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El sistema de penas en la legislación española

Bodegón con elementos jurídicos que simbolizan la clasificación y gravedad de penas en la ley española

El sistema de penas del Código Penal tiene como eje la clasificación de las penas según su naturaleza y su gravedad:

  • El artículo 32 clasifica las penas por su naturaleza: privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
  • El artículo 33 las clasifica por su gravedad: penas graves, menos graves y leves.

Cuando una pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considera en todo caso grave; si puede considerarse a la vez menos grave y leve, se considera en todo caso leve (art. 13.4 CP). Las penas aplicables a las personas jurídicas son todas graves (art. 33.7 CP).

Penas privativas de libertad

Según el artículo 35 CP son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. La prisión permanente revisable se incorporó con la Ley Orgánica 1/2015 y antes no existía.

La pena de prisión

La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años (art. 36.2 CP), salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos. El límite superior puede rebasarse:

  • Cuando la pena superior en grado exceda de los máximos, la prisión puede llegar a 30 años (art. 70.3 CP).
  • Por la acumulación de condenas: el máximo de cumplimiento efectivo es en general el triple de la pena más grave, con un tope de 20 años, que puede elevarse a 25, 30 o 40 años si se condena por varios delitos y algunos están castigados con penas muy graves (art. 76 CP).
  • Cuando el delito está castigado con prisión de mayor duración, como la rebelión con armas o combate (art. 473.2 CP: de 25 a 30 años para los primeros responsables).
  • Con la prisión permanente revisable, prevista para el asesinato agravado (art. 140 CP), la muerte del Rey o de la Reina (art. 485.1 CP) o la del Jefe de un Estado extranjero (art. 605.1 CP), entre otros casos.

El sistema de penas actual es muy distinto del de 1995. La Ley Orgánica 7/2003, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, endureció el cumplimiento: modificó, entre otros, los artículos 36, 76 y 78 CP. El artículo 78 permite que, cuando la aplicación del límite de cumplimiento deje una pena inferior a la mitad de la suma total, el juez acuerde que los beneficios penitenciarios, los permisos, la clasificación en tercer grado y la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas.

Período de seguridad y prisión permanente revisable

Si la pena de prisión es superior a cinco años, el juez o tribunal puede ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúe hasta cumplir la mitad de la pena. En ciertos delitos (terrorismo, organización o grupo criminal, determinados delitos sexuales contra menores y otros) esa regla es obligatoria (art. 36.2 CP). En la prisión permanente revisable, el tercer grado exige 15 años de prisión efectiva (20 en delitos de terrorismo), y los permisos de salida no pueden disfrutarse hasta cumplir ocho años (12 en terrorismo) (art. 36.1 CP). La suspensión de la pena se revisa a partir de los 25 años de condena, con las reglas específicas del artículo 92 CP.

Principios que inspiran su ejecución

La ejecución de la pena de prisión se regula en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), y en el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996). La LOGP establece en su artículo 1 que el fin primordial de las instituciones penitenciarias es la reeducación y reinserción social de los condenados, de acuerdo con el artículo 25.2 CE. La actividad penitenciaria se somete a las garantías y límites de la ley, los reglamentos y las sentencias (art. 2 LOGP; art. 3.2 CP). El juez de vigilancia penitenciaria es el garante de los derechos del condenado, y le corresponde, entre otras funciones, resolver los recursos sobre clasificación, progresiones y regresiones de grado (art. 76 LOGP). Para el estudio general de la ejecución penal, véase la entrada correspondiente.

Individualización científica y grados penitenciarios

La pena de prisión se ejecuta según el sistema de individualización científica, separado en grados (art. 72 LOGP). El Reglamento Penitenciario nombra tres grados de clasificación (art. 100 RP):

  • Primer grado: régimen cerrado, el más estricto, con mayores medidas de control y seguridad y limitación de la vida en común. Se aplica a internos de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave (art. 102.5 RP).
  • Segundo grado: régimen ordinario, para quienes tienen unas circunstancias de normal convivencia pero sin capacidad, por el momento, para vivir en semilibertad.
  • Tercer grado: régimen abierto, para quienes pueden llevar un régimen de vida en semilibertad. Permite trabajar o realizar actividades fuera del establecimiento. Como regla general se pernocta en el establecimiento, salvo que el interno acepte voluntariamente un control telemático (art. 86.4 RP).

La libertad condicional aparece en la LOGP como el último grado, pero desde la Ley Orgánica 1/2015 el Código Penal la regula como una forma de suspensión de la ejecución del resto de la pena (art. 90 CP). Exige estar clasificado en tercer grado, haber extinguido las tres cuartas partes de la condena y haber observado buena conducta; hay vías excepcionales para quien ha cumplido dos terceras partes o la mitad de su primera condena, que no supere tres años, salvo delitos contra la libertad sexual.

Clasificación, progresión y regresión

  • Tras el ingreso, la Junta de Tratamiento clasifica a los penados en grados, ponderando su personalidad, su historial y la duración de la pena (art. 102 RP). El interno puede ser situado inicialmente en un grado superior, salvo libertad condicional, sin pasar por los anteriores (art. 72.3 LOGP).
  • La clasificación se revisa al menos cada seis meses (art. 105 RP). Las decisiones sobre clasificación y progresiones y regresiones de grado se pueden recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria (art. 76.2.f LOGP).
  • La progresión depende de la evolución positiva de los factores relacionados con la actividad delictiva, y la regresión se produce ante una evolución negativa (art. 106 RP). Para pasar a tercer grado se exige además satisfacer la responsabilidad civil en los términos del artículo 72.5 LOGP.
  • Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y las personas septuagenarias pueden progresar a tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal (art. 36.4 CP; art. 104.4 RP).

La rama del Derecho que regula todo esto es el derecho penitenciario.

Penas privativas de otros derechos

El artículo 39 CP incluye entre ellas la inhabilitación absoluta, las inhabilitaciones especiales, la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir vehículos a motor, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares, las prohibiciones de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella, los trabajos en beneficio de la comunidad y la privación de la patria potestad. Sus duraciones se fijan en los artículos 40 y siguientes. Las penas de inhabilitación son accesorias cuando la ley declare que otras penas las llevan consigo (art. 54 CP).

La pena de multa

Se impone por el sistema de días-multa, con una extensión de diez días a dos años y una cuota diaria de 2 a 400 euros (art. 50 CP), o en proporción al daño o al beneficio cuando el Código así lo determine (art. 52 CP). Su impago puede dar lugar a la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 CP. Sobre estas penas y sus alternativas, véase la entrada sobre alternativas a la pena de prisión.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 13, 32 a 40, 50 a 53, 70, 76, 78, 90 y 92); Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria (texto consolidado, BOE); Reglamento Penitenciario, Real Decreto 190/1996 (texto consolidado, BOE).