Portada » Parte general » Determinación de la ley penal más favorable

Determinación de la ley penal más favorable

Bodegón sobrio con balanza antigua y documentos legales que evocan la justicia penal favorable

La ley penal más favorable al reo es aquella que, comparada con la vigente cuando se cometió el hecho, conduce a un resultado más beneficioso para el acusado o el condenado. Cuando se suceden varias leyes penales en el tiempo, la regla del artículo 2.2 del Código Penal es que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo». Es la excepción al principio de irretroactividad de las leyes sancionadoras desfavorables que recoge el artículo 9.3 de la Constitución. A continuación se explica cómo se determina cuál es la ley más favorable.

Cómo se determina la ley más favorable

  • Hay que tener en cuenta la legislación extrapenal. En algunos casos, para saber qué ley favorece más al reo es necesario atender a normas de otro sector del ordenamiento. Así ocurre cuando la sucesión de leyes se plantea en el marco de una ley penal en blanco, cuyo contenido se completa con una norma no penal. La doctrina y la jurisprudencia distinguen según el cambio de la norma complementaria refleje una nueva valoración jurídica de la conducta, que sí opera retroactivamente, o responda a meras circunstancias cambiantes (por ejemplo, la modificación de un listado o de una cuantía por razones coyunturales), que no.
  • La comparación debe hacerse sobre las leyes completas. Resulta imprescindible resolver íntegramente el supuesto de hecho con arreglo a las dos legislaciones en conflicto y comparar después las consecuencias desfavorables que se derivan de aplicar una u otra. Cuando el Código Penal de 1995 sustituyó al anterior, su disposición transitoria segunda ya establecía que debía tenerse en cuenta «la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro Código» y que en todo caso sería oído el reo. No se pueden combinar los preceptos favorables de una ley con los de la otra.
  • Resuelto el caso con las dos leyes (la vigente al cometerse el hecho y la posterior, vigente al enjuiciarlo), la elección de la más favorable no debería presentar, en principio, mayores problemas: se aplica la que arroje la consecuencia menos gravosa.

La excepción: ultraactividad de las leyes penales temporales

El propio artículo 2.2 del Código Penal establece que los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Las leyes temporales en sentido estricto son las que tienen fijado su periodo de vigencia en la propia ley; en sentido amplio se consideran también temporales las que rigen mientras dura la situación excepcional para la que nacieron. La consecuencia es la ultraactividad: la ley temporal se sigue aplicando a los hechos cometidos bajo su vigencia aunque después llegue una legislación ordinaria más favorable.

El momento de comisión del delito

La aplicación de las reglas de sucesión de leyes exige determinar cuándo se entiende cometido un delito. Normalmente la acción prohibida es coetánea o está muy próxima a la lesión del bien jurídico y no hay dificultad. El problema surge en los delitos cuya realización se prolonga en el tiempo, de modo que la acción se produce bajo una ley y el resultado bajo otra, o parte de la acción bajo una ley y parte bajo otra posterior.

El Código Penal distingue dos finalidades:

  • Para determinar la ley aplicable, el artículo 7 dispone que los delitos «se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar». Hasta la LO 1/2015 el precepto mencionaba también las faltas; hoy solo se refiere a los delitos.
  • Para determinar el inicio de la prescripción (artículos 131 y 132 del Código Penal), los plazos se computan desde el día en que se cometió la infracción punible. En el delito continuado, el delito permanente y las infracciones que exigen habitualidad, los plazos se cuentan, respectivamente, desde que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta (art. 132.1 CP).

En estos delitos de ejecución prolongada, la jurisprudencia viene aplicando la ley vigente cuando cesa la conducta, aunque sea más severa que la anterior, siempre que la actividad delictiva haya continuado bajo su vigencia.

Reformas recientes y revisión de condenas

La retroactividad de la ley más favorable tiene efectos muy visibles cuando se aprueban reformas que rebajan penas. La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, unificó los delitos de abuso y agresión sexual y fijó marcos penales que, en algunos tramos, resultaron inferiores a los anteriores; la Ley Orgánica 4/2023 los corrigió posteriormente. Ello provocó numerosas solicitudes de revisión de condenas firmes. El Tribunal Supremo ha resuelto cada revisión comparando de forma íntegra ambas regulaciones: ha rebajado condenas cuando la nueva ley era más favorable y las ha mantenido cuando no lo era, siguiendo los criterios de la sentencia del Pleno de la Sala Segunda 523/2023, de 29 de junio. Y si hay dudas sobre cuál es la ley más favorable, el artículo 2.2 del Código Penal exige oír al condenado antes de resolver.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE); Iberley: última jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la revisión de condenas por agresión sexual tras la LO 10/2022.