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Excepcionalidad de los tipos imprudentes

Bodegón sobrio con documentos legales y balanza que sugiere justicia y excepciones en delitos imprudentes

En el ámbito de los delitos socioeconómicos la regla general es que los tipos solo se castigan a título de dolo. La comisión imprudente es excepcional y se reserva para conductas que suponen ataques especialmente intolerables contra bienes jurídicos fundamentales.

La regla general: el sistema de numerus clausus

El Código Penal solo castiga un delito imprudente cuando una norma lo prevé de forma expresa. Así lo establecen el artículo 5 («no hay pena sin dolo o imprudencia») y, sobre todo, el artículo 12: «las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley». En los delitos económicos, además, la imprudencia punible es siempre la imprudencia grave.

Delitos socioeconómicos que castigan la imprudencia

El Código Penal de 1995 tipifica pocos delitos económicos o conexos con la actividad empresarial en su versión imprudente. El principal es el blanqueo de capitales, pero no es el único:

  • Blanqueo de capitales (artículo 301.3): si los hechos se realizan por imprudencia grave, prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores (artículo 317): la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales del artículo 316, cometida por imprudencia grave, se castiga con la pena inferior en grado. Aquí la imprudencia se admite porque lo que se protege es la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores.
  • Daños (artículo 267): los causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros se castigan con multa de tres a nueve meses, y solo son perseguibles previa denuncia de la persona agraviada.
  • Daños en bienes del patrimonio histórico (artículo 324): los causados por imprudencia grave en cuantía superior a 400 euros en archivos, museos, bibliotecas, bienes de valor artístico, histórico o cultural, entre otros.
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 331): pena inferior en grado cuando los hechos se cometen por imprudencia grave.
  • Financiación del terrorismo (artículo 576.4): para quien, estando específicamente obligado por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de estas actividades, da lugar por imprudencia grave a que no se detecten o impidan las conductas del apartado 1.

Fuera de estos supuestos, las infracciones imprudentes en el ámbito económico no se castigan en el Código Penal, sin perjuicio de la sanción administrativa o civil que corresponda.

Consecuencias prácticas: el error vencible

La decisión de no tipificar la comisión imprudente tiene una repercusión importante en materia de error. En la mayoría de los delitos económicos es posible apreciar en el autor un error vencible sobre los elementos del tipo. El artículo 14.1 del Código Penal dispone que el error invencible excluye la responsabilidad criminal y que, si el error es vencible, la infracción se castiga «en su caso, como imprudente». Cuando el delito no tiene versión imprudente, el error vencible conduce, por tanto, a la impunidad penal.

Cuándo se justifica castigar la imprudencia en los delitos económicos

El castigo de la ejecución imprudente en estos delitos debe partir de la existencia de un especial deber de diligencia en el sujeto activo (diligencia profesional). Si ese deber no existe, no queda justificada la incriminación imprudente.

Sin embargo, la técnica debe manejarse con cuidado, porque resulta excesiva cuando el tipo carece de restricciones en cuanto al sujeto activo. Esas restricciones son una condición necesaria pero no suficiente: hacen falta además argumentos valorativos y político-criminales. Los principales son los siguientes.

La orientación supraindividual del bien jurídico

Que el bien jurídico protegido tenga, además de la dimensión individual, una dimensión supraindividual legitimaría la intervención penal en los hechos imprudentes. Según Martínez-Buján Pérez, este criterio solo puede aplicarse a algunas hipótesis, y en la medida en que la afección del bien jurídico supraindividual aporte mayor ofensividad y gravedad a la conducta; unido al especial deber de cuidado del sujeto activo, podría justificar el castigo de la imprudencia.

No obstante, hay que cuidar este ensanchamiento de la vertiente subjetiva, porque puede contravenir el principio de intervención mínima. Además, la tipificación de delitos de peligro abstracto hace que los delitos así construidos puedan concebirse como tentativas imprudentes, lo que adelanta notablemente las barreras de protección penal (se sancionan «imprudencias sin resultado»). También hay que considerar si existe una normativa extrapenal que cubra de sobra las necesidades de tutela, en coherencia con el principio de intervención mínima.

La impunidad penal

La impunidad surge cuando el autor actúa con un error vencible sobre algún elemento del tipo. Martínez-Buján Pérez se muestra conforme con esta solución, porque, si no hay sanción penal, habrá alguna prevista en una norma extrapenal destinada a reprimir hechos meramente imprudentes.

Evitar la ampliación del dolo eventual

Una tercera razón a favor de incriminar conductas imprudentes específicas sería frenar una pretendida práctica jurisprudencial que lleva a incluir en el dolo eventual conductas de dudosa calificación, situadas en la frontera entre el dolo y la imprudencia. Martínez-Buján Pérez sostiene que esta práctica no se da en España: al contrario, los tribunales tienden a interpretar de forma restrictiva la vertiente subjetiva del delito, y es frecuente comprobar la exigencia de elementos subjetivos del injusto, como el ánimo de lucro, al margen del dolo y sin base legal.

Fuentes: apuntes sobre Derecho penal económico, de Enrique Gaya Picón; Código Penal (texto consolidado, BOE).