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Principios real o de defensa, de personalidad o nacionalidad y de jurisdicción universal

Documentos legales y objetos clásicos que sugieren leyes y jurisdicción universal en un ambiente sobrio

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina cuándo los tribunales españoles son competentes para conocer de delitos y, con ello, cuándo se aplica la ley penal española. Parte del principio de territorialidad y lo completa con otros tres: el real o de protección, el de personalidad o nacionalidad y el de jurisdicción universal.

Regla de partida: el principio de territorialidad

Corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que España sea parte (artículo 23.1 LOPJ).

A. El principio real o de defensa

El Estado español aplica su ley penal a determinados delitos que lesionan sus intereses esenciales, aunque se cometan fuera de su territorio y por españoles o extranjeros. No se aplica a cualquier delito cometido contra sus intereses, sino a los que enumera el artículo 23.3 LOPJ: traición y delitos contra la paz o la independencia del Estado; delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor o el regente; rebelión y sedición (delito que el Código Penal suprimió con la LO 14/2022); falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los ministros y de los sellos públicos u oficiales; falsificación de moneda española y otras falsificaciones que perjudiquen directamente al crédito o a los intereses del Estado; atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles; delitos de funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero en el ejercicio de sus funciones y contra la Administración pública española; y delitos relativos al control de cambios. Puede ampliarse en el artículo sobre el principio real o de protección.

B. El principio de personalidad o de nacionalidad

Se aplica la ley del Estado al que pertenece el autor del delito. La jurisdicción española conoce de los delitos cometidos fuera del territorio nacional por españoles o por extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad al hecho, siempre que concurran estos requisitos (artículo 23.2 LOPJ):

  • que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que un tratado internacional o un acto normativo de una organización internacional de la que España sea parte no lo exija;
  • que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles (requisito que se considera cumplido, en los delitos de la Fiscalía Europea, cuando esta ejercita su competencia);
  • que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, si lo fue, no haya cumplido la condena; si la cumplió solo en parte, se le tiene en cuenta para rebajar proporcionalmente la que le corresponda.

C. El principio de jurisdicción universal

Según este principio, cualquier Estado es competente para perseguir determinados delitos con independencia del lugar de comisión y de la nacionalidad de autor y víctima, porque afectan a la comunidad internacional. El artículo 23.4 LOPJ lo recoge para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las desapariciones forzadas, la piratería, el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, determinados delitos contra menores y otros que impongan los tratados. Pero desde las reformas de la LO 1/2009 y, sobre todo, de la LO 1/2014, no es un principio absoluto: cada categoría de delito exige vínculos con España. Por ejemplo, en el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el procedimiento debe dirigirse contra un español, contra un extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición haya sido denegada.

  • Subsidiariedad (artículo 23.5): los delitos del apartado 4 no se persiguen en España si ya se ha iniciado un procedimiento en un tribunal internacional o en el Estado donde se cometieron los hechos o de cuya nacionalidad es el acusado, salvo que ese Estado no quiera o no pueda realmente investigar, lo que valora la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
  • Querella (artículo 23.6): los delitos de los apartados 3 y 4 solo son perseguibles previa querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.

La justicia supletoria o por representación

No se reconoce con carácter general. Conforme a este principio, un Estado sería competente para aplicar su ley penal cuando el Estado que tiene competencia no quiere o no puede perseguir el delito. La LOPJ solo contempla un supuesto próximo: la jurisdicción española también es competente respecto de ciudadanos extranjeros que se encuentren en España y cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un tratado vigente para España (último párrafo del artículo 23.4).

La entrega de personas a otros Estados se estudia en la extradición.

Fuentes: Ley Orgánica del Poder Judicial (texto consolidado, BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE).