El alcance del tipo es, en la construcción de Claus Roxin (1931-2025), el tercer nivel de la imputación objetiva: un escalón ulterior que restringe la responsabilidad criminal dando entrada a consideraciones de política criminal a través de la interpretación de los tipos delictivos. Por regla general, con la creación de un riesgo típicamente relevante y su realización en el resultado se da ya la imputación objetiva. Pero, excepcionalmente, en el caso concreto aún puede fracasar la imputación si el alcance del tipo, el fin de protección de la norma típica (o sea, de la prohibición de matar, lesionar, dañar, etc.), no abarca resultados de la clase de los producidos, si el tipo no está destinado a impedir tales sucesos.
Roxin entiende que debe excluirse la imputación objetiva, pese a que se ha realizado el riesgo típicamente relevante en el resultado, porque el fin de protección de los tipos penales no abarca tales resultados. Agrupa estos supuestos en tres grandes grupos de casos.
Puesta en peligro voluntaria de la víctima por sí misma o por un tercero
Se trata de aquellas intervenciones de la víctima que conllevan su exposición a un peligro creado por ella misma, con la colaboración de un tercero (participación en una autopuesta en peligro), o creado por un tercero con la aceptación de la víctima (heteropuesta en peligro consentida). Se enmarcan dentro del principio más general de la autorresponsabilidad de la propia víctima.
La diferencia entre ambos supuestos reside en que en la autopuesta en peligro el extraño tan solo colabora, ayuda a la víctima a realizar la acción de peligro, mientras que en la puesta en peligro ajena es él mismo el que genera el peligro con el acuerdo (consentimiento) de la víctima. Por tanto, en el primero el control de la acción de peligro está en manos de la víctima, mientras que en el segundo la conducta de esta no determina el resultado final, sino que el control está en manos del tercero.
Participación de un tercero en la autopuesta en peligro dolosa de la víctima
Se trata de aquellos casos en que la conducta peligrosa de la víctima genera un riesgo para ella misma, del que es plenamente consciente, que se concreta en un resultado lesivo de sus propios bienes (muerte, lesiones, etc.) con la colaboración de un tercero.
La puesta en peligro ajena consentida
Son los casos en que la víctima se expone voluntariamente, con conocimiento del riesgo, al peligro creado por la conducta de un tercero. A diferencia del supuesto anterior, el tercero realiza en último término y bajo su control la acción de peligro para la vida o salud del lesionado, mientras que este último se limita a aceptar conscientemente dicho riesgo (no, así, el resultado), sin que exista una contribución posterior del lesionado: es la heteropuesta en peligro consentida.
Criterio del Tribunal Supremo
La STS 690/2019, de 11 de marzo de 2020 (Sala Segunda, rec. 1807/2018, ECLI:ES:TS:2020:806), examinó un caso de transmisión del VIH entre miembros de una pareja. La Sala distingue ambas figuras: la cooperación en una autopuesta en peligro, que según sectores doctrinales excluye la responsabilidad del tercero, y la heteropuesta en peligro consentida, que es «estructuralmente distinta de la autolesión», porque la víctima no desencadena por sí misma el proceso de riesgo, no suele poder evaluarlo en toda su dimensión ni controlarlo después. El criterio del dominio del hecho puede ser decisivo, pero no basta cuando el dominio del riesgo es compartido, y el consentimiento tampoco elimina por sí solo la relevancia penal: el art. 155 CP atribuye al consentimiento en las lesiones una rebaja de pena (la pena inferior en uno o dos grados), no la impunidad.
El Tribunal Supremo acepta, no obstante, que la heteropuesta en peligro consentida comporte una restricción teleológica del tipo de lesiones cuando equivalga, en lo sustancial, a una autopuesta en peligro con cooperación de terceros. Para ello exige que: a) la víctima tenga un adecuado conocimiento del riesgo; b) consienta en la acción arriesgada causante del daño, sin venir impulsada por una marcada incitación del autor; c) el daño sea consecuencia del riesgo asumido, sin añadirse otros descuidos del ejecutante; y d) la víctima, hasta el momento del completo descontrol del riesgo, haya podido dominarlo de una manera equivalente al autor. En el caso enjuiciado la Sala desestimó el recurso de la acusación particular y confirmó la absolución, porque los hechos probados no permitían afirmar que la víctima ignorase la enfermedad de su pareja.
Atribución del resultado a un ámbito de responsabilidad ajeno
Bajo esta denominación incluye Roxin aquellos casos en los que el curso causal iniciado por la acción de riesgo provocada por un tercero o por la propia víctima determina un resultado más grave. Aquí caben supuestos en los que exista tanto identidad como diversidad entre el objeto afectado por el riesgo inicial y el objeto lesionado. El resultado finalmente producido se imputa a la segunda acción (del tercero o de la víctima) y no a la acción inicial del autor, porque el fin de protección del tipo infringido por este no abarca tales resultados, que caen dentro de la esfera de responsabilidad de otro.
Consecuencias tardías
Dentro del alcance del tipo también se incluyen los daños sobrevenidos con el paso del tiempo que se producen como consecuencias tardías de un daño causado con anterioridad. Se discute aquí si cabe imputar al autor de la primera lesión los daños posteriores que pueda sufrir la víctima, como consecuencia tardía del primer daño, por su propia conducta, la de un tercero o cualquier otro factor de riesgo.
En los casos en que la lesión inicial vaya evolucionando lentamente hasta el resultado final, sobre todo por la intervención médica que logra paliar y contener una evolución más rápida de la enfermedad, no se plantean excesivos problemas, salvo el de cosa juzgada, para afirmar la imputación objetiva del resultado final, aunque el mismo se produzca años más tarde, dado que sería la materialización del riesgo inicial creado por la acción del autor. Pensemos, por ejemplo, en una lesión interna de órganos vitales a consecuencia de un accidente que determina la muerte bastante tiempo después.
La solución es más compleja cuando la lesión inicial causa daños permanentes o duraderos que producen, como efecto inmediato, una disminución de la capacidad de defensa de la víctima frente a otros daños que pueden sobrevenir en el futuro. En estos casos se afirma que no cabe imputar el resultado posterior (muerte por atropello, por incendio o por la propia víctima) a la acción de riesgo que se materializó en el primer daño, pese a la existencia de un peligro que señalara en esa dirección, porque cae fuera del ámbito de protección del tipo penal inicialmente vulnerado.
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), art. 155; STS 690/2019, de 11 de marzo de 2020 (Sala Segunda, rec. 1807/2018, ECLI:ES:TS:2020:806); fallecimiento de Claus Roxin el 18 de febrero de 2025 (Diario Constitucional).
