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Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo

Complejo de edificios rodeado de zonas verdes recién urbanizadas

Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, también llamados delitos urbanísticos, son los que protegen la ordenación del territorio frente a las obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables y frente a las autoridades y funcionarios que las facilitan. Se regulan en el Capítulo I del Título XVI del Libro II del Código Penal, artículos 319 y 320. La Ley Orgánica 5/2010 dio al capítulo su denominación actual, «De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo», y, según su exposición de motivos, la referencia al urbanismo respondió a la necesidad de ampliar las conductas típicas y de agravar las consecuencias jurídicas.

El Título XVI agrupa en un mismo bloque los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, junto con los delitos contra el patrimonio histórico, y les aplica unas disposiciones comunes.

Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido es la ordenación del territorio, es decir, el uso racional y ordenado del suelo conforme al planeamiento urbanístico y a las normas de protección del medio y del patrimonio. A medida que se urbaniza más, el territorio necesita límites; el Derecho penal interviene, como último recurso, frente a los abusos de intereses particulares que pueden causar un grave daño al territorio. Las infracciones de menor entidad, y en particular las obras que podrían legalizarse, se resuelven en la vía administrativa de la disciplina urbanística, que regulan las leyes autonómicas.

Construcciones no autorizadas (artículo 319 del Código Penal)

Conducta típica

Los apartados 1 y 2 del artículo 319 castigan a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables. La Ley Orgánica 5/2010 unificó la conducta típica en ambos apartados, que se distinguen únicamente por el suelo o lugar sobre el que se realizan las obras: el apartado 1 se refiere a los suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares con valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural reconocido legal o administrativamente, o considerados de especial protección por esos motivos; el apartado 2, al suelo no urbanizable.

Las obras solo son típicas si no son «autorizables». Según la interpretación del Tribunal Supremo, el adjetivo reserva el delito para los supuestos en que la obra no puede legalizarse conforme a la normativa urbanística y de ordenación del territorio vigente: si es legalizable, la infracción es administrativa. El delito se consuma con la ejecución de la obra no autorizable y no exige que se produzca un daño añadido. Se trata de un tipo doloso (se admite el dolo eventual): no existe una modalidad imprudente, porque las acciones imprudentes solo se castigan cuando la ley lo dispone expresamente (artículo 12).

Sujeto activo

Solo pueden ser sujetos activos, conforme al artículo 319, los promotores, constructores o técnicos directores. La interpretación de esta enumeración ha sido objeto de disputa en la doctrina y en la jurisprudencia:

  • Para una opinión, se trata de un delito especial, porque se requiere la profesionalidad del sujeto activo. Es claro en el técnico director, que necesariamente ha de ser un titulado universitario.
  • Para otra, solo el técnico director encajaría en el carácter de delito especial, porque para los demás (promotores y constructores) no está claro que se requiera una cualificación especial.

El Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto en varias resoluciones (sentencias de la Sala de lo Penal de 26 de junio de 2001, 14 de mayo de 2003, 29 de noviembre de 2006 y 27 de noviembre de 2009) señalando que puede ser sujeto activo quien de hecho se dedique a la promoción y construcción, porque lo que interesa al Derecho penal es la afección al bien jurídico y no las características del autor: es igual de grave para la ordenación del territorio la promoción o construcción realizada por un particular que por un profesional. Conforme a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, el promotor es cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que impulsa, programa y financia las obras.

Objeto material: suelos y lugares

El único elemento de diferenciación entre el apartado 1 y el apartado 2 del artículo 319 es el suelo sobre el que se ejecutan las obras. Para saber si el terreno encaja en cada categoría hay que acudir a normas ajenas al Código Penal:

  • Viales y zonas verdes: al planeamiento urbanístico del municipio (el plan general de ordenación urbana).
  • Bienes de dominio público: a la pluralidad de normas administrativas que lo regulan, como el texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001), la Ley 22/1988, de Costas (modificada por la Ley 2/2013) o la Ley 43/2003, de Montes.
  • Valor paisajístico y ecológico: a la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyas categorías de espacios protegidos incluyen los parques, las reservas naturales, las áreas marinas protegidas, los monumentos naturales y los paisajes protegidos.
  • Valor artístico, histórico o cultural: a la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, cuyo artículo 1.2 integra en el patrimonio los bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, entre ellos los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, los jardines y los parques con valor artístico, histórico o antropológico.
  • Suelos de especial protección: a los que las comunidades autónomas hayan decidido proteger expresamente en el ejercicio de sus competencias.
  • Suelo no urbanizable (apartado 2): al que el planeamiento y la legislación autonómica clasifican como tal, denominado en varias leyes autonómicas suelo rústico. A escala estatal, el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015) distingue únicamente entre suelo rural y urbanizado como situaciones básicas.

Penas y consecuencias

Tras la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 y las adaptaciones posteriores de la Ley Orgánica 1/2015 (que ajustó la regulación de las penas de las personas jurídicas), el artículo 319 prevé:

  • Apartado 1 (suelos de especial protección): prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses (o del tanto al triplo del beneficio obtenido, si fuera superior) e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a cuatro años.
  • Apartado 2 (suelo no urbanizable): prisión de uno a tres años, con las mismas multa e inhabilitación.
  • Demolición (apartado 3): los jueces y tribunales, motivadamente, podrán ordenar a cargo del autor la demolición de la obra y la reposición de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren su pago. Según la doctrina reciente del Tribunal Supremo, la demolición no es una medida excepcional sino la consecuencia ordinaria cuando la obra no es legalizable.
  • Decomiso (apartado 3): en todo caso se decomisan las ganancias del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hayan podido experimentar.
  • Personas jurídicas (apartado 4): cuando sea responsable una persona jurídica conforme al artículo 31 bis, se le impone multa de uno a tres años (o del doble al cuádruple del beneficio, si fuera superior) y pueden imponerse las demás penas de las letras b) a g) del artículo 33.7.

Al ser la pena máxima de cuatro años de prisión, el plazo general de prescripción de estos delitos es de cinco años (artículo 131.1), que se computa desde el día en que se cometió la infracción (artículo 132.1).

Participación de la autoridad o funcionario público (artículo 320 del Código Penal)

El artículo 320 castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, facilita el delito urbanístico por alguna de estas vías:

  • Informes: haber informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación, o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes (apartado 1).
  • Inspecciones: haber silenciado, con motivo de inspecciones, la infracción de esas normas, o haber omitido inspecciones de carácter obligatorio (apartado 1).
  • Resolución o votación: haber resuelto, por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, o votado a favor de la aprobación de esos instrumentos, proyectos o licencias, también a sabiendas de su injusticia (apartado 2).

La pena es la del artículo 404 (inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años) y, además, prisión de un año y seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Es, en realidad, una forma específica de prevaricación administrativa en materia urbanística.

Sujeto activo

Al ser un delito especial, solo pueden ser sujetos activos las autoridades y funcionarios competentes. El concepto penal viene recogido en el artículo 24 del Código Penal: es autoridad quien por sí solo o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado tiene mando o ejerce jurisdicción propia (en todo caso, los miembros del Congreso, el Senado, las asambleas legislativas autonómicas y el Parlamento Europeo, y también los funcionarios del Ministerio Fiscal y los fiscales de la Fiscalía Europea, tras la Ley Orgánica 9/2021), y es funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

Tipo subjetivo

No basta con el dolo: es necesario que el funcionario actúe a sabiendas de la injusticia de su informe, resolución o voto. No existe una modalidad imprudente y, por la exigencia de ese conocimiento, la doctrina mayoritaria excluye el dolo eventual.

Diferencia entre infracción urbanística y delito

No toda obra ilegal es delito. La construcción sin licencia o contraria a la licencia, pero legalizable, da lugar a un expediente de disciplina urbanística con multa y orden de legalización o de demolición. Se acude a la vía penal cuando la obra es no autorizable y se ejecuta en alguno de los suelos del artículo 319, o cuando una autoridad o funcionario la ampara a sabiendas de su injusticia. Por eso, en un procedimiento por uso ilegal del suelo, el primer punto de defensa es acreditar si la obra era o no autorizable y quién era promotor, constructor o técnico director.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE). Elaborado a partir de las aportaciones de Alberto Freire Bolaño, graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz (nociones de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa», de Ríos Corbacho), y de Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.