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La ejecución de penas privativas de libertad

Documentos legales, balanza y reloj de arena simbolizan la ejecución de penas privativas de libertad

La privación de libertad es la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento. Consiste en el internamiento del condenado en un establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena, sin perjuicio de que pueda acceder a la libertad en la última parte de su cumplimiento y a ciertos beneficios. Su regulación se encuentra en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y el Reglamento Penitenciario.

Clases de penas privativas de libertad

Según el artículo 35 del Código Penal, son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento y los beneficios penitenciarios que acorten la condena se ajustan a las leyes y al propio Código. Su régimen general se explica en la entrada sobre las penas privativas de libertad.

Prisión

La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos (artículo 36.2). Es pena grave si es superior a cinco años y menos grave si va de tres meses a cinco años (artículo 33). Cuando se imponen varias penas, el máximo de cumplimiento efectivo no puede exceder del triple de la más grave ni de veinte años, con excepciones de 25, 30 y 40 años en ciertos casos de concurso de delitos (artículo 76). Las penas que no se pueden cumplir simultáneamente se cumplen sucesivamente por orden de gravedad (artículo 75).

Prisión permanente revisable

Introducida por la Ley Orgánica 1/2015, es una pena grave (artículo 33.2.a) cuya revisión regula el artículo 92. El tribunal acuerda la suspensión de su ejecución cuando el penado ha cumplido veinticinco años de condena (salvo lo dispuesto en el artículo 78 bis para el concurso de delitos), está clasificado en tercer grado y existe un pronóstico favorable de reinserción social, tras un procedimiento oral contradictorio. La clasificación en tercer grado no puede hacerse hasta cumplir quince años de prisión efectiva, o veinte si se trata de delitos de terrorismo (artículo 36.1), y los permisos de salida requieren haber cumplido ocho o doce años, respectivamente. El Tribunal Constitucional declaró esta pena conforme a la Constitución en la sentencia 169/2021, de 6 de octubre, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados.

Localización permanente

Consiste en la permanencia del penado en su domicilio o en un lugar determinado fijado por el juez en la sentencia, o después en auto motivado. Tiene una duración de hasta seis meses (artículo 37.1) y es pena leve cuando va de un día a tres meses (artículo 33.4.h). Si el reo lo solicita y las circunstancias lo aconsejan, el juez puede acordar que se cumpla los sábados y domingos o de forma no continuada (artículo 37.2). Para garantizar su cumplimiento puede utilizarse un dispositivo electrónico de localización (artículo 37.4). Su incumplimiento se persigue como quebrantamiento de condena (artículo 468).

Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa

Procede cuando el condenado no satisface la multa impuesta, ni voluntariamente ni por vía de apremio. La regla de conversión es de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En los delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente y, con la conformidad del penado, mediante trabajos en beneficio de la comunidad. Tiene naturaleza menos grave o leve según la pena que sustituya y no se impone a quien haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a cinco años (artículos 33.5 y 53).

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

Fueron creados por la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 con la finalidad de judicializar la ejecución de las penas privativas de libertad. El artículo 76 de esa ley les atribuye una doble función:

  1. Salvaguardar los derechos de los internos: aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días, resolver por vía de recurso las reclamaciones sobre sanciones disciplinarias, atender las peticiones y quejas sobre el régimen y el tratamiento, realizar visitas a los establecimientos, autorizar los permisos de salida de duración superior a dos días (salvo los de los clasificados en tercer grado), etc.
  2. Hacer cumplir la pena impuesta y resolver los recursos sobre las modificaciones que pueda experimentar: adoptar las decisiones necesarias para que se lleven a cabo las condenas a penas privativas de libertad, asumiendo las funciones de los tribunales sentenciadores (por ejemplo, resolver sobre la libertad condicional y aprobar los beneficios penitenciarios que acorten la condena) y resolver los recursos sobre clasificación y progresión o regresión de grado.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, asume las competencias de los juzgados de vigilancia penitenciaria respecto de los penados por la Audiencia Nacional.

Cumplimiento: grados y clasificación penitenciaria

Las penas privativas de libertad se ejecutan según el sistema de individualización científica, separado en grados (artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). La clasificación en grados se llama clasificación penitenciaria y se revisa como máximo cada seis meses (artículo 105 del Reglamento Penitenciario):

  • Los clasificados en primer grado se destinan a establecimientos de régimen cerrado.
  • Los clasificados en segundo grado cumplen en centros de régimen ordinario.
  • Los clasificados en tercer grado cumplen en régimen abierto, en cualquiera de sus modalidades.
  • El último grado es el de libertad condicional, que hoy regula el Código Penal.

El interno puede ser clasificado inicialmente en un grado superior sin pasar por los anteriores, salvo el de libertad condicional, y no se mantiene a nadie en un grado inferior cuando por su evolución merezca progresar (artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria; el Reglamento permite además un modelo flexible, artículo 100.2). Para la clasificación o progresión a tercer grado se exige, además de los requisitos del Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito (artículo 72.5). Cuando la pena de prisión supera los cinco años, el juez puede ordenar que el tercer grado no se conceda hasta cumplir la mitad de la pena, y esta regla es obligatoria en terrorismo, delitos cometidos en organización criminal y determinados delitos sexuales (artículo 36.2 del Código Penal).

Sentencia firme y liquidación de condena

Declarada la firmeza de la sentencia de condena a pena privativa de libertad, o absolutoria que decrete una medida de seguridad privativa de libertad, el tribunal sentenciador adopta sin dilación las medidas para que el condenado ingrese en el establecimiento penal (artículos 988 y 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Si el penado ya está interno, se remite al centro copia de la sentencia con la liquidación de condena, que practica el letrado de la Administración de Justicia y debe aprobar el tribunal con audiencia del penado y del Ministerio Fiscal. En ella se abona el tiempo de prisión provisional sufrido en la causa (artículo 58 del Código Penal).

El recluso cumple de forma simultánea o sucesiva las penas impuestas, enlazándose las posteriores con las que se vayan extinguiendo, sin que se le conceda la libertad hasta que cumpla la última de ellas.

Libertad condicional

Desde la Ley Orgánica 1/2015, la libertad condicional no es una forma distinta de cumplir la pena, sino una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión. Para conocer sus requisitos en la práctica, puede consultarse la guía sobre libertad condicional en España. Según el artículo 90 del Código Penal, el juez de vigilancia penitenciaria la concede al penado que reúna estos requisitos:

  1. Que esté clasificado en tercer grado.
  2. Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.
  3. Que haya observado buena conducta, valorando el juez su personalidad, antecedentes, circunstancias del delito, conducta durante la pena y circunstancias familiares y sociales.

No se concede si el penado no ha satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos del artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Hay supuestos especiales:

  • Con dos terceras partes de la condena cumplidas y actividades laborales, culturales u ocupacionales con aprovechamiento. En ese caso puede adelantarse, una vez cumplida la mitad, hasta noventa días por cada año de cumplimiento efectivo (artículo 90.2).
  • Primera condena de prisión que no supera los tres años, tras cumplir la mitad, salvo en delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (artículo 90.3).
  • Penados septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables (artículo 91).
  • Delitos de terrorismo y de organizaciones criminales: se exigen signos inequívocos de abandono de la actividad delictiva y de colaboración con las autoridades (artículo 90.8).

Procedimiento

  • El expediente lo inicia la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, con la antelación necesaria para que no se retrase el beneficio (artículo 194 del Reglamento Penitenciario). Incluye el testimonio de la sentencia y la liquidación de condena, la certificación del tercer grado, el informe pronóstico de integración social, el programa individual de libertad condicional, el compromiso de acogida y las manifestaciones del interesado sobre residencia y medio de vida (artículo 195).
  • A la vista de ese informe, el juez de vigilancia penitenciaria resuelve por auto. Si la concede, el plazo de suspensión es de dos a cinco años y no puede ser inferior a la parte de pena pendiente de cumplir (artículo 90.5 del Código Penal). El juez puede imponer reglas de conducta, como sumisión a tratamiento, programas formativos o prohibición de acudir a determinados lugares (artículo 83, aplicable por el artículo 90.5).
  • Si no la concede, puede fijar un plazo de seis meses (prorrogable a un año) para volver a solicitarla (artículo 90.7).
  • Si durante la libertad condicional el penado delinque, incumple las reglas de conducta o cambian las circunstancias de modo que no pueda mantenerse el pronóstico de falta de peligrosidad, se revoca la suspensión. El tiempo pasado en libertad condicional no se computa como cumplimiento (artículos 90.5 y 90.6).

Licenciamiento definitivo

El licenciamiento definitivo tiene lugar cuando la pena se ha cumplido totalmente, es decir, cuando llega el día señalado en la liquidación de condena. El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal (artículo 130.1.2.º del Código Penal). La fecha prevista en la liquidación, que se fija en el momento de la sentencia, solo tiene en cuenta el tiempo de prisión provisional, pero puede variar por los beneficios penitenciarios, que son el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular (artículo 202 del Reglamento Penitenciario). El director del establecimiento extiende la diligencia de licenciamiento definitivo en el expediente personal del condenado, con la aprobación del tribunal sentenciador.

Fuentes: apuntes sobre Derecho procesal penal del profesor Don Ignacio Flores; Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica General Penitenciaria (texto consolidado, BOE); Reglamento Penitenciario (texto consolidado, BOE); Sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021, de 6 de octubre (BOE).