Los artículos 1 y 14 de la Constitución establecen como principio fundamental del ordenamiento la igualdad en la aplicación de la ley. Normalmente todas las personas son iguales ante la ley penal. Existen, sin embargo, ciertas prerrogativas que se conceden no en atención a la persona, sino al cargo que ocupa, para proteger la función que desempeña y la independencia de las instituciones; por eso se sostiene que no vulneran el principio de igualdad. Son la inviolabilidad, la inmunidad y los fueros especiales o aforamientos.
1. La inviolabilidad del Jefe del Estado
El artículo 56.3 de la Constitución dispone que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», y que sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo. Desde 2014, el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 4/2014) atribuye a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo la tramitación y el enjuiciamiento de las acciones civiles y penales dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o el Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o la Reina que hubiere abdicado y su consorte.
2. La inviolabilidad de diputados, senadores y otros cargos públicos
La inviolabilidad impide perseguir y castigar las opiniones expresadas, y en algunos casos los actos realizados, en el ejercicio de las funciones propias del cargo. Alcanza a:
- Diputados y senadores: son inviolables «por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones» (artículo 71.1 de la Constitución).
- El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos: no pueden ser detenidos, expedientados, multados, perseguidos o juzgados en razón a las opiniones que formulen o a los actos que realicen en el ejercicio de las competencias propias de su cargo (artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1981).
- Los magistrados del Tribunal Constitucional: no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones (artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).
- Los miembros de los Parlamentos de las comunidades autónomas, en los términos de sus Estatutos de Autonomía.
- Los eurodiputados, que no pueden ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones (artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea).
3. La inmunidad
Las inmunidades son obstáculos procesales para detener o procesar a una persona por los hechos que se le imputan mientras ocupa el cargo. Gozan de ellas:
- Diputados y senadores: durante su mandato solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (el llamado suplicatorio). En las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (artículo 71.2 y 71.3 de la Constitución). Es una inmunidad más amplia que la de los demás cargos.
- El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos: no pueden ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, y la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (artículo 6.3 de la Ley Orgánica 3/1981).
- Jueces y magistrados en servicio activo: solo pueden ser detenidos por orden de juez competente o en caso de flagrante delito (artículo 398 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
- Los parlamentarios autonómicos: tienen una inmunidad restringida, regulada en cada Estatuto de Autonomía, que suele limitarse a que solo puedan ser detenidos en caso de flagrante delito.
- Los eurodiputados: durante el período de sesiones gozan, en su Estado, de las inmunidades reconocidas a los miembros del parlamento nacional y, en cualquier otro Estado miembro, de no ser objeto de detención ni de procedimiento judicial; el Parlamento Europeo puede levantar la inmunidad (artículo 9 del Protocolo n.º 7). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinó su alcance en la sentencia de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-502/19, Junqueras Vies).
4. Los aforamientos de los cargos públicos
Los fueros especiales o aforamientos hacen que determinadas personas solo puedan ser investigadas y juzgadas por ciertos órganos: el hecho se sustrae al juez ordinario y se atribuye a un órgano de mayor rango. No son una exención de responsabilidad, sino una regla especial de competencia.
Ante el Tribunal Supremo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es la competente para instruir y enjuiciar las causas contra el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, el Fiscal General del Estado, los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, el Fiscal Europeo, el Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo, así como las causas que determinen los Estatutos de Autonomía (artículo 57.1.2.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial). También instruye y enjuicia las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia y contra los fiscales europeos delegados (57.1.3.º). Para la instrucción se designa a un magistrado de la Sala que no formará parte del tribunal que enjuicie (57.2). La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno es exigible ante esta Sala (artículo 102.1 de la Constitución); si la acusación es por traición o por delito contra la seguridad del Estado, solo puede plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta (artículo 102.2).
Como ejemplo reciente, la Sala de lo Penal, constituida por siete magistrados, enjuició al Fiscal General del Estado y lo condenó por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación (fallo conocido el 20 de noviembre de 2025).
Ante los Tribunales Superiores de Justicia
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conoce de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan a este tribunal (por ejemplo, contra miembros del gobierno o del parlamento autonómico, según el Estatuto de cada comunidad) y de las causas contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que no corresponda al Supremo (artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: sin aforamiento
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no están aforados. El artículo 8.1 de la Ley Orgánica 2/1986 establece que la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de los delitos cometidos contra ellos y de los cometidos por ellos en el ejercicio de sus funciones. La atribución a la Audiencia Provincial de la instrucción de estas causas, que preveía ese precepto, fue declarada inconstitucional y nula por la STC 55/1990, de 28 de marzo.
Fuentes: Constitución Española (BOE); Ley Orgánica del Poder Judicial (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo (BOE); Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (BOE); Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE); El Supremo condena al fiscal general (RTVC).
