Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social se regulan en el Título XIV del Libro II del Código Penal (arts. 305 a 310 bis). Esta entrada analiza, en ese marco, el delito de defraudación tributaria (art. 305) y los fraudes a los presupuestos generales de la Unión Europea (art. 306), y recoge el resto de delitos del título.
Delito de defraudación tributaria (art. 305 del Código Penal)
El tipo se estudia con más detalle en la entrada sobre el artículo 305 del Código Penal. Castiga con prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía a quien defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local por más de 120.000 euros; el artículo 305 bis prevé un tipo agravado de dos a seis años de prisión.
Presupuesto del delito de defraudación tributaria o delito fiscal
El también denominado delito fiscal requiere, como presupuesto, la previa existencia de una determinada relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y la Administración Tributaria de que se trate: para cometer el delito es preciso que haya nacido una deuda tributaria o que se haya concedido un beneficio fiscal.
Un delito especial
Dado que sujeto activo solo puede serlo el deudor tributario, el obligado a retener, quien recibe el beneficio fiscal o quien disfruta de la devolución indebida, constituye un delito especial. Pueden ser partícipes, a título de inducción o cooperación necesaria, los asesores fiscales o quienes elaboren facturas falsas, con las particularidades que rigen para la autoría y la participación.
Comisión a favor de una persona jurídica por un administrador
Cuando el delito se comete a favor de una persona jurídica por un administrador de la misma, se aplica el artículo 31 del Código Penal (actuación en nombre de otro).
Sujetos pasivos
Pueden ser sujetos pasivos los titulares de la Hacienda Pública (Estado, comunidades autónomas, haciendas forales y locales). El apartado 3 del artículo 305 protege también a la Hacienda de la Unión Europea, que a su vez es objeto de protección en el artículo 306. El artículo 309, que la versión original de esta entrada citaba también como protector de la Hacienda de la Unión, está derogado desde la Ley Orgánica 7/2012.
Comportamiento típico: incumplir las prestaciones tributarias
El comportamiento típico consiste en defraudar, esto es, en incumplir las prestaciones tributarias a las que se está obligado, ya eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, ya obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales de la misma forma.
Acción u omisión
El precepto aclara que la conducta puede realizarse por acción o por omisión. En este último caso habrá de existir previamente el deber de declarar o de pagar el impuesto y, en ambos supuestos, deberá darse algún acto concluyente que evidencie el dolo de defraudar: por ejemplo, no presentar la declaración u omitir en ella datos tributariamente relevantes, siempre que se alcance la cuantía señalada en el tipo y del contexto pueda deducirse la actitud defraudatoria. No constituye delito fiscal el mero olvido ni la omisión de datos debida a error.
Cantidades retenidas, tributos y beneficios fiscales
La expresión «cantidades retenidas o que se hubieran debido retener» alude al impago de las cantidades de IRPF retenidas por el empresario a los trabajadores y no ingresadas. Por tributos hay que entender las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos a los que se refiere la Ley 58/2003, General Tributaria. Los beneficios fiscales son las deducciones, bonificaciones, exenciones y desgravaciones. Las devoluciones no son tributos ni beneficios fiscales, pero su percepción indebida también está en el ámbito típico del precepto. Las subvenciones, en cambio, se tratan por separado en el artículo 308.
Fraudes a los presupuestos generales de la Unión Europea (art. 306 del Código Penal)
El Código Penal protege de forma específica los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ella frente a quien, por acción u omisión, los defraude en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar o dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de la prevista, u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que lo hubieran impedido. La pena es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía, y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas y beneficios fiscales durante tres a seis años. Si la cuantía supera los 4.000 euros pero no los 50.000, la pena es de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo, con pérdida de ayudas de seis meses a dos años.
España y la protección de los intereses financieros de la Unión
La introducción de estos preceptos respondió al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 1995, por el que los Estados miembros se comprometían a adoptar medidas eficaces para proteger esos intereses dentro de sus fronteras. Hoy la Fiscalía Europea (Reglamento (UE) 2017/1939, aplicado en España por la Ley Orgánica 9/2021) es competente para investigar y ejercer la acción penal en los delitos que lesionan esos intereses financieros.
Otros delitos del título: Seguridad Social, subvenciones y contabilidad tributaria
- Art. 307: defraudación a la Seguridad Social por más de 50.000 euros (cuotas, devoluciones o deducciones indebidas), con las mismas penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo. La cuantía se calcula sobre el total defraudado durante cuatro años naturales.
- Art. 308: obtención o aplicación indebida de subvenciones o ayudas públicas por más de 100.000 euros (prisión de uno a cinco años); entre 10.000 y 100.000 euros, prisión de tres meses a un año o multa. El reintegro previo evita la pena.
- Art. 310: incumplimiento de las obligaciones contables y registrales tributarias, con prisión de cinco a siete meses; en las conductas de los apartados c) y d), el delito exige que el importe de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda de 240.000 euros por ejercicio.
Penas para las personas jurídicas (art. 310 bis del Código Penal)
La incorporación de la responsabilidad de las personas jurídicas mediante la Ley Orgánica 5/2010 dio lugar a la introducción en el Código Penal del artículo 310 bis, relacionado con el artículo 31 bis, que establece las penas a imponer a las personas jurídicas responsables de los delitos de este título: multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida si la pena de la persona física es de más de dos años de prisión; del doble al cuádruple si es de más de cinco años; y de seis meses a un año en los supuestos del artículo 310. Se añade la pérdida de ayudas y beneficios fiscales durante tres a seis años y puede imponerse la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas. Sobre el régimen general véase la entrada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Por Alberto Freire Bolaño, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE) (arts. 305 a 310 bis); Ley 58/2003, General Tributaria (BOE); Ley Orgánica 9/2021 (BOE); apuntes de la asignatura «Derecho Penal de la Empresa» (profesor Ríos Corbacho), Universidad de Cádiz.
