En la mayor parte de las reclamaciones derivadas de daño sanitario se tiene en cuenta si el paciente fue informado debidamente sobre la intervención en cuestión. La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, exige que la información sea verdadera, se comunique de forma comprensible y adecuada a las necesidades del paciente (art. 4) y le permita prestar su consentimiento de forma libre y voluntaria (art. 8). La ley busca que el paciente asuma conscientemente los riesgos de la intervención, que de otro modo recaerían sobre el médico.
El consentimiento informado y su alcance penal
El consentimiento informado es, por regla general, verbal; pero la Ley 41/2002 exige que sea escrito en las intervenciones quirúrgicas, en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, cuando se apliquen procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud (art. 8.2). La información básica ha de incluir las consecuencias relevantes de la intervención, los riesgos relacionados con las circunstancias personales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales y las contraindicaciones (art. 10). Los límites del consentimiento, como la urgencia vital o el consentimiento por representación, se recogen en el artículo 9.
En el Derecho penal las cosas funcionan de otro modo que en la vía civil o contencioso-administrativa. No hay un delito específico de «tratamiento médico sin consentimiento»: la falta de información se valora como un elemento más para determinar si el profesional actuó conforme a la lex artis y, según el caso, puede dar lugar a un delito de lesiones o de coacciones. Por otro lado, el consentimiento en lesiones tiene una regulación propia: el artículo 155 rebaja la pena en uno o dos grados cuando media consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido (no vale el de un menor ni el de una persona con discapacidad necesitada de especial protección), y el artículo 156 lo configura como causa de exención en el trasplante de órganos conforme a la ley, las esterilizaciones y la cirugía transexual realizadas por facultativo. Desde la Ley Orgánica 2/2020 la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento ya no se admite.
También el consentimiento tiene un papel en la eutanasia: el artículo 143.5 declara exento de responsabilidad penal a quien cause o coopere activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia.
En el proceso penal es la acusación, y no el paciente en sí mismo, quien debe acreditar la imprudencia del profesional: la infracción del deber objetivo de cuidado (lex artis), el resultado lesivo y la relación de causalidad entre ambos.
Delitos atribuibles al profesional de la salud
Desde la Ley Orgánica 1/2015 la imprudencia se clasifica en grave y menos grave; la imprudencia leve dejó de ser delito. Si el hecho se comete por imprudencia profesional, se añade la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión.
Homicidio por imprudencia profesional
El artículo 142.1 castiga el homicidio por imprudencia grave con prisión de uno a cuatro años y, si es por imprudencia profesional, con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo de tres a seis años. La imprudencia menos grave (art. 142.2) se castiga con multa de tres a dieciocho meses y solo es perseguible, salvo en el ámbito del tráfico, mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
Lesiones por imprudencia profesional
Las lesiones dolosas se definen en los artículos 147 (lesión que requiere objetivamente, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico), 149 (pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal, de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad o grave enfermedad somática o psíquica) y 150 (pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal, o deformidad). La modalidad imprudente se regula en el artículo 152.1 y se castiga, cuando es grave, con estas penas:
- Lesiones del artículo 147.1: prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses.
- Lesiones del artículo 149: prisión de uno a tres años.
- Lesiones del artículo 150: prisión de seis meses a dos años.
- Si hay imprudencia profesional, además, inhabilitación especial para la profesión, oficio o cargo de seis meses a cuatro años.
La imprudencia menos grave (art. 152.2) se castiga con multa de uno a dos meses para las lesiones del artículo 147.1 y de tres a doce meses para las de los artículos 149 y 150, y solo se persigue previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Las penas de prisión de seis a doce años (art. 149) y de tres a seis años (art. 150) corresponden a las lesiones dolosas, no a las imprudentes.
Otros delitos del ejercicio sanitario
- Denegación de asistencia sanitaria (art. 196): el profesional obligado que deniega asistencia o abandona los servicios sanitarios cuando de ello se derive riesgo grave para la salud, con inhabilitación especial de seis meses a tres años además de las penas de la omisión del deber de socorro.
- Revelación de secretos (art. 199.2): el profesional que divulga secretos de otra persona incumpliendo su deber de sigilo, con prisión de uno a cuatro años, multa e inhabilitación especial de dos a seis años.
- Lesiones al feto por imprudencia profesional (art. 158): inhabilitación especial de seis meses a dos años añadida a las penas del delito.
- Intrusismo (art. 403): ejercer actos propios de una profesión sin poseer el título académico exigido.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente (BOE).
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Ricardo de Lorenzo y Antonio Bascones, «El consentimiento informado en odontoestomatología».
Artículo escrito por Javier García de Tiedra González, estudiante de Derecho en la UCA.
