Los proyectos españoles de Código Penal posteriores a la reimplantación de la democracia y el Código Penal de 1995 son la clave para entender cómo nació en España la categoría de los delitos socioeconómicos. El proyecto alemán influyó claramente en los sucesivos textos, y esa influencia se materializó en la previsión de un título de delitos relativos al orden económico en todos los textos publicados.
El Código Penal anterior al de 1995 contenía algunas normas dispersas sobre esta materia. Además, había una legislación especial con normas arcaicas y reducidas, que no gozaban de atención preferente en la doctrina científica ni se aplicaban con frecuencia en los tribunales.
El Proyecto de 1980
Su novedad fue incluir, entre los títulos de la parte especial, uno específicamente destinado a regular los delitos socioeconómicos. Ese título estaba claramente inspirado en la regulación del proyecto alemán y en la doctrina española más autorizada (Bajo Fernández). Era el Título III, formado por 11 capítulos y 58 artículos, con el nombre «delitos contra el orden socioeconómico».
Los autores del proyecto alemán optaron por una concepción lo más amplia posible de los delitos socioeconómicos, que incluía no solo delitos que afectaban a intereses individuales, sino también otros que no tenían por qué afectar al orden socioeconómico como interés colectivo. Además, se eligió el término «socioeconómico» para resaltar el mayor contenido social que económico.
Críticas: la amplia concepción del orden económico suponía una mayor difusión del bien jurídico y, entendido así, el orden económico no es un bien jurídico común.
El Anteproyecto de 1983
Mantuvo la autonomía conceptual de la categoría de los delitos socioeconómicos, pero con una concepción más estricta que la del Proyecto de 1980.
El Proyecto de 1992
Renunció a consagrar formalmente la autonomía de la categoría de los delitos socioeconómicos y refundió en un mismo título los tradicionales delitos contra el patrimonio individual y los delitos contra el orden socioeconómico. La exposición de motivos lo justificaba por dos vías:
- La separación en títulos diferentes de los delitos patrimoniales y de los económicos no es imprescindible, aunque entre unos y otros haya diferencias de significado. Además, existe una zona intermedia entre ambos grupos y convenía, desde un punto de vista técnico, evitar repeticiones de figuras.
- La búsqueda de argumentos para incorporar las diversas figuras delictivas en una categoría sistemática. Los autores admitían que los delitos incluidos en el título tenían carácter de agresión al orden socioeconómico en la medida en que su tipificación se justificaba exclusivamente en la idea de tutelar ese orden.
Estos legisladores pretendían además incluir en el Código Penal las reglas mínimas de juego para conseguir estabilidad, de ahí que el Proyecto resultase más breve que los de 1980 y 1983. No incluía los delitos contra la Hacienda Pública ni los relativos al control de cambios, porque todo ello se remitía a la legislación penal especial, al tratarse de ámbitos muy cambiantes.
El Proyecto de 1994 y el Código Penal de 1995
Con independencia de la redacción dada a las figuras, el Proyecto de 1994 respaldó por completo las decisiones del Proyecto de 1992.
Así, el Código Penal de 1995 separó en su Título XIII, «Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico», los dos bloques de delitos: los patrimoniales (capítulos I a IX) y los socioeconómicos (capítulos XI a XIV), con un capítulo X intermedio de disposiciones comunes. Las novedades que aportaba eran:
- Excluye de los delitos socioeconómicos los delitos contra los derechos de los trabajadores, que pasan al Título XV (arts. 311 a 318).
- Destierra los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social del Título XIII y les da otro lugar en el articulado, el Título XIV (arts. 305 a 310 bis).
- Incluye los delitos relativos a la propiedad intelectual, con lo que se amplía el concepto de Derecho penal económico, como en 1980.
Recapitulación
El Código Penal de 1995 otorgó por primera vez carta de naturaleza en nuestro derecho positivo a la categoría de los delitos socioeconómicos. Aunque existe una gran inseguridad a la hora de identificar los delitos que deben incluirse en ella, lo cierto es que dentro del Código opera con nitidez una distinción entre lo patrimonial y lo socioeconómico.
El Título XIII no acoge todas las infracciones socioeconómicas: unas se remitieron a la legislación especial (el contrabando y los delitos monetarios) y otras se ubican en otros títulos del Libro II, como los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
Qué ha cambiado en el Título XIII desde 1995
El Título XIII se ha reformado en numerosas ocasiones desde 1995. Entre los cambios que más afectan a su dimensión socioeconómica:
- La LO 5/2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis) y nuevas figuras como la corrupción entre particulares (art. 286 bis) y la falsedad de la información económico-financiera de las sociedades emisoras de valores (art. 282 bis).
- La LO 7/2012 reformó los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (arts. 305 y siguientes), con el umbral de 120.000 euros del delito fiscal y un tipo agravado a partir de 600.000 euros (art. 305 bis).
- La LO 1/2015 reordenó los capítulos de las defraudaciones y las insolvencias (capítulo VII, «Frustración de la ejecución», y capítulo VII bis, «De las insolvencias punibles») y añadió el Título XIII bis, sobre financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis y 304 ter).
Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE).
