Los bienes fundamentales protegidos por el Derecho penal son los bienes jurídicos. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos limita el poder punitivo del Estado: la intervención penal solo se justifica para proteger esos bienes. La puesta en peligro o la lesión de un bien jurídico es la esencia de cualquier delito, y solo se castigan penalmente las conductas que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico. Este principio coincide con el de ofensividad o lesividad.
Concepto de bien jurídico
Un bien jurídico es un interés vital, individual o colectivo, que la sociedad considera digno de protección penal: la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, la salud pública, la Administración de Justicia o el medio ambiente. No es protegible penalmente la mera inmoralidad o la desobediencia de una norma si no se lesiona un bien. Para el estudio general del concepto, véase la entrada sobre el bien jurídico.
Funciones del bien jurídico
- Función limitadora (garantista): el legislador solo puede crear delitos para proteger bienes jurídicos, y el juez no puede castigar conductas que no los lesionan ni los ponen en peligro.
- Función sistemática: el Libro II del Código Penal agrupa los delitos por el bien jurídico protegido (homicidio, lesiones, libertad, patrimonio y orden socioeconómico, Administración pública, etc.).
- Función interpretativa: cada delito debe interpretarse a la luz del bien que protege; si una conducta no afecta a ese bien, no encaja en el tipo.
Lesión y puesta en peligro
El bien jurídico puede resultar afectado de dos maneras. En los delitos de lesión el resultado es un daño efectivo (por ejemplo, la muerte en el homicidio). En los delitos de peligro basta con que el bien se ponga en riesgo, y el peligro puede ser concreto (debe haberse producido realmente) o abstracto (la ley castiga conductas que se consideran peligrosas por sí mismas). Los delitos de peligro abstracto son los que plantean más dudas sobre su compatibilidad con la exigencia de lesividad.
Relación con otros principios
La exigencia de proteger bienes jurídicos se completa con el principio de necesidad o de intervención mínima: el Derecho penal solo debe actuar frente a los ataques más graves a los bienes más importantes, y cuando otros medios menos gravosos no bastan. Es decir, no todo bien jurídico merece protección penal ni frente a toda agresión.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE).
