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Delitos de peligro abstracto

Bodegón sobrio con objetos jurídicos que sugieren peligros legales abstractos y análisis de delitos

Los delitos de peligro abstracto castigan una conducta porque, según la experiencia general, es peligrosa en sí misma para un bien jurídico, sin exigir que en el caso concreto se haya puesto en peligro a nadie ni se haya producido un daño. En su estructura típica objetiva no se diferencian de los delitos de mera actividad: basta con que el autor realice la acción prohibida.

Peligro abstracto y peligro concreto

Los delitos de peligro adelantan la protección penal a un momento anterior a la lesión del bien jurídico. Se distinguen dos grandes grupos:

  • Peligro concreto: el tipo exige que el bien jurídico haya corrido un peligro real, que forma parte del resultado exigido. Es el delito de peligro concreto. Ejemplos: la conducción con temeridad manifiesta que ponga «en concreto peligro» la vida o la integridad de las personas (art. 380.1 CP) o la infracción de las normas de seguridad en la manipulación de explosivos «poniendo en concreto peligro» la vida, la integridad física o la salud (art. 348.1 CP).
  • Peligro abstracto: la ley castiga la conducta peligrosa sin exigir ese resultado de peligro. Ejemplos: conducir a más de sesenta kilómetros por hora sobre la velocidad permitida en vía urbana o más de ochenta en vía interurbana, o hacerlo bajo la influencia de drogas o alcohol, o con una tasa superior a 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado o a 1,2 g/l en sangre (art. 379.1 y 2 CP); el tráfico de drogas (art. 368 CP) o elaborar sin autorización sustancias nocivas para la salud (art. 359 CP).

Dónde se regulan en el Código Penal

Buena parte de los delitos de peligro abstracto está en el Título XVII del Libro II, «De los delitos contra la seguridad colectiva» (arts. 341 a 385 ter), que se divide en cuatro capítulos: delitos de riesgo catastrófico (arts. 341 a 350), incendios (arts. 351 a 358), delitos contra la salud pública (arts. 359 a 378) y delitos contra la seguridad vial (arts. 379 a 385 ter). El Título ha sido reformado en varias ocasiones, entre otras por la LO 15/2007 (seguridad vial), la LO 5/2010, la LO 1/2015 y la LO 2/2019 (imprudencia en la conducción).

Los incendios muestran cómo conviven ambas técnicas en un mismo capítulo: el art. 351 exige que el incendio comporte un peligro para la vida o la integridad física de las personas, mientras que el art. 352 castiga el incendio de montes o masas forestales sin exigir ese peligro, que solo determina la aplicación del art. 351.

Críticas a los delitos de peligro abstracto

La penetración de esta técnica en las legislaciones penales ha provocado discusiones científicas sin conclusiones generalmente aceptadas. Se han formulado tres críticas principales:

  1. Son meras desobediencias. Desde antiguo se ha sostenido que estos delitos son ilícitos menores, «puras desobediencias» que no contienen ninguna puesta en peligro de los bienes jurídicos y que deberían quedar en el Derecho administrativo sancionador. Esta opinión no es necesariamente compartible: los delitos de peligro abstracto responden a la necesidad de una tutela más eficaz de los bienes jurídicos propia de un Derecho penal preventivo, y lo prohibido es siempre una acción peligrosa, es decir, una acción que ex ante puede vincularse con posibilidades objetivas de lesión.
  2. Presumen el peligro. Como la puesta en peligro suele ser difícil de probar, se ha denunciado que el legislador presume iuris et de iure la peligrosidad de la conducta, de modo que el juez no tendría que comprobar un peligro y ni siquiera la prueba de que la acción no era peligrosa excluiría la aplicación de la ley. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha corregido este riesgo: en el art. 379.2 CP, por ejemplo, no se exige un resultado de peligro concreto, pero sí un peligro real, aunque genérico o abstracto, caracterizado por la peligrosidad ex ante de la conducta (STS 48/2020, de 11 de febrero, que citando la STS 419/2017 añade que no cabe la tentativa en este delito). En la misma línea, la STS 105/2022, de 9 de febrero, trata los arts. 379.2 y 384 como delitos de peligro abstracto que protegen la seguridad vial.
  3. Penas desproporcionadas. La entidad del injusto de algunos de estos delitos no se corresponde con la gravedad de la pena. Es difícil justificar que el tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud (art. 368 CP: prisión de tres a seis años) pueda castigarse más severamente que la lesión que requiere tratamiento médico o quirúrgico (art. 147.1 CP: prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses). El propio Código atenúa en parte el problema: el art. 368 permite rebajar la pena en un grado por la escasa entidad del hecho y el art. 385 ter permite hacerlo en los delitos de los arts. 379, 383, 384 y 385 por la menor entidad del riesgo causado.

Pese a estos problemas, se admite que existe la necesidad de prever delitos de peligro abstracto, siempre con carácter excepcional, cuando solo cabe organizar un ámbito social normalizando una conducta. Un comportamiento que solo es arriesgado marginalmente en un caso concreto puede llegar a serlo por su acumulación, por lo que puede ser necesario prohibirlo en todo caso para preservar el modelo de conducta.

Peligro abstracto y resultado lesivo

Cuando el peligro se concreta en una lesión, el Código a veces lo resuelve expresamente. Así, el art. 382 CP dispone que, si con las conductas de los arts. 379, 380 y 381 se ocasiona además un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, se apreciará solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando al resarcimiento de la responsabilidad civil. Fuera de estos supuestos, la relación entre el delito de peligro y el de lesión se resuelve con las reglas del concurso de normas o del concurso de delitos.

No debe confundirse el peligro abstracto con la pena en abstracto (o pena abstracta): esta es la pena que la ley señala para un delito, por oposición a la pena en concreto que el juez impone en la sentencia.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); STS 48/2020, de 11 de febrero y STS 105/2022, de 9 de febrero (peligro abstracto en los delitos contra la seguridad vial).