El bien jurídico es el interés vital de la persona o de la comunidad (la vida, la libertad, el patrimonio, la salud pública, el medio ambiente…) que el legislador considera digno de protección penal y cuya lesión o puesta en peligro justifica la intervención del Derecho penal. Es uno de los conceptos fundamentales del Derecho Penal y su contenido está sometido a constantes discrepancias, que hoy pueden vincularse a un binomio: las teorías constitucionalistas y las orientaciones sociológicas.
Fundamento constitucional del bien jurídico
La declaración del artículo 1.1 de la Constitución, que define a España como un «Estado social y democrático de Derecho», determina, en línea con la política criminal más moderna, que la función del Derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Esos bienes encuentran su fuente legitimadora primaria en los valores e intereses constitucionales y, de forma complementaria, en las realidades sociales en las que se sitúa la propia concepción formal del Estado.
Si el Derecho penal no protegiera bienes jurídicos, carecería de justificación: no podría explicarse por qué se castiga. Ahora bien, no todos los valores constitucionales exigen la misma intensidad de protección, y algunos no exigen protección penal alguna. Tampoco es necesario que cada bien jurídico penal figure expresamente en la Constitución.
Teorías constitucionalistas y orientaciones sociológicas
- Teorías constitucionalistas: los bienes jurídicos dignos de tutela penal se extraen del marco de valores y derechos de la Constitución, que actúa como límite y como guía para el legislador.
- Orientaciones sociológicas: el bien jurídico se identifica con las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema social y la convivencia. De ahí que el Derecho penal no deba concebirse como protector de valores metafísicos o trascendentales, sino como garantía de las condiciones mínimas de convivencia.
Los bienes jurídicos en el Código Penal
El Libro II del Código Penal ordena los delitos por títulos y capítulos atendiendo, en lo esencial, al bien jurídico protegido: el homicidio y sus formas (título I), las lesiones (título III), la libertad (título VI), la libertad sexual (título VIII) o el patrimonio y el orden socioeconómico (título XIII). Junto a los bienes jurídicos individuales existen bienes jurídicos colectivos o supraindividuales (la salud pública, el medio ambiente, el orden socioeconómico, la Administración de Justicia), de concreción más difícil, que suelen protegerse mediante delitos de peligro. Conocer el bien jurídico de cada delito sirve para interpretarlo, para delimitar su ámbito de aplicación y para resolver los concursos con otras infracciones.
El bien jurídico es también el reverso del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos: solo pueden castigarse las conductas que lesionan o ponen en peligro un bien jurídicamente protegido, y esa exigencia actúa como límite del ius puniendi.
Ultima ratio y expansión del Derecho penal
El Derecho penal solo debe intervenir como último recurso (ultima ratio): es indispensable, pero solo cuando fallan otros instrumentos más moderados. Esto lleva a plantear procesos despenalizadores y a ponderar la dicotomía criminalización-descriminalización. El Tribunal Constitucional ha trasladado esta idea al control de las leyes penales mediante el principio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), cuyo desarrollo sustancial se asocia a la STC 55/1996, de 28 de marzo.
La cuestión es especialmente relevante porque el Derecho penal atraviesa un momento claramente expansivo, con una constante criminalización de conductas. Silva Sánchez ha señalado que la tendencia dominante en las legislaciones de todos los países es introducir nuevos tipos penales y agravar los ya existentes; y Hassemer advirtió de que la política criminal alemana había significado criminalización y descriminalización, pero con reformas que no consistían en descriminalizar, sino en ampliar o incorporar nuevos tipos. En España conviven reformas de signo contrario: la supresión de las faltas por la LO 1/2015 y la eliminación del delito de sedición por la LO 14/2022, junto con la creación de nuevos tipos, como el acoso del artículo 172 ter, introducido en 2015.
Respuestas doctrinales a la expansión
- Reducir el Código Penal a su núcleo mínimo. Hassemer propone que el Derecho penal se despoje de los problemas que han entrado en época reciente y que pueden afrontar el Derecho civil, mercantil o administrativo, de modo que quede limitado a los bienes jurídicos esenciales y respete íntegramente los principios liberales. Como mucho, se podría crear un derecho de intervención situado entre el Derecho penal nuclear y el Derecho administrativo.
- Un Derecho penal de dos velocidades. Silva Sánchez distingue dos ámbitos: el del Derecho penal de la cárcel, en el que deberían respetarse íntegramente los principios político-criminales clásicos, y otro, para sanciones que no implican privación de libertad, en el que cabría flexibilizar garantías y reglas en proporción a la menor intensidad de la sanción.
- Reinterpretar los principios en clave de materialismo histórico. Gracia Martín prioriza conquistar para el Derecho penal el campo de la criminalidad material de las clases poderosas, hoy revestida de apariencia de licitud, antes que centrarse en las garantías.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Constitución Española (texto consolidado, BOE), artículo 1.1; Juan Antonio Lascuraín, «El principio de proporcionalidad penal: cinco retos», Almacén de Derecho.
