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El delito de suposición de parto y modificación de filiación

Mesa sobria con libros legales, zapatos de bebé y papel en blanco, simbolizando la suposición de parto

El artículo 220 del Código Penal regula la suposición de parto y otras alteraciones de la filiación de un menor. Se encuentra en el Capítulo II del Título XII del Libro II, «De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor» (artículos 220 a 222), dentro de los delitos contra las relaciones familiares.

La suposición de parto consiste en el engaño mediante la simulación de embarazo.

Delito de suposición de parto (art. 220.1)

El apartado 1 del artículo 220 dispone: «La suposición de un parto será castigada con las penas de prisión de seis meses a dos años». Es una pena menos grave (art. 33.3 a) del Código Penal).

La suposición de parto equivale a simular un embarazo o un parto que no se ha producido. Para que la conducta sea delito no basta con fingir el embarazo: hace falta que se presente a un recién nacido como fruto de ese parto simulado, es decir, que la simulación se proyecte sobre la filiación y haga pasar por hijo de una mujer a un niño que no lo es.

Por eso la autora del delito es la mujer que simula el embarazo y el parto. Ello no excluye la responsabilidad de quienes colaboran: pueden intervenir partícipes, ya sea como cooperadores necesarios o como cómplices, y si son médicos, matronas o personal sanitario concurre además la agravación del artículo 222 (véase más abajo). Es un delito doloso: se exige conocimiento y voluntad de engañar sobre la filiación del niño.

Delito de modificación de la filiación (art. 220.2)

El apartado 2 castiga con la misma pena a quien «ocultare o entregare a terceros una persona menor de dieciocho años para alterar o modificar su filiación». Esta redacción procede de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que sustituyó la antigua referencia a «un hijo» por la de «una persona menor de dieciocho años».

De este precepto se extraen varias conclusiones:

  • Sujeto activo: el tipo habla de «quien» oculta o entrega al menor, de modo que puede ser cualquier persona. No se limita al padre o a la madre, aunque en la práctica suelen ser quienes ocultan o entregan al hijo. Si el autor es ascendiente, el apartado 4 permite agravar la respuesta penal.
  • Sujeto pasivo: el propio menor de dieciocho años. Quedan fuera las personas adultas con discapacidad, cuyo estado civil se protege por otras vías.
  • Elemento subjetivo: es un delito doloso que exige además una finalidad específica, la de «alterar o modificar» la filiación. Si esa finalidad no existe, los hechos pueden constituir otros delitos, como el abandono de un menor del artículo 229 o la sustracción de menores del artículo 225 bis, según las circunstancias.

Otros apartados y preceptos relacionados

  • Art. 220.3: la sustitución de un niño por otro se castiga con prisión de uno a cinco años.
  • Art. 220.4: los ascendientes, por naturaleza o por adopción, que cometan los hechos de los tres apartados anteriores podrán ser castigados además con inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, de cuatro a diez años.
  • Art. 220.5: las sustituciones de niños en centros sanitarios o sociosanitarios por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia se castigan con prisión de seis meses a un año.
  • Art. 221: entrega de un menor a otra persona mediando compensación económica, eludiendo los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción (prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial de cuatro a diez años).
  • Art. 222: si los hechos de los dos artículos anteriores los realiza un educador, facultativo (médicos, matronas, personal de enfermería y otro personal sanitario o sociosanitario), autoridad o funcionario público en el ejercicio de su cargo, se le impone además inhabilitación especial de dos a seis años.

Prescripción y bebés robados

Las penas del artículo 220.1 y 220.2 no superan los dos años de prisión, por lo que el plazo general de prescripción es de cinco años (art. 131.1 del Código Penal). Sin embargo, el artículo 132.1 prevé que en los delitos contra las relaciones familiares cuyo sujeto pasivo es un menor de dieciocho años el plazo no se cuenta desde los hechos, sino desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

Esta cuestión fue decisiva en el caso del doctor Eduardo Vela, uno de los primeros juicios por «bebés robados». En octubre de 2018 la Audiencia Provincial de Madrid consideró probados los hechos, entre ellos la suposición de parto, pero lo absolvió por prescripción al contar el plazo desde la mayoría de edad de la víctima, en 1987. La Fiscalía y la víctima recurrieron la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Legal Today, absolución del doctor Vela por prescripción (8 de octubre de 2018).

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Artículo realizado por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.

Imagen: Cadena Dial