una excusa absolutoria, es decir, un supuesto de exclusión personal de la punibilidad: el hecho es típico, antijurídico y culpable, pero no se castiga al parlamentario por razón de su cargo.
  • Otro grupo de autores sostiene que es una causa de justificación expresamente prevista por el ordenamiento: el hecho, realizado en el ejercicio legítimo de la función, no es antijurídico.

La discusión tiene consecuencias prácticas. Si se trata de una excusa absolutoria de carácter personal, solo beneficia al parlamentario; si es una causa de justificación, el hecho es lícito y alcanza también a quienes hubieran participado en él. El Tribunal Constitucional la configura como una prerrogativa de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de quien la ostenta por sus opiniones y votos, y que la doctrina penal discute si encuadrar en una u otra categoría.

Fuentes: Constitución Española (texto consolidado, BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo (BOE); Sentencia del Tribunal Constitucional 243/1988 (BOE).