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Teorías que legitiman la pena por sus consecuencias sociales

Escritorio sobrio con libro antiguo, gafas y documentos que evocan justicia y reflexión social

Las teorías que legitiman la pena por sus consecuencias sociales justifican el castigo en atención a su utilidad: la obtención, o la tendencia a obtener, un determinado fin socialmente útil. Ese fin puede ser prevenir o evitar delitos (teorías relativas y teorías de la unión) o ratificar las normas violadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema social (teoría de la prevención general positiva). Se contraponen a las teorías absolutas, que fundamentan la pena en la retribución del delito cometido. El debate general sobre el fundamento del castigo se explica en la entrada sobre la teoría de la pena.

Las teorías relativas

Las teorías relativas de la pena, o «teorías de la prevención», son propias de la filosofía positivista de finales del siglo XIX: la pena no tiende a hacer justicia en la tierra. La imposibilidad de demostrar el «libre albedrío» con los métodos de las ciencias de la naturaleza debía llevar, se afirmaba, al rechazo de la pena retributiva, fundamentada en una culpabilidad también indemostrable. La pena se legitima porque tiende a proteger a la sociedad, esto es, porque pretende obtener un fin «relativo» (cambiante o circunstancial) como lo es el fin socialmente útil de prevenir, de evitar, el delito: la pena «es» porque «tiene que ser», porque resulta necesaria para prevenir la comisión de delitos.

Si la pena consiste en la intimidación de la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados que todavía no han delinquido para que se abstengan de hacerlo, se trata de una teoría preventivo-general (negativa) de la pena. Si se trata de actuar sobre el autor del delito ya cometido para que no reitere su hecho, estamos ante una teoría preventivo-especial.

La prevención general negativa

Feuerbach sostuvo que el Estado debía procurar que quien tuviera tendencias antijurídicas se viera impedido psicológicamente a comportarse según ellas. La amenaza de la pena tendría precisamente esta función de disuadir: se orienta, como coacción psicológica, hacia la generalidad de los miembros del grupo social que aún no han delinquido para evitar que lo hagan en el futuro. La pena debe imponerse como «consecuencia jurídica necesaria» del delito para confirmar la seriedad de la amenaza y mantener así su efecto intimidante frente a la generalidad.

La prevención especial

La comisión de un delito revela en el autor la posibilidad de cometer nuevos delitos; por tanto, la pena ha de servir para evitar esos futuros delitos actuando sobre la persona de su autor. Supone un desplazamiento del acento del Derecho penal desde el hecho cometido hacia el autor. Von Liszt decía que la pena es «prevención mediante represión», pero llevar a cabo este programa requería que la finalidad preventivo-especial se investigase en función de las distintas categorías de delincuentes y no, como se había hecho hasta entonces, de manera uniforme para cualquier autor. Las investigaciones antropológicas y sociológicas sobre los delincuentes asignaron a la pena finalidades diferentes:

  • Finalidad de corrección, para el delincuente capaz de corregirse y necesitado de corrección (los que se inician en la carrera delictiva). Es la pena «resocializadora», el tratamiento individualizado científicamente.
  • Finalidad de admonición, para el delincuente que no requiere corrección (los ocasionales). Con la pena admonitoria se intenta advertir o llamar la atención al autor del delito para que se abstenga de delinquir en el futuro.
  • Finalidad de inocuización. La pena inocuizadora desplegaría sus efectos respecto de delincuentes que no necesitan ser resocializados (persona integrada socialmente que comete una estafa de grandes dimensiones; autor de un homicidio en una situación que difícilmente vuelva a producirse) o que no pueden serlo (delincuentes por convicción, como los terroristas).

La inocuización puede ser temporal o definitiva. En la inocuización temporal, la pena procura apartar al autor durante un determinado periodo de la vida social (la prisión cumpliría así la función de centro de «custodia» del reo) o de la fuente de peligro que lo ha llevado al delito (privación del permiso de conducir durante cierto tiempo al conductor ebrio). La inocuización definitiva destruye total o parcialmente a la persona del autor (pena de muerte, mutilaciones) o lo segrega del grupo social de forma prácticamente indefinida (privación de libertad de muy larga duración o cadena perpetua). En España la pena de muerte está abolida, y la prisión permanente revisable que incorporó la LO 1/2015 es objeto de debate precisamente desde esta perspectiva.

Las teorías de la unión

Estas teorías tratan de combinar los principios legitimantes de las teorías absolutas y de las relativas en una teoría unificadora que ponga fin a la «lucha de escuelas». La pena será legítima cuando sea al mismo tiempo justa y útil. Pero existe una antinomia entre los fines de la pena: en los casos particulares, la pena justa con respecto al hecho cometido puede ser inútil con referencia al autor y a las necesidades preventivas que este plantea, y la pena útil para las necesidades preventivas puede ser injusta respecto del hecho cometido.

La teoría de la unión aditiva

Da prioridad a la justicia sobre la utilidad: la pena se fundamenta en la culpabilidad. La utilidad de la pena puede contemplarse legítimamente siempre y cuando ello no requiera ni exceder ni atenuar la pena justa.

La teoría dialéctica de la unión

Da prioridad a la utilidad sobre la justicia: la pena se fundamenta en su necesidad y solo es legítima la pena adecuada a las exigencias de la prevención. La pena útil solo es legítima mientras no supere el límite de la pena justa. El esquema básico de la concepción «dialéctica» propuesta por Roxin reconoce la antinomia de los fines de la pena e intenta alcanzar una síntesis entre todos ellos distinguiendo los diferentes momentos de la vida de la pena:

  • En el momento de la amenaza, el fin de la pena es la prevención general (negativa o de intimidación).
  • En el momento de la individualización de la pena por el juez, los fines preventivos se limitan por la medida de la culpabilidad del autor.
  • En el momento de la ejecución, adquieren preponderancia los fines resocializadores (prevención especial).

La teoría de la prevención general positiva

Esta teoría considera que la función de la pena es la prevención general positiva, es decir, servir de apoyo y auxilio a la conciencia normativa social, o sea, a la afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales. Al delito, como desautorización de la norma, debe seguir la pena para ratificar, estabilizar o afirmar la vigencia de la norma violada. Para Jakobs, «la pena es siempre reacción ante la infracción de una norma: mediante la reacción siempre se pone de manifiesto que ha de respetarse la norma».

Se critica a las teorías preventivas tradicionales que se hayan apoyado en consideraciones empíricas que no han podido ser demostradas. La prevención general negativa (a través de la coacción psicológica) y la resocialización (a través de la privación de libertad), se afirma, son fines que no se pueden verificar como verdaderamente alcanzables, y ello determina que sus afirmaciones sobre situaciones y desarrollos empíricos sean metodológicamente atacables, faltas de base y de legitimidad práctico-normativa.

La teoría de la prevención general positiva tiene a su favor que relativiza el efecto intimidante de la pena y evita falsos optimismos en relación con la ejecución de la pena privativa de libertad orientada a la resocialización, lo que obliga a discutir las alternativas reales a esta pena. Se le objeta, en cambio, que el concepto de culpabilidad que maneja resulta incapaz de constituir un límite al poder punitivo del Estado y de ofrecer una teoría de la individualización de la pena.

Los fines de la pena en el Derecho español

La Constitución no adopta expresamente una única teoría de la pena. El art. 25.2 establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y el art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria reitera ese fin primordial para las instituciones penitenciarias, lo que recoge la prevención especial en la fase de ejecución. Pero el Tribunal Constitucional, en la STC 169/2021, de 6 de octubre (que declaró constitucional la prisión permanente revisable), recuerda que el art. 25.2 contiene un mandato dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, del que no se derivan derechos subjetivos. Por su parte, el principio de culpabilidad (art. 5 del Código Penal: «No hay pena sin dolo o imprudencia») y la proporcionalidad de la pena respecto del hecho se suelen entender como límite de las exigencias preventivas, en la línea de las teorías de la unión. Los distintos fines de la pena conviven así en cada momento de su vida: amenaza legal, determinación judicial y ejecución.

Fuentes: Constitución Española (BOE); Código Penal (texto consolidado, BOE); Ley Orgánica General Penitenciaria (BOE); STC 169/2021, de 6 de octubre (BOE).