Portada » Parte general » La ejecución de otras penas

La ejecución de otras penas

Elementos jurídicos y objetos antiguos sobre mesa que sugieren la ejecución y restricción legal

Además de la prisión, el Código Penal prevé otras penas cuya ejecución exige actividades propias: las que restringen la libertad de movimientos del penado, las privativas de derechos (muchas veces accesorias) y las de contenido patrimonial. La ejecución de la sentencia corresponde al juez o tribunal que la dictó, que debe adoptar sin dilación las medidas necesarias para el cumplimiento de la pena (artículo 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Sobre su clasificación, véase la entrada sobre los tipos de penas.

Penas que restringen la libertad de movimientos

El artículo 48 del Código Penal regula tres penas privativas de derechos de esta clase:

  • Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos: impide al penado residir o acudir al lugar en que se cometió el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.
  • Prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares u otras personas que determine el juez: impide acercarse a ellos en cualquier lugar, a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que frecuenten. Respecto de los hijos, queda en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia fijado en sentencia civil hasta el total cumplimiento de la pena.
  • Prohibición de comunicarse con la víctima o con las personas que determine el juez: impide establecer con ellas contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio, informático o telemático.

Para ejecutar la primera se ordena la conducción del condenado a un lugar fuera del radio señalado en la sentencia, y el juez puede acordar que el control de estas medidas se haga por medios electrónicos (artículo 48.4). Su quebrantamiento es un delito del artículo 468: se castiga con prisión de seis meses a un año si el condenado está privado de libertad y con multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos, y siempre con prisión de seis meses a un año cuando se trata de penas del artículo 48 impuestas en procesos en los que el ofendido es alguna de las personas del artículo 173.2.

Penas privativas de derechos

El artículo 39 enumera las penas privativas de derechos: la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial (para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, patria potestad, tutela, tenencia de animales, sufragio pasivo u otro derecho), la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir, la de tenencia y porte de armas, las prohibiciones de residir, aproximarse y comunicarse, los trabajos en beneficio de la comunidad y la privación de la patria potestad. Se ejecutan de la siguiente forma.

Inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para empleo o cargo público y suspensión

La inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos del penado, aunque sean electivos, y la incapacidad para obtenerlos durante la condena (artículo 41). La inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recae (artículo 42) y la suspensión priva de su ejercicio durante la condena (artículo 43). Para ejecutarlas, el tribunal remite testimonio de la sentencia y ordena su anotación en el expediente del funcionario, dirigiéndose al organismo público en el que presta servicios o del que depende el cargo; por ejemplo, en el caso de jueces y magistrados, al Consejo General del Poder Judicial.

Inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio

Priva al penado de la facultad de ejercer la actividad concretada expresa y motivadamente en la sentencia durante la condena (artículo 45). Cuando se trata de oficios o profesiones que exigen habilitación o permiso especial y, en particular, de profesiones colegiadas, la resolución se comunica al colegio al que pertenece el condenado.

Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo

Priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos (artículo 44). Para su ejecución, el tribunal remite testimonio de la sentencia a la Junta Electoral Central.

Privación del derecho a conducir y a la tenencia y porte de armas

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores se ejecuta mediante la retirada inmediata del permiso, que se une a los autos, y un mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro hasta la extinción de la pena (artículo 794, regla 2.ª, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). La privación del derecho a la tenencia y porte de armas inhabilita al penado para ejercerlo por el tiempo fijado en la sentencia. En ambos casos, si la pena supera los dos años, comporta la pérdida de vigencia del permiso o de la licencia (artículo 47).

Trabajos en beneficio de la comunidad

Obligan al penado a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, como labores de reparación de los daños causados o de apoyo y asistencia a las víctimas, o participar en talleres o programas formativos de reeducación (artículo 49). Tienen una duración de un día a un año (artículo 40.4). Sus condiciones son las siguientes:

  • No pueden imponerse sin el consentimiento del penado.
  • Su duración diaria no puede exceder de ocho horas.
  • No pueden atentar contra la dignidad del penado ni supeditarse a intereses económicos.
  • El penado goza de la protección de la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.
  • La ejecución se desarrolla bajo el control del juez de vigilancia penitenciaria; si el penado incumple, se deduce testimonio por quebrantamiento de condena (artículo 468).

Desde la Ley Orgánica 1/2015, que suprimió el antiguo artículo 88, esta pena ya no sirve para sustituir la prisión de uno o dos años. Se mantiene como pena principal en algunos delitos, como condición para suspender la ejecución de una pena de prisión (artículo 84.1.3.ª) y como forma de cumplir la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, con la conformidad del penado (artículo 53).

Penas de contenido patrimonial

La pena de multa y la responsabilidad personal subsidiaria por impago

La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado la cantidad de dinero que determine la sentencia (artículo 50). Se impone con dos sistemas:

  • Días-multa, que es la regla general: una extensión de diez días a dos años y una cuota diaria de dos a 400 euros, fijada atendiendo exclusivamente a la situación económica del reo (artículo 50). Para las personas jurídicas la extensión máxima es de cinco años y la cuota de 30 a 5.000 euros.
  • Multa proporcional, cuando el Código así lo determina: en proporción al daño causado, al valor del objeto del delito o al beneficio reportado por el mismo (artículo 52).

El tribunal puede autorizar, por causa justificada, el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, de una vez o en plazos; el impago de dos de ellos determina el vencimiento de los restantes (artículo 50.6). Si cambia la situación económica del penado, puede modificarse el importe de las cuotas y los plazos (artículo 51).

Si el condenado no paga la multa, ni voluntariamente ni por vía de apremio, queda sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que en los delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente. Con la conformidad del penado, puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad (artículo 53.1). En la multa proporcional no puede exceder de un año (artículo 53.2) y no se impone a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años (artículo 53.3). Su cumplimiento extingue la obligación de pago de la multa aunque mejore la situación económica del penado (artículo 53.4).

Comiso y consecuencias accesorias

El comiso (o decomiso) está regulado en los artículos 127 a 127 octies del Código Penal. Toda pena que se imponga por un delito doloso lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan, de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado y de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hayan experimentado (artículo 127.1). En los delitos imprudentes castigados con pena de prisión superior a un año, el decomiso es facultativo (artículo 127.2). Si no es posible decomisar esos bienes, se decomisan otros por un valor equivalente.

Desde la Ley Orgánica 1/2015 existen, además, el decomiso ampliado (artículos 127 bis y 127 quinquies) para ciertos delitos graves cuando se resuelve, a partir de indicios objetivos fundados, que el patrimonio procede de una actividad delictiva y no se acredita su origen lícito; el decomiso sin condena en un proceso contradictorio, por ejemplo cuando el sujeto ha fallecido o está en rebeldía (artículo 127 ter); y el decomiso contra terceros que adquirieron los bienes sabiendo que procedían de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría sospechado su origen (artículo 127 quater). Por ejemplo, se decomisan drogas, vehículos, regalos recibidos en delitos de tráfico de influencias o bienes de contrabando. Cuando los efectos son de lícito comercio y su valor no guarda proporción con la gravedad de la infracción, o ya se han satisfecho completamente las responsabilidades civiles, el juez puede no decretar el decomiso o decretarlo parcialmente (artículo 128).

Los bienes pueden aprehenderse o embargarse y ponerse en depósito desde las primeras diligencias, y la autoridad judicial puede acordar su realización anticipada o utilización provisional. Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución firme se adjudican al Estado, salvo que deban destinarse al pago de indemnizaciones a las víctimas (artículo 127 octies).

Junto al decomiso, el artículo 129 prevé consecuencias accesorias para los delitos cometidos en el seno, con la colaboración o por medio de empresas, organizaciones o agrupaciones de personas sin personalidad jurídica: clausura temporal o definitiva de locales, suspensión de actividades, prohibición de realizar actividades, intervención judicial, etc.

Fuentes: apuntes sobre Derecho procesal penal del profesor Don Ignacio Flores; Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley de Enjuiciamiento Criminal (texto consolidado, BOE).