El Capítulo II del Título XVI del Código Penal («De los delitos sobre el patrimonio histórico», arts. 321 a 324) castiga los ataques contra los bienes culturales. Dentro de él, el delito de daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental (art. 323) y su modalidad imprudente (art. 324) protegen el patrimonio histórico frente a los daños causados por cualquier persona. Los daños en bienes ordinarios se castigan con el delito común de daños (art. 263 y siguientes), que se explica en la entrada sobre el delito de daños.
Delito de daños en bienes de valor histórico: artículo 323
Conducta y pena
El artículo 323.1 castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quien «cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos». Con la misma pena se castigan los actos de expolio en estos últimos.
El sujeto activo puede ser cualquier persona. El tipo no exige que el bien sea ajeno, porque lo que se protege es el interés de la colectividad en conservar el patrimonio histórico y no la propiedad.
Cambios desde la LO 1/2015
La redacción actual procede de la Ley Orgánica 1/2015. Frente a la anterior (que castigaba con prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses los daños en un «archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos»):
- Las penas de prisión y de multa son ahora alternativas, no acumulativas.
- La enumeración de archivos, registros, museos, bibliotecas, centros docentes y gabinetes científicos desaparece del artículo 323 y queda solo en el artículo 324, el delito imprudente. Ya no hay que interpretar, por tanto, que los daños solo son delito si recaen exactamente en esos lugares: el artículo 323 se refiere a cualquier bien de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o a un yacimiento arqueológico.
- Se incluyen expresamente los yacimientos arqueológicos subacuáticos y los actos de expolio.
Subtipo agravado y restauración
El apartado 2 permite imponer la pena superior en grado si se han causado daños de especial gravedad o si se han afectado bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental sea especialmente relevante. El apartado 3 faculta a los jueces y tribunales para ordenar, a cargo del autor del daño, medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.
Forma de comisión
El delito puede cometerse por acción o por omisión en los términos del artículo 11 del Código Penal, por ejemplo por quien, teniendo una obligación jurídica de conservar el bien, permite su deterioro. Es un delito doloso. Por tanto, el autor ha de conocer, al menos como posibilidad aceptada, el valor del bien dañado.
Daños por imprudencia grave: artículo 324
El artículo 324 castiga a «el que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos», con multa de tres a dieciocho meses, atendiendo a la importancia de los daños.
Aquí el autor no actúa con intención de dañar: comete una imprudencia grave, esto es, una infracción muy grave del deber de cuidado, y causa los daños. La pena no incluye prisión. La imprudencia leve no es delito, y los daños por imprudencia que no superen los 400 euros quedan fuera del tipo.
Otros delitos del mismo capítulo
Conviene tener presentes otros dos preceptos del capítulo: el artículo 321, que castiga el derribo o la alteración grave de edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, con prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a cinco años; y el artículo 322, que sanciona a la autoridad o funcionario que informa a sabiendas favorablemente proyectos de derribo o alteración de esos edificios, o que resuelve o vota a favor de su concesión. Además, las disposiciones comunes de los artículos 338 a 340 son aplicables a todo el Título XVI, incluidos estos delitos.
La normativa administrativa de referencia es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y las leyes autonómicas de patrimonio cultural, que definen los bienes de interés cultural y los yacimientos arqueológicos.
Artículo redactado originalmente por Beatriz Nicolás, licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (BOE); Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español (BOE).
