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Delito de conducción con velocidad excesiva

Detalle sobrio con velocímetro y guantes que sugieren conducción y velocidad excesiva en contexto legal

El delito de conducción con velocidad excesiva (artículo 379.1 del Código Penal) castiga al que conduce un vehículo de motor o un ciclomotor a una velocidad superior en sesenta kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente en vía urbana, o superior en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana. Se incorporó al Código Penal con la reforma de la Ley Orgánica 15/2007, en vigor desde el 2 de diciembre de 2007, y su redacción vigente procede de la reforma de la Ley Orgánica 5/2010.

A partir de qué velocidad es delito

El delito no depende de una velocidad fija, sino de la que esté permitida en cada tramo: hay que superar el límite en más de sesenta kilómetros por hora en vía urbana y en más de ochenta en vía interurbana. Algunos ejemplos:

  • En una vía urbana limitada a 50 km/h, la conducta es delito a partir de los 111 km/h; en una limitada a 30 km/h, a partir de 91 km/h; en una de plataforma única limitada a 20 km/h, a partir de 81 km/h.
  • En una vía interurbana limitada a 120 km/h, es delito circular a más de 200 km/h; en una limitada a 100 km/h, a más de 180 km/h; en una limitada a 90 km/h, a más de 170 km/h.

Los límites genéricos de las vías urbanas fueron modificados por el Real Decreto 970/2020, que modificó el Reglamento General de Circulación y fijó, desde el 11 de mayo de 2021, 20 km/h en las calles de plataforma única de calzada y acera, 30 km/h en las vías con un solo carril por sentido y 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido, sin perjuicio de que el ayuntamiento pueda fijar otros límites con la señalización correspondiente. Como la ley habla de «velocidad permitida», lo decisivo es el límite concreto del tramo, y para determinarlo es necesario distinguir entre vía urbana e interurbana. Conducir por encima del límite pero sin llegar a esos márgenes no es delito y solo da lugar a sanción administrativa conforme a la Ley de Tráfico. Tampoco es delito la «velocidad inadecuada», que consiste en no adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía, el tráfico o la visibilidad, aunque no se supere el límite: es una infracción administrativa distinta del exceso de velocidad.

Norma penal en blanco

El artículo 379.1 constituye una norma penal en blanco que ha de ser integrada por la legislación administrativa que establece los límites de velocidad en cada caso, especialmente el Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003) y la señalización específica de cada vía.

Delito de peligro abstracto

Se trata de un delito de peligro abstracto, de modo que no es preciso que se constate un riesgo para la vida o la salud de las personas: basta la conducción a esa velocidad. Si se diere ese riesgo, con temeridad manifiesta y puesta en concreto peligro de la vida o la integridad de las personas, se aplica el artículo 380 del Código Penal, que reputa manifiestamente temeraria la conducción que reúna las circunstancias del artículo 379.1.

La prueba: la medición de la velocidad

En estos supuestos resulta determinante, como prueba de cargo, la medición de la velocidad del vehículo o ciclomotor, puesto que, en ausencia de determinación de esta, será imposible calificar el hecho como delito. Normalmente la medición se encontrará en el atestado levantado por la Guardia Civil o la Policía Local, dependiendo del lugar de comisión de los hechos, y se habrá llevado a cabo mediante un cinemómetro, aparato que debe cumplir las especificaciones y revisiones periódicas del control metrológico del Estado (hoy, la Orden ICT/155/2020). A la velocidad medida hay que descontarle el margen de error máximo permitido para el tipo de cinemómetro empleado, de modo que el límite de 60 u 80 km/h tiene que superarse una vez aplicado ese margen.

Tipo subjetivo

Es un delito doloso y no está prevista la modalidad imprudente. El dolo requiere que el sujeto activo sepa que conduce por una vía pública con una velocidad que excede los límites fijados en este artículo y que ello supone un riesgo para la seguridad del tráfico.

Penas

El órgano sentenciador puede elegir entre imponer prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. En todo caso se impondrá además la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Otras reglas del Código Penal se aplican a este delito:

  • Según el artículo 385 ter, el juez o tribunal, razonándolo en la sentencia, puede rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho.
  • El artículo 385 bis considera el vehículo utilizado en los hechos como instrumento del delito a los efectos del decomiso (artículos 127 y 128).
  • Conforme al artículo 47, cuando la privación del derecho a conducir se impone por más de dos años, la condena comporta la pérdida de vigencia del permiso de conducir.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Real Decreto 970/2020, de modificación del Reglamento General de Circulación (BOE); Orden ICT/155/2020, de control metrológico del Estado (BOE).

Apuntes de Esther Hava García (@sterhava), Doctora en Derecho y Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz.