El principio de necesidad de pena es una exigencia adicional a la culpabilidad: la pena adecuada a la medida de la culpabilidad tendrá que ser, además, necesaria para responder a las exigencias de prevención general y especial. No debe confundirse con el estado de necesidad del art. 20.5.º del Código Penal, que según el caso opera como causa de justificación o de exculpación (véase estado de necesidad).
Origen y reconocimiento
El principio de necesidad no figura expresamente en la Constitución española, pero sí en declaraciones de derechos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo art. 8 dispone que la ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias.
No se pretende con este principio sustituir al principio de culpabilidad, sino añadir uno al otro a la hora de fundamentar la pena. Los dos se complementan y se limitan.
Doble perspectiva: abstracta y concreta
Es un principio porque se proyecta tanto de lege ferenda como de lege lata. Opera desde una doble perspectiva: desde la conminación penal abstracta y desde la imposición concreta de la pena.
- En la conminación abstracta, está vinculado al principio de intervención mínima y, en síntesis, a la última ratio del Derecho penal: sólo debe acudirse a la pena cuando otros medios de protección del bien jurídico protegido resulten insuficientes.
- En la imposición concreta, está vinculado a la fijación individualizada de la pena y a la aplicación de la suspensión y de los sustitutivos penales, lo que concede al principio de necesidad una nueva perspectiva de operar: la de la aplicación de la pena.
Manifestaciones en el Código Penal
El Código Penal vigente recoge el principio de necesidad en varios preceptos:
- Suspensión de la pena (art. 80.1 CP): los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
- Sustitución de penas: el art. 88 CP, que regulaba la sustitución de las penas de prisión, fue suprimido por la LO 1/2015. Subsisten la sustitución de la prisión inferior a tres meses (art. 71.2) y, para extranjeros, la sustitución por la expulsión (art. 89), que se condiciona a la necesidad de asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma.
- Medidas de seguridad (art. 6.2 CP): no pueden exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.
- Pena notablemente excesiva (art. 4.3 CP): el juez o tribunal acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la concesión de indulto cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado y las circunstancias personales del reo.
Con todo, es más un principio de lege ferenda que de lege lata, como señala el profesor Morillas Cuevas.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE).
