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Alteración de precios en subastas y mercado: arts. 262 y 284 CP

Bodegón sobrio con documentos, balanza y pluma que simbolizan justicia y alteración de precios

La alteración de precios es objeto de dos delitos distintos del Código Penal: la alteración de precios en concursos y subastas públicas (artículo 262) y la alteración de los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia en el mercado (artículo 284). El bien jurídico protegido es la natural formación de los precios, y ambos tienen un régimen civil y mercantil paralelo.

Alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262)

El artículo 262.1 castiga con prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales de tres a cinco años a quienes:

  • solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública;
  • intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio;
  • se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate; o
  • fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación.

Si se trata de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impone además al agente y a la persona o empresa por él representada la inhabilitación especial para contratar con las Administraciones públicas durante tres a cinco años. El artículo 262.2 permite al juez imponer las consecuencias del artículo 129 si el culpable pertenece a una sociedad, organización o asociación que se dedique a estas actividades, y el 262.3, añadido por la LO 14/2022 (en vigor desde el 12 de enero de 2023), exime de responsabilidad criminal a los directores, administradores y otros miembros del personal de una sociedad que pongan fin a su participación y cooperen plena y diligentemente con las autoridades, siempre que cumplan las condiciones de la ley (en particular, que hayan presentado una solicitud de exención de la multa conforme a la Ley de Defensa de la Competencia).

Se discute si este delito es de Derecho penal económico. Muñoz Conde cree que sí; otros autores lo niegan porque la capacidad lesiva del bien económico es más remota y se pretende proteger los mecanismos de concursos y subastas (no solo de la Administración, sino también abiertos a todos).

Alteración de precios en el mercado (art. 284)

La redacción actual del artículo 284 procede de la LO 1/2019, que adaptó el Código Penal a la normativa europea sobre abuso de mercado. Castiga con prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años (o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados, si la cantidad resultante es más elevada) e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero de dos a cinco años a quienes:

  • Numeral 1.º: empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos financieros, contratos de contado sobre materias primas, índices de referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles objeto de contratación, sin perjuicio de la pena por otros delitos.
  • Numeral 2.º: difundieren noticias o rumores, o transmitieren señales falsas o engañosas, sobre personas o empresas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero o manipular un índice de referencia, cuando obtuvieran un beneficio superior a 250.000 euros (o causaran un perjuicio idéntico), los fondos empleados superaran los dos millones de euros o se causara un grave impacto en la integridad del mercado.
  • Numeral 3.º: realizaren transacciones o dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, o se aseguraren una posición dominante en el mercado para fijar precios en niveles anormales o artificiales, con las mismas condiciones de cuantía o impacto.

El artículo 284.2 impone la pena en su mitad superior si el sujeto se dedica habitualmente a estas prácticas o el beneficio, la pérdida evitada o el perjuicio son de notoria importancia, y el 284.3 cuando el responsable es trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o entidad rectora de mercados.

Cambios respecto a la redacción antigua

El artículo 284 de 1995 era un tipo único: castigaba a quienes, difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, o utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios, con prisión de seis meses a dos años o multa de seis a dieciocho meses. Tras la LO 5/2010 se separaron tres numerales y, con la LO 1/2019, las penas se elevaron, se incorporaron los índices de referencia y los contratos sobre materias primas, y el verbo pasó a ser «alterasen». La utilización de información privilegiada ya no está en el artículo 284: se castiga en los artículos 285 (operaciones con información privilegiada) y 285 bis (revelación de información privilegiada).

Con la redacción de 1995 se explicaba que era un delito de peligro y de mera actividad («intentaren alterar») en el que, al tipificarse un intento, no cabía tentativa. Esa lectura debe revisarse tras el cambio de verbo en el numeral 1.º, que la letra de la ley formula ahora como alteración efectiva de los precios. Se exige el dolo (con la finalidad de alterar los precios en los supuestos de los numerales 2.º y 3.º). Hay que recordar además que el artículo 288 permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas por el artículo 284.

Objeto material y precios afectados

El precio de aquellas cosas muebles o inmuebles que estén dentro del comercio. La referencia a la «libre concurrencia» no exige una competencia perfecta, que no existe: se refiere a los precios que no vienen tasados por la Administración, es decir, aquellos en los que hay una oferta y una demanda.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), artículos 262, 284, 285, 285 bis y 288; apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.