Constituye una norma penal en blanco que ha de ser integrada por la legislación administrativa que establece los límites de velocidad en cada caso (especialmente, el Reglamento General de Circulación).
Se trata de un delito de peligro abstracto, de modo que no es preciso que se constate un riesgo para la vida o salud individual de las personas. Si se diere dicho riesgo, se aplicará el artículo 380 del Código Penal.
En estos supuestos resulta determinante, como prueba de cargo, la medición de la velocidad del vehículo o ciclomotor, puesto que en ausencia de determinación de ésta será imposible calificar el hecho como delito. Normalmente la medición se encontrará en el Atestado levantado por la Guardia Civil o la Policía Local, dependiendo del lugar de comisión de los hechos, y se habrá llevado a cabo mediante un cinemómetro, aparato que debe cumplir unas especificaciones y revisiones periódicas establecidas por Orden Ministerial.
Es un delito doloso y no está prevista la modalidad imprudente. El dolo requiere que el sujeto activo sepa que conduce por una vía pública con una velocidad que excede los límites fijados en este artículo, y que ello supone un riesgo para la seguridad del tráfico.
El órgano sentenciador puede elegir entre imponer prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un a noventa días. En todo caso, se impondrá además la privación del derecho a conducir por tiempo de uno a cuatro años.
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+ Delito de conducción bajo la influencia de tóxicos
+ Delito de conducción temeraria
+ Delito de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás
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Fuente:
Apuntes de Esther Hava García (@sterhava), Doctora en Derecho, y Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz.
