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Sistema de penas del Código Penal: clases, duración y ejecución

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El sistema de penas del Código Penal es el catálogo de sanciones que los jueces pueden imponer por la comisión de un delito, su clasificación según la naturaleza y la duración, y las reglas de su ejecución. El Código Penal de 1995 introdujo novedades como el sistema de días-multa y la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y la LO 1/2015 añadió la prisión permanente revisable y suprimió las faltas, hoy delitos leves.

Clasificación de las penas según su naturaleza

El art. 32 CP establece que las penas que pueden imponerse, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.

Penas privativas de libertad

Según el art. 35 CP, son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustan a lo dispuesto en las leyes y en el propio Código.

Penas privativas de derechos

El art. 39 CP enumera como penas privativas de derechos:

  • La inhabilitación absoluta.
  • La inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.
  • La suspensión de empleo o cargo público.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a otras personas que determine el juez o tribunal.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con otras personas que determine el juez o tribunal.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad.
  • La privación de la patria potestad.

Pena de multa

La multa consiste en una sanción pecuniaria que, salvo que la ley disponga otra cosa, se impone por el sistema de días-multa (art. 50 CP): su extensión mínima es de diez días y la máxima de dos años, y la cuota diaria va de 2 a 400 euros, que el juez fija atendiendo exclusivamente a la situación económica del reo. Cuando el Código lo determina, la multa es proporcional al daño causado, al valor del objeto del delito o al beneficio obtenido (art. 52 CP). El tribunal puede autorizar el pago fraccionado, dentro de un plazo máximo de dos años desde la firmeza (art. 50.6).

Si el condenado no paga la multa, ni voluntariamente ni por vía de apremio, queda sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 53 CP). Con su conformidad, puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad, y no se impone a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años.

Penas aplicables a las personas jurídicas

El art. 33.7 CP recoge, como penas graves, las aplicables a las personas jurídicas: multa por cuotas o proporcional, disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar actividades, inhabilitación para subvenciones y contratos públicos, e intervención judicial.

Penas graves, menos graves y leves

El art. 33 CP clasifica las penas, en función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves. Esta clasificación determina la de los delitos (art. 13 CP: delitos graves, menos graves y leves) y tiene consecuencias en materia de plazos de prescripción, de medidas cautelares o de procedimiento.

Son penas graves (art. 33.2 CP)

  • La prisión permanente revisable.
  • La prisión superior a cinco años.
  • La inhabilitación absoluta.
  • Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
  • La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, o del derecho a la tenencia y porte de armas, por tiempo superior a ocho años.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a otras personas, o de comunicarse con ellas, por tiempo superior a cinco años.
  • La privación de la patria potestad.

Son penas menos graves (art. 33.3 CP)

  • La prisión de tres meses hasta cinco años.
  • Las inhabilitaciones especiales y la suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, de un año y un día a ocho años.
  • La inhabilitación especial para profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales, de un año y un día a cinco años.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a otras personas, o de comunicarse con ellas, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La multa de más de tres meses.
  • La multa proporcional, cualquiera que sea su cuantía, salvo lo dispuesto en el art. 33.7.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.

Son penas leves (art. 33.4 CP)

  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, o del derecho a la tenencia y porte de armas, de tres meses a un año.
  • La inhabilitación especial para profesión, oficio o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales, de tres meses a un año.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a otras personas, o de comunicarse con ellas, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
  • La multa de hasta tres meses.
  • La localización permanente de un día a tres meses.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tiene naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya (art. 33.5 CP). La LO 1/2015 suprimió las faltas y amplió a tres meses el límite de la multa leve, que antes de esa reforma llegaba solo hasta los dos meses.

Penas principales y accesorias

Algunas penas pueden establecerse como principales o como accesorias (art. 32 CP). Son penas principales las que la Parte Especial señala expresamente para un delito concreto; son accesorias las que, sin imponerse especialmente, la ley declara consecuencia necesaria de otras penas en la Parte General. Las penas accesorias tienen la duración que respectivamente tenga la pena principal, salvo disposición expresa en contrario (art. 33.6 CP).

Las reglas generales de los arts. 54 a 57 CP se refieren sobre todo a la pena de prisión, de modo que la multa, por sí sola, no lleva aparejadas penas accesorias:

  • Las penas de inhabilitación son accesorias cuando la ley declare que otras penas las llevan consigo (art. 54).
  • La prisión igual o superior a diez años lleva consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena (art. 55).
  • En las prisiones inferiores a diez años, el juez impone, según la gravedad del delito, alguna o algunas de las siguientes penas accesorias: suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio u otros derechos relacionados con el delito (art. 56).
  • En determinados delitos, el juez puede acordar además prohibiciones del art. 48 (como la de aproximarse a la víctima), por un tiempo que no excederá de diez años si el delito es grave ni de cinco si es menos grave (art. 57).

Qué no se considera pena (art. 34 CP)

No se reputan penas: la detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal; las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados; y las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. Tampoco son penas las medidas de seguridad, que se rigen por otros presupuestos.

Las penas privativas de libertad: la pena de prisión

La prisión sigue siendo la pena por excelencia, por ser la que mayores efectos intimidatorios despliega. Es la pena más grave de las previstas en el ordenamiento penal, en la medida en que conlleva la privación del derecho fundamental a la libertad. De ahí que su regulación exija rango de ley orgánica y que, en virtud del art. 25.3 de la Constitución, la Administración civil no pueda imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Evolución histórica

La prisión vino a sustituir en muchos casos a la pena de muerte y, sobre todo, a las penas corporales como la tortura y las penas infamantes. Superaba también las privaciones de libertad que, consideradas antecedentes de la pena de prisión, constituían una mera utilización del trabajo de los condenados y un aprovechamiento de mano de obra sin costes (baste recordar el trabajo forzado de galeras o el trabajo en las casas de corrección inglesas y holandesas). La corrección moral de los penados que se decía pretender no era más que el ropaje con el que revestir su aprovechamiento en el proceso productivo, lo que diferencia a estas reclusiones de la prisión moderna.

Lo que más contribuyó al éxito de la prisión como pena caracterizada por la separación del individuo respecto de la sociedad durante un cierto tiempo fue la posibilidad de imponer una sanción graduable cuantitativamente y adecuada a la gravedad del delito. Sin embargo, se aplicó totalmente desprovista de las mínimas condiciones de respeto a la dignidad humana que hoy se exigen en los sistemas civilizados: la ausencia de condiciones sanitarias, el hacinamiento y el trato degradante fueron algunas de las características de las prisiones que determinaron el movimiento de reforma durante los siglos XVIII y XIX, en el que cabe destacar las figuras de Beccaria y Howard. Las tesis humanizadoras favorecieron su evolución hacia el pensamiento rehabilitador y defensor de la corrección del penado mediante la aplicación de la pena (Arenal, Silvela y Dorado Montero).

El ideal resocializador y su crítica

La idea de la rehabilitación del delincuente mediante la pena de prisión, lo que en términos más modernos se conoce como resocialización, conoció su auge, el llamado «ideal resocializador», en los años sesenta y setenta del siglo XX. Hoy está recogida en el art. 25.2 de la Constitución («las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados») y en el art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Esta idea ha sido criticada desde dos frentes. Por un lado, el propio concepto de resocialización: se discute si consiste en cambiar las actitudes internas del penado o es la hipocresía de intentar reincorporar al individuo a la misma sociedad que genera las causas de la delincuencia, sin procurar atajarlas. Por otro, la propia situación de privación de libertad es inseparable de la creación de un mundo separado respecto a la sociedad, que se rige por sus propias pautas de comportamiento y genera un sistema de valores diferente y relativamente autónomo, calificado de «subcultura carcelaria». De ahí los efectos negativos de la «prisionización», entendida como interiorización de esas pautas de conducta, y las consecuencias desocializadoras para los condenados, que suponen precisamente el efecto contrario del que se pretende.

Aun así, Muñoz Conde y García Arán sostienen que la sociedad actual no parece estar en condiciones de prescindir totalmente de la pena de prisión, especialmente por razones de prevención general.

Duración de la pena de prisión

La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código (art. 36.2 CP). Su cumplimiento y los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena se ajustan a lo dispuesto en las leyes y en el Código (arts. 35 y 36).

Los veinte años pueden rebasarse de varias maneras:

  • Por las penas específicamente previstas para algunos delitos, como la prisión de quince a veinticinco años del asesinato del art. 139, o la prisión permanente revisable del asesinato agravado del art. 140.
  • Por la regla de la pena superior en grado: cuando la pena superior en grado excede de los límites máximos, la prisión se mantiene con la cláusula de que su duración máxima será de treinta años (art. 70.3.1.º).
  • Por las reglas del concurso de delitos: el art. 76 permite que el máximo de cumplimiento efectivo sea, como regla general, el triple de la más grave de las penas, sin pasar de veinte años, pero lo eleva a veinticinco años si alguno de los delitos está castigado con prisión de hasta veinte años, a treinta si lo está con prisión superior a veinte, y a cuarenta cuando al menos dos de ellos lo están con prisión superior a veinte años o en ciertos supuestos de terrorismo.

La prisión inferior a tres meses que resultara de aplicar las reglas de determinación de la pena se sustituye por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente (art. 71.2).

La prisión permanente revisable

La LO 1/2015 introdujo la prisión permanente revisable (arts. 33.2.a, 35, 36.1 y 92 CP), prevista para delitos de especial gravedad: el asesinato agravado (art. 140), la muerte del Rey, de la Reina o de los Príncipes de Asturias (art. 485.1), la del Jefe de un Estado extranjero (art. 605.1), el genocidio con muerte (art. 607) y determinados crímenes de lesa humanidad (art. 607 bis). No tiene una duración fija: el tribunal acuerda la suspensión de su ejecución cuando el penado haya cumplido veinticinco años de condena (con plazos mayores en caso de concurso de delitos, art. 78 bis), esté clasificado en tercer grado y pueda fundarse un pronóstico favorable de reinserción social, tras un procedimiento oral contradictorio (art. 92). La clasificación en tercer grado exige que el tribunal la autorice y no puede efectuarse hasta cumplir quince años de prisión efectiva (veinte en los delitos de terrorismo), y los permisos de salida no pueden disfrutarse antes de haber cumplido ocho años (doce en terrorismo), conforme al art. 36.1.

El Tribunal Constitucional declaró conforme a la Constitución esta pena en la STC 169/2021, de 6 de octubre, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la LO 1/2015: entendió que la revisabilidad permite compatibilizarla con el mandato de reinserción del art. 25.2 de la Constitución y con la prohibición de penas inhumanas o degradantes. La sentencia tuvo votos particulares discrepantes.

Principios que inspiran la ejecución: el Derecho penitenciario

El Derecho penitenciario puede entenderse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de la libertad (véase el concepto en derecho penitenciario). La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), constituye la norma fundamental, desarrollada por el Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

Principio de legalidad

  • Art. 25.2 CE: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados.
  • Art. 3.2 CP: no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y los reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto; la ejecución se realizará bajo el control de los jueces y tribunales competentes.
  • Art. 2 LOGP: la actividad penitenciaria se desarrolla con las garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales.

El juez de vigilancia penitenciaria

El art. 76 LOGP atribuye al juez de vigilancia penitenciaria las funciones de hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos sobre sus modificaciones, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones en el cumplimiento del régimen penitenciario. Corresponde especialmente al juez de vigilancia:

  • Adoptar las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo.
  • Resolver sobre las propuestas de libertad condicional y acordar las revocaciones que procedan.
  • Aprobar las propuestas de beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.
  • Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días y resolver por vía de recurso las reclamaciones sobre sanciones disciplinarias.
  • Resolver los recursos referentes a la clasificación inicial y a las progresiones y regresiones de grado.
  • Acordar lo que proceda sobre las peticiones y quejas de los internos en relación con el régimen y el tratamiento, en cuanto afecte a derechos fundamentales o a derechos y beneficios penitenciarios.
  • Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
  • Autorizar los permisos de salida de duración superior a dos días, excepto los de los clasificados en tercer grado.
  • Conocer del paso a establecimientos de régimen cerrado, a propuesta del director.

El sistema de individualización científica y el tratamiento penitenciario

La ejecución de la pena de prisión en España responde al sistema de individualización científica, separado en grados (art. 72.1 LOGP). El sistema progresivo está ligado a la ideología reformadora y consiste en fragmentar la ejecución de la pena en varios periodos o etapas, en cada uno de los cuales se van otorgando al recluso más ventajas y privilegios.

Los grados penitenciarios

  • El primer grado determina la aplicación del régimen cerrado, basado en la limitación de la vida en común y mayores medidas de control y seguridad. Se aplica a los internos de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas de convivencia (art. 102.5 del Reglamento).
  • El segundo grado implica el cumplimiento en establecimientos de régimen ordinario.
  • El tercer grado se desarrolla en régimen abierto, en cualquiera de sus modalidades, para los internos capacitados para llevar un régimen de vida en semilibertad (arts. 100 a 102 del Reglamento).

Como límite último está la libertad condicional, que el art. 72.1 LOGP sigue citando como último grado y que el Código Penal regula, tras la LO 1/2015, como suspensión de la ejecución del resto de la pena (arts. 90 a 92). Con el fin de hacer el sistema más flexible, el Reglamento permite proponer un modelo de ejecución que combine aspectos de distintos grados (principio de flexibilidad, art. 100.2), con aprobación del juez de vigilancia.

Clasificación, progresión y regresión

Para clasificar a los penados se procede inicialmente a la observación del sujeto. La clasificación habrá de tener en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales, el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes para el buen éxito del tratamiento (art. 63 LOGP). El tratamiento consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados (art. 59 LOGP).

Los penados pueden ser situados inicialmente en un grado superior sin pasar necesariamente por los anteriores, y nunca se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión (art. 72.3 y 72.4 LOGP). La clasificación o progresión al tercer grado exige, además de los requisitos del Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito (art. 72.5 LOGP); en los condenados por terrorismo o en el seno de organizaciones criminales se exigen además signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de esa actividad (art. 72.6 LOGP).

El Código Penal introduce además el llamado periodo de seguridad: cuando la pena de prisión sea superior a cinco años, el juez puede ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúe hasta cumplir la mitad de la pena, y en determinados delitos (terrorismo, delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal y ciertos delitos contra la libertad sexual de menores, entre otros) esa regla se aplica en todo caso (art. 36.2 CP). El juez de vigilancia puede acordar razonadamente el régimen general de cumplimiento fuera de esos supuestos (art. 36.3), y la progresión a tercer grado por motivos humanitarios a enfermos muy graves con padecimientos incurables y a septuagenarios (art. 36.4 CP).

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica General Penitenciaria (texto consolidado, BOE); Reglamento Penitenciario (texto consolidado, BOE); Constitución Española (BOE); STC 169/2021, de 6 de octubre (BOE).